El Gobierno expresó su rechazo a las resoluciones del “cabildo nacional” del miércoles, pues detectó “afanes golpistas” en sus determinaciones, y que se busca “impunidad” para los promotores de la violencia durante la crisis de 2019.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que muchas de esas decisiones son “inconstitucionales” y no van de la mano con el actual ordenamiento jurídico, como la demanda de amnistía para más de 180 “presos políticos”.

El cabildo de Santa Cruz afirmó que si esa solicitud, en particular, no es gestionada a la brevedad posible por el gobierno de Luis Arce, se iniciará el trámite para revocar su mandato.

“Están buscando impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, a través de ese tipo de movilizaciones. Además, están buscando acortar el mandato presidencial, y ahí se muestran los afanes golpistas por tratar de buscar la impunidad (…), por las masacres de Sacaba, Senkata y el golpe de Estado”, fustigó Alcón.

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En esa línea, el ministro de Justicia Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

El miércoles, se llevó a cabo un “cabildo nacional” convocado por el Comité pro Santa Cruz, en el que se demandó una ley de amnistía al Gobierno para todos los “presos políticos”.

Las instituciones cruceñas dieron cuenta de “más de 180 presos políticos de este régimen”, entre ellos, el gobernador Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, por el cual guarda detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro.

Se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.

Además de la demanda de amnistía, el cabildo de Santa Cruz pidió a la Asamblea Legislativa Departamental aprobar una ley para la creación de una “guardia departamental”, para la provisión de seguridad ciudadana, en lugar de la Policía Nacional.

También, se entregó un proyecto ley para el nacimiento de un Defensor del Pueblo departamental.

Al respecto, el ministro Lima indicó que aplicación de los resultados de ese cabildo es “inconstitucional”.

“La aplicación de los resultados del Cabildo es inconstitucional, buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y solo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos” (sic), escribió Lima en su cuenta de Twitter.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó que hayan ingresado armas letales desde Bolivia hasta territorio peruano, como lo denunció hace unos días la presidenta de ese país, Dina Boluarte.

“Es totalmente falso, no existe ningún desvío de armas desde Estado Plurinacional de Bolivia hacia la República del Perú. Esto falta totalmente a la verdad”, afirmó Del Castillo.

El martes, Boluarte, pidió a la Fiscalía de su nación investigar el traslado de armas de fuego y balas desde Bolivia, y apuntó a los Ponchos Rojos de ser responsables de esas actividades irregulares.

Así, solicitó acelerar la investigación sobre las 18 muertes registradas el 9 de enero, cuando se registraron las protestas más violentas en Juliaca y Puno.

“Por la frontera de Perú con Bolivia han ingresado” estas armas “dumdum”, traídas por los Ponchos Rojos, afirmó Boluarte en la oportunidad.

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En ese marco, el ministro boliviano reclamó la actitud de la mandataria peruana, a quien acusó de generar una “cortina de humo” respecto al medio centenar de fallecidos en ese país, por efecto de la crisis que se desató tras la destitución del presidente Pedro Castillo, a fines de 2022.

“Lo que se está buscando en el Perú, lamentablemente, es generar una cortina de humo y no hablar de lo que realmente está sucediendo en ese país, que son más de 50 fallecidos”, afirmó Del Castillo, este jueves en contacto con los medios.

Así, el ministro de Gobierno afirmó que se cuenta con el talento humano de la Policía Boliviana para evitar hechos irregulares en las zonas fronterizas y reiteró afanes distractivos por parte del gobierno peruano para “tapar” los hechos violentos.

La noche de este miércoles, al cierre de la jornada del “cabildo nacional”, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la aplicación de los resultados es “inconstitucional”.

En ese marco, se refirió a las determinaciones que se asumieron en Santa Cruz, que fueron encargadas a la Asamblea Legislativa de ese departamento, a través de diferentes proyectos de ley.

“La aplicación de los resultados del Cabildo es inconstitucional, buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos” (sic), escribió Lima en su Twitter.

El ministro reaccionó así a las decisiones que se asumieron este miércoles, en el cabildo cruceño.

Una de ellas está referida a demandar una ley de amnistía al Gobierno nacional para todos los “presos políticos”, caso contrario anunció la activación de un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce.

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El Comité pro Santa Cruz indicó que hay “más de 180 presos políticos de este régimen”, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, por el cual guarda detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro.

Se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.

Horas antes, el ministro Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Asimismo, el cabildo cruceño puso a consideración que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe una ley para la creación de una “guardia departamental”, para la provisión de seguridad ciudadana, en lugar de la Policía Nacional.

Y en el marco de lo que se denominó un “cabildo nacional por justicia”, Calvo también entregó un proyecto ley para el nacimiento de un Defensor del Pueblo departamental, la cual sea debatida de forma inmediata por la Asamblea Legislativa Departamental.

El “cabildo nacional” convocado por el Comité pro Santa Cruz, que debía realizarse de forma simultánea en todo el país, no contó con la supervisión ni el acompañamiento del Órgano Electoral, al tratarse de un mecanismo constitucional “de democracia directa y participativa”.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia explicó que ninguna institución del país hizo la respectiva solicitud a esa entidad ni a ningún Tribunal Electoral Departamental (TED).

