La Defensoría del Pueblo exhorta al Legislativo a dar certidumbre sobre el Censo
En ese marco, solicitó a los legisladores que asuman las competencias que les otorgó la Constitución Política, para adoptar los mecanismos necesarios, proceder al tratamiento y aprobar la ley referida al proceso censal.
La Comisión de Constitución ingresó de nuevo en un cuarto intermedio. Foto: APG.
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Ante la ausencia de consenso y la paralización del debate en la Comisión de Constitución, para tratar los proyectos de ley sobre el Censo, la Defensoría del Pueblo pidió al Legislativo dar certidumbre sobre la ejecución del empadronamiento nacional.
En ese marco, solicitó a los legisladores que asuman las competencias que les otorgó la Constitución Política, para adoptar los mecanismos necesarios, proceder al tratamiento y aprobar la ley referida al Censo.
La Defensoría hizo esa exhortación “con el fin de dar certidumbre a la población y que ésta pueda recuperar la paz y la normalidad en su vida diaria”.
Este martes se cumplen 32 días de paro indefinido en Santa Cruz, medida que es promovida por el Comité Interinstitucional, que demanda la realización del empadronamiento en 2023.
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Además, los movilizados exigen una ley del Censo que garantice que los resultados finales sean aplicados para la redistribución de recursos, desde septiembre del 2024, y también sean usados para la reasignación de escaños rumbo a las elecciones del 2025.
En ese marco, el debate se trasladó al Legislativo donde se analizan seis proyectos de ley referidos al Censo, en la Comisión de Constitución, donde aún no se arribó a un consenso, para emitir los respectivos informes al pleno de Diputados.
De todas esas iniciativas legislativa, solo una será avalada, la que respete los contenidos del decreto 4824, que fija el Censo para el 23 de marzo de 2024.
A fin de gestionar un tratamiento “simultáneo” de las propuestas en esa entidad legislativa, se declaró un nuevo cuarto intermedio hasta las 20.00 de este martes, informó el presidente de esa comisión, Juan José Jáuregui (MAS).
Mientras tanto, la labor legislativa sigue paralizada y la medida de presión continúa en Santa Cruz, en medio de bloqueos, enfrentamientos y pérdidas económicas, superiores a los $us 1.080 millones.
“La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones, hace el seguimiento del conflicto desde el primer día, atendiendo denuncias sobre vulneración de derechos humanos en todos los niveles, observando el desarrollo de las mesas técnicas, el cual, en temas normativos, se trasladó al Órgano Legislativo”, agrega el comunicado institucional.