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Friday 2 Dec 2022 | Actualizado a 07:52 AM

Se instala la sesión de la Cámara de Diputados para analizar el informe de proyectos de ley del Censo

A las 18.00 se comenzó a dar lectura a la lista de legisladores que participan del encuentro, en el que se debate el proyecto que busca dar fin a la crisis que se generó en Santa Cruz, que lleva 34 días de paro indefinido.

La sesión de los diputados de este jueves. Foto: Rodwy Cazón

/ 24 de noviembre de 2022 / 18:50

La Cámara de Diputados instaló este jueves en la tarde la octava sesión ordinaria del pleno camaral, para tratar el informe de las leyes del Censo, que fueron consideradas por la Comisión de Constitución.

A las 18.00 se comenzó a dar lectura a la lista de legisladores que participan del encuentro, en el que se debate el proyecto que busca dar fin a la crisis que se generó en Santa Cruz, que lleva 34 días de paro indefinido.

Hasta el martes, seis proyectos de ley referidos al Censo ingresaron a la Comisión de Constitución, entonces, solo cuatro quedaron en carrera para su consideración.

Una propuesta fue presentada por el MAS; otra, por Comunidad Ciudadana (CC); y dos fueron promovidas por Creemos.

“Tenemos cuatro proyectos de ley a ser objeto de análisis”, precisó entonces el presidente de esa comisión, Juan José Jáuregui (MAS).

Tras una serie de incidentes, se declaró otro cuarto intermedio en esa comisión para tratar un proyecto de ley consensuado, respecto al cronograma del empadronamiento y la aplicación de resultados.

La sesión se instaló luego que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz aceptó que el Censo se realice en 2024, como señala el decreto 4824, que fija el Censo para el 23 de marzo de ese año.

Ahora, lo que esa entidad exige es garantizar la distribución de recursos y escaños parlamentarios hasta 2024, con base a los datos del proceso censal.

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Diremar: La Gobernación de Potosí debe encarar una causa por la deuda histórica del Silala

El secretario general de Diremar, Emerson Calderón, explicó que este asunto no fue parte del litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que tampoco se solicitó su incorporación en el transcurso del proceso.

Las aguas del Silala que van hacia territorio chileno. Foto: Archivo La Razón.

Por Luis Mealla

/ 1 de diciembre de 2022 / 23:22

Según la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), la Gobernación de Potosí debe encarar una causa sobre la “deuda histórica” vinculada a las aguas del Silala.

El secretario general de Diremar, Emerson Calderón, explicó este jueves que este asunto no fue parte del litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que tampoco se solicitó su incorporación en el transcurso del proceso.

“Esto llevará su curso al margen de la decisión de esta Corte y es un asunto que compete a la Gobernación de Potosí, sucesora de la Prefectura de Potosí”, dijo Calderón, durante una conferencia en La Haya, según ABI.

Lea más: Arce revindica la soberanía de Bolivia sobre el Silala reconocido en el fallo de la CIJ

La postura fue emitida luego que la CIJ emitió el fallo en el marco de la demanda por el Silala.

En ese marco, la Corte consideró que Bolivia y Chile tienen derecho al “uso equitativo y razonable” de sus aguas.

Respecto al uso de este recurso, Calderón explicó que esto implica una deuda histórica que se vincula al resarcimiento que recibía la entonces Prefectura de Potosí, por la concesión que se hizo en 1908 a la empresa Bolivia Railway Company Limited Co. Ltd. para el uso de las aguas del Silala.

Esa concesión implicaba la alimentación de las locomotoras a vapor de la empresa chilena.

Sin embargo, ese pacto fue anulado el 14 de febrero de 1997 mediante Resolución Administrativa 71/97, que a su vez fue elevada a decreto supremo por el gobierno de entonces.

La parte resolutiva del decreto señala que “se justifica plenamente con la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria”.

El documento añade que se elimina la “necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano”.

Además, que “se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política”.

En 2009, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exigió que Chile pague la deuda histórica por el uso del agua del Silala.

De hecho, esa exigencia hizo fracasar un principio de acuerdo en el que Chile se comprometía a pagar por el 50% del agua que iba a su territorio.

De acuerdo con el vocero boliviano para este proceso, Sebastián Michel, si se aceptaba ese acuerdo, Chile habría pagado “17.000 dólares cada día por el 50 por ciento del uso de las aguas” del Silala.

“Lamentablemente algunos sectores de la población lo rechazaron. Son 17.000 dólares diarios que hubiéramos ganado como país y como departamento de Potosí a partir de ese acuerdo del año 2009”, precisó Michel.

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Del Castillo aguarda retractación pública por parte de Calvo y niega extinción del caso

Según el ministro, el miércoles, durante una audiencia de conciliación, Calvo aceptó la comisión de los delitos de “difamación, injurias y calumnias”.