“El Tribunal Supremo Electoral y ningún Tribunal Electoral Departamental ha recibido una solicitud de acompañamiento a los cabildos”, afirmó la autoridad electoral.

En ese marco, explicó que de acuerdo con el reglamento electoral, todas las instancias e instituciones que requieran acompañamiento para ese tipo de actividades, tienen que hacerlo con 10 días de anticipación.

Este es el procedimiento, “porque tenemos que disponer la presencia de recursos humanos y recursos técnicos”, agregó Chuquimia.

La vocal recordó que el Órgano Electoral sí fue convocado para los cabildos que se realizaron en septiembre y octubre de 2022, respectivamente, cuando estaba en discusión la fecha del Censo.

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A fin de darle legalidad a las decisiones del cabildo, las instituciones cruceñas convocaron al TED de Santa Cruz, para acompañar esas concentraciones y tomen nota de las decisiones que emanen de esa actividad.

Al respecto, la presidenta del TED cruceño, María Cristina Claros, afirmó que su labor se limitó a la “observación” del evento.

En tanto, la vocal Dina Chuquimia reiteró que la presencia del TED en el cabildo fue para “observar y acompañar” la actividad, lo que no significa que eso legalice las decisiones que emanaron del encuentro.

No obstante, en esta oportunidad, el Órgano Electoral no fue convocado, ni siquiera por el Comité pro Santa Cruz que la pasada semana convocó a los comités de los nueve departamentos, además de El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.

Una de las principales demandas en esos encuentros fue la “defensa de la democracia, justicia y liberación” de quienes ellos consideran “presos políticos”, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, hoy detenida por el proceso denominado Golpe de Estado I y con una condena de 10 años, por el caso Golpe de Estado II.

En el primer hecho también fue implicado el gobernador cruceño y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro, desde fines de 2022.

En ese marco, los cabildos —entre otras cosas— coincidieron en demandar “amnistía” para esos “ presos políticos”, entre los que están exministros, además de exjefes policiales y militares.

Al respecto, horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Respecto a la legalidad del cabildo, Lima afirmó que esa convocatoria, al tener un carácter “nacional”, debió solicitar el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), situación que no ocurrió.

Durante el cabildo realizado en La Paz, este jueves, los asistentes aprobaron ocho demandas, entre ellas, una amnistía para liberar a los “presos políticos”, además de la conformación de un bloque opositor de unidad para hacer frente al MAS en las elecciones generales de 2025.

El encuentro paceño fue parte del “cabildo nacional” que fue convocado, la pasada semana, por el Comité pro Santa Cruz, “en defensa de la democracia, justicia y la liberación” de líderes y actores políticos opositores al Gobierno.

En el cabildo de La Paz participaron cívicos, plataformas ciudadanas, además de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, hoy detenida por el proceso denominado Golpe de Estado I y con una condena de 10 años, por el caso Golpe de Estado II.

En el primer hecho también fue implicado el gobernador cruceño y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro, desde fines de 2022.

Junto a ellos, la Justicia procesó a exjefes policiales y militares, exministros y otras autoridades del gobierno transitorio de Áñez (2019-2020).
Según el movimiento cívico, son más de 190 “presos políticos”, por quienes se abogó este miércoles para que recuperen su libertad.

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En ese marco, el cabildo exigió “la amnistía inmediata y poner en libertad pura y simple a todos los detenidos políticos privados de libertad y que ya suman más 198 detenidos por el actual régimen dictatorial y autoritario del MAS – IPSP y Luis Alberto Arce Catacora”.

A esto se suma la demanda de anular los procesos “inventados” por el Gobierno en contra de representantes cívicos y sindicales que guardan detención preventiva por los casos Golpe I y Golpe II.

Horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Además, el cabildo pidió “conformar un bloque de unidad con todas las fuerzas democráticas de oposición en defensa de nuestra democracia, la justicia y la libertad del pueblo boliviano”, de cara a las elecciones de 2025.

Similares medidas se asumieron en Santa Cruz, donde también se llevó a cabo el cabildo, de forma simultánea.

“Desde hace 16 años venimos enfrentando un régimen autoritario. La lucha es de todos ustedes, hastiados de los atropellos de Evo, cansados de sus arbitrariedades”, manifestó Ribera, durante su intervención en el encuentro de La Paz.

Por otra parte, también se demandó “dejar sin efecto” la nueva currícula escolar que será aplicada desde este año en las unidades educativas de todo el país, bajo el argumento de que se busca “adoctrinar” a los estudiantes.

En esa línea, se pidió también abrogar la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez por ser “contradictoria con el avance y el desarrollo social del pueblo boliviano”.

Asimismo, se demandó “mejorar el presupuesto en salud”, con el objetivo de mejorar la atención de la población, a fin de implementar “tecnologías médicas y equipamiento en favor de nuestro pueblo boliviano”.