El presidente Luis Arce recordó este martes los 14 años de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. El proceso se logró tras la realización de una Asamblea Constituyente.

“El 7 de febrero de 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia se abrió camino a través de un gran pacto social entre bolivianas y bolivianos». «Se convirtió en un ejemplo de inclusión y lucha contra el racismo y discriminación ante los pueblos del mundo”, escribió el Jefe del Estado en sus cuentas de redes sociales.

Así, Arce recordó que hace 14 años nació la Bolivia Plurinacional, con la promulgación de la nueva Constitución, en el marco de la diversidad.

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“Hoy levantamos con orgullo la Tricolor y la Wiphala, como símbolos de soberanía y unidad de nuestro pueblo”, agregó el mandatario.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente trajo consigo una nueva Constitución Política del Estado y la refundación del país.

La Carta Magna recupera los saberes de las múltiples culturas que conviven en el país, avanza para acabar con la postergación y desarrolla políticas públicas que respeten los derechos humanos y las diferencias entre mujeres y hombres.

Asimismo, declaró a Bolivia como “Estado Plurinacional” y reconoció a 36 naciones o pueblos indígenas, que representan más del 60% de la población y el derecho a la libre autodeterminación.

El canciller Rogelio Mayta afirmó que Bolivia guarda una “relación cálida” con el Vaticano, aunque recordó que aún está pendiento el concordato entre ambos Estados.

En los últimos días, el jefe de la diplomacia boliviana estuvo de gira por Europa, en una serie de encuentros con autoridades de varios países, entre ellos, el papa Francisco.

“Nuestro Gobierno tiene una relación cálida con el Vaticano”, dijo en una entrevista exclusiva con el programa Piedra papel y tinta, de La Razón, este martes.

Dijo además que, durante su entrevista con el Pontífice abordaron temas de carácter internacional y la posición de ambos Estados sobre ellos.

“Hablamos de diferentes aspectos, de la realidad regional y algunas posiciones bolivianas en el ámbito internacional”, agregó.

Recordó que, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en 2009, Bolivia se convirtió en un Estado laico, que antes de eso, el catolicismo era la religión oficial.

Sobre eso, mencionó que aún está pendiente el concordato, «que es el último paso» entre el Estado y la Iglesia Católica para definirse como «laico».

No obstante, «estamos esperando la designación del nuncio apostólico, pero el Papá me dijo que estaremos sin nuncio, tal vez, unos días, semana o meses».

Entonces, luego de esa designación y ese encuentro, «podremos subsanar ese tema».

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Rememoró algunos hechos, la mayoría conflictos, en los que tuvo que intervenir la Iglesia Católica y señaló el más reciente “a fines del año pasado”, cuando el conflicto en Santa Cruz por la fecha del Censo estaba latente.

Mayta indicó que, entonces, se reunió con autoridades religiosas para abordar esos temas. “Les había pedido que cuando haya un criterio lo expresen de forma amplia, pero si hay una situación política, se abran a todas las versiones del hecho”, dijo Mayta.

Pero la gira del canciller por Europa también derivó en una reunión con parlamentarios “de diferentes tiendas”, en Bruselas “y compartimos las visiones de la coyuntura en Europa y en otros países, como Perú, “sin intención de hacer injerencia”.

“Todos (él y los parlamentarios con los que se reunió) nos solidarizamos con las víctimas; los que resultaron fallecidos y los heridos”, remarcó.

Otro de los puntos que abordaron es “la capacidad que tuvimos para sobrellevar la crisis mundial que existe en función de a pospandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania”.

Carolina Ribera fue el epicentro de la polvareda política este martes. La hija de la expresidenta Jeanine Áñez está en la mira por un caso de legitimación de ganancias ilícitas. Ella desafió a ser investigada. Y en el caso aparece una prima de Luis Fernando Camacho, Natalia Ibáñez.

Este martes se conoció que las pesquisas contra ellas avanzan, por un delito supuestamente cometido en el mandato transitorio Áñez. La maquinaria investigativa de la Fiscalía y la Policía ha desplegado solicitudes de información a más de una treintena de instituciones.

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La misión es obtener datos personales, movimientos bancarios, entre otros datos. Para ello son claves los documentos de Migración, Fundempresa, Impuestos Nacionales, la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el Ministerio de Economía.

Y la lista continúa. La Bolsa Boliviana de Valores, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la Contraloría, la Dirección de Servicios de Aeropuertos Bolivianos; las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la Interpol y la Unidad de Investigaciones Financieras.

Incluso hay compañías privadas en la nómina. Se envió solicitudes a las empresas de telecomunicaciones Entel, Viva, Tigo, AXS y Cotel.

El abogado de Ribera, Luis Guillén, catalogó como una “persecución” la indagación que se realiza, lo que incluye a la prima de Camacho, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que se busca “impunidad”.

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Ribera reaccionó por su cuenta de Twitter. “La narcodictadura de Luis Arce pretende callarme, me persigue por denunciar internacionalmente los vejámenes que cometen en contra de los presos políticos y por defender los derechos humanos en mi país. Investiguen, no tengo nada que esconder”.

“Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir. En lugar de perseguir narcos y delincuentes, inventan procesos ahora en contra mía por defender a mi madre, lo que cualquier hija haría hasta encontrar verdadera Justicia, debido proceso y Juicio de Responsabilidades” (sic).

La protesta vino también de Áñez, otra vez por Twitter. “La persecución política, fiscal y judicial es contra mí. Su venganza es contra mí. Luis Arce (presidente), Iván Lima (ministro de Justicia) y Evo Morales (expresidente) son MAS cobardes y poco hombres que nunca al perseguir a mi hija por defender a su madre. ¡Denuncio ante la comunidad internacional esta nueva aberración!”

Desde la oposición, el expresidente Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), se sumó al respaldo para Ribera. Por Twitter, también. “La persecución política del MAS hoy apunta contra Carolina Ribera, hija de la ex Presidenta Áñez, por defender a su madre de agresiones de ministros, fiscales y jueces serviles y de una justicia podrida hasta la médula” (sic).

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Ribera fue parte del engranaje del mandato de la expresidenta. Estaba a cargo de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Incluso, el Movimiento Al Socialismo (MAS) la tenía en la mira por acusaciones de falta de registros de las donaciones. No se sabe el cargo que ocupaba la prima de Camacho.

Su madre está recluida en el penal de Miraflores de La Paz. Fue sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.

En este proceso, la Fiscalía determinó que Áñez asumió su mandato de forma irregular, sin el quórum en la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado, el 12 de noviembre de 2019.

Ello sucedió tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, dos días antes, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares. En esto fue protagonista el actual gobernador cruceño Camacho, entonces presidente cívico cruceño, cuya prima hoy es parte del proceso contra Ribera.

Actualmente, Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz, por el caso Golpe de Estado I, que indaga la caída de Morales. En un proceso en el que igual figura Áñez. Ahora, la mira de la Justicia apunta a su hija.

El reclutamiento del servicio militar obligatorio 2023 concluyó dos días antes de lo previsto. El informe fue ofrecido este martes por el director general Territorial Militar, general Miguel Ángel Romero.

Para este proceso se habilitó 136 unidades militares de todo el país, pertenecientes a la Armada, Fuerza Aérea y del Ejército.

Al respecto, el jefe militar afirmó que este proceso acelerado demuestra la “confianza” de la población en las Fuerzas Armadas.

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El reclutamiento de jóvenes para el servicio obligatorio inició el 16 de enero y debía concluir el 9 de febrero, pero finalizó dos días antes.

De acuerdo con Romero, las mujeres y jóvenes conscriptos deben considerar a este servicio “como un deber constitucional”. En su criterio, los cuarteles se forman para fines de seguridad y defensa.

Además, reciben una formación integral para el apoyo en la prevención y manejo de desastres naturales y cursos de alfabetización, entre otros.

FFAA

Afirmó que una “buena cantidad” de mujeres se enlistaron y recibirán una instrucción para formarse en el nivel técnico medio.
“Se reciben con una profesión, aparte de realizar su servicio militar”, aseveró Romero.

Los jóvenes y señoritas cumplieron con los requisitos de presentación del certificado de nacimiento actualizado, cédula de identidad (fotocopia), además de documentos de salvaguarda (carta notariada) para postulantes de 17 años.

Asimismo, cumplieron con los análisis del grupo sanguíneo y las pruebas de embarazo en sangre, que debían ser tomadas en la semana de presentación, en el caso de las damas.

Este reclutamiento tuvo una etapa de prerregistro computarizado de los aspirantes, en enero, para la categoría Primer Escalón 2023.

El juicio contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) entró en otro cuarto intermedio. Comenzó la declaración de testigos presentados por el Ministerio Público.

La audiencia se pospuso este martes. Continuará el miércoles a las 09.30, en el Juzgado de Sentencia Penal 3. Tres de los 10 testigos de la Fiscalía emitieron su versión ante el juez.

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Los principales acusados son los cabecillas de la RJC, Yassir Molina, Mario Bascopé y Milena Soto, mientras que sus cómplices son los activistas Mario S.S. y Ayda R.L.T. Están implicados en la violencia y la destrucción ocurridas en el edificio patrimonial del Ministerio Público en Sucre, en 2020.

La Fiscalía pide 20 años de cárcel para los sindicados. Los delitos sobre la mesa son organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas, como bazucas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado Plurinacional.

Cuarto intermedio

Sobre este nuevo cuarto intermedio se pronunció el abogado de la Procuraduría General del Estado, Rolando Cruz. Dijo que la duración del acto procesal provocó la ausencia de testigos.

“A veces es insalvable, no se puede garantizar la presencia de los testigos, entendemos que esos testigos han estado aguardando desde las 9 de la mañana y probablemente tal vez por este hecho tomaron la decisión de irse”, indicó a Bolivia Tv sobre el cuarto intermedio.

Remarcó que después de los testigos de la Fiscalía, se dará lugar a la prueba documental, la que tildó de abundante. “Es superabundante, estamos suponiendo que probablemente se va a necesitar unos dos días para esta producción probatoria”.

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Estos hechos se desarrollaron en medio a la crisis en el país tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.  

El juez José Pinto calificó el lunes de “moroso” al proceso, debido a que hay seis integrantes de la parte acusadora y similar número de acusados. De acuerdo con los datos, el Ministerio Público presentará 103 pruebas, tras haberse excluido 10 después de unas serie de objeciones.

La RJC participó activamente en la crisis de 2019 y durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Fue protagonista de hechos de violencia y de discriminación. Por ello, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo catalogó un “grupo parapolicial”.