El Ministro de Gobierno y el líder cívico de Santa Cruz. Foto: Archivo La Razón.

Por Luis Mealla

/ 1 de diciembre de 2022 / 21:19

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que aún aguarda una “retractación pública” por parte del líder cívico cruceño Rómulo Calvo, por una denuncia penal en su contra y negó que el proceso se haya extinguido.

Según el ministro, el miércoles, durante una audiencia de conciliación, Calvo aceptó la comisión de los delitos de “difamación, injurias y calumnias”.

En ese marco, “manifestó su voluntad de retractarse, por haber calumniado a mi persona (…). En este sentido, manifestar que el señor Calvo no ha realizado la citada retractación, y esperamos que la misma se realice públicamente”, escribió Del Castillo en sus redes sociales.

En 2021, Del Castillo denunció al líder cívico, pues en ocasión de la efeméride cruceña se impidió la iza de la wiphala, símbolo nacional de los pueblos indígenas.

Lea más: Fiscalía de La Paz admite denuncia contra Calvo, Del Castillo niega que exista orden de aprehensión

Sin embargo, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, izó por su cuenta la enseña junto a la tricolor; pero minutos más tarde la wiphala fue retirada del mástil en medio de bochornos.

Entonces, Calvó dejó entrever que Del Castillo sacó la wiphala de su bolsillo y se la alcanzó a Choquehuanca para que pueda izarla.

En consecuencia, el Ministro de Gobierno activó una denuncia penal por tres delitos y el miércoles se llevó a cabo una audiencia de conciliación.

“Con mentiras, artimañas y mala fe, difamó y calumnió a mi persona, sobre hechos relacionados a la iza de nuestra Wiphala”, afirmó Del Castillo.

En ese marco, la autoridad negó “rotundamente” haber “conciliado con el señor Calvo, y que el proceso «estaría extinto”, como publicaron otros medios escritos.

No obstante, la defensa del líder cívico indicó que se llegó a un acuerdo, luego de que Calvo presentó una retractación de que lo hubiese declarado en la efeméride departamental.

“Del Castillo, aceptó la retractación, a través de sus abogados”, afirmó el abogado de Calvo, Martín Camacho, según una publicación de El Deber.

El líder cívico “reconoce que se le brindó una información falsa y que no fue como había dicho, que Del Castillo sacó la wiphala de su bolsillo”, agregó el jurista.

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Tras fallo del Silala, Bolivia y Chile apuntan a dar continuidad a la agenda bilateral

Desde La Haya, el canciller Rogelio Mayta afirmó que desde “hace rato” que hay una relación “necesaria” con Chile y que el fallo de la CIJ no altera la “continuidad de la Hoja de Ruta” de 12 puntos, establecida en 2021 entre ambos países.

Los presidentes Arce y Boric durante un encuentro oficial. Foto: AFP.

Por Luis Mealla

/ 1 de diciembre de 2022 / 19:37

Luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el fallo sobre la demanda por el Silala, autoridades de Bolivia y Chile expresaron su intención para dar continuidad a la agenda bilateral, referida al comercio exterior, desarrollo económico y social.

Desde La Haya, el canciller Rogelio Mayta afirmó que desde “hace rato” que hay una relación “necesaria” con Chile y que el fallo de la CIJ no altera la “continuidad de la Hoja de Ruta” de 12 puntos, establecida en 2021 entre ambos países.

“Continuaremos esta labor en beneficio de los pueblos”, afirmó el presidente Luis Arce, a través de su cuenta de Twitter.

En esa línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que “habiendo resuelto el asunto (del Silala) continuamos trabajando con Bolivia”.

“Podemos, después del fallo, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa”, afirmó el Mandatario chileno, al destacar el “espíritu de buena vecindad, de colaboración e integración”, enfatizó.

Lea más: Arce revindica la soberanía de Bolivia sobre el Silala reconocido en el fallo de la CIJ

A su juicio, se debe trabajar “en todos los temas que requieren la cooperación entre ambos Estado, profundizando nuestros lazos y dándole continuidad al trabajo que se inició durante el Gobierno anterior, del Presidente Piñera, lo que conoce como la Agenda de los 12 Puntos”.

La Hoja de Ruta acordada en 2021 por los presidentes Luis Arce y Sebastián Piñera marcó la reactivación de las relaciones bilaterales.

Luego, Arce y Boric, ambos de izquierda, acordaron reactivar ese pacto para impulsar una serie de acciones, como “hacer más ágil el libre tránsito” boliviano por territorio chileno, como lo establece el Tratado de 1904.

Asimismo, el acuerdo contempla el fortalecimiento del comercio por el Puerto de Arica, principal vía de importaciones y exportaciones.

Ambos mandatarios se reunieron en agosto, durante la asunción a la presidencia del colombiano Gustavo Petro, y coincidieron en construir una agenda de «confianza mutua».

“Impulsaremos procedimientos para hacer más ágil el libre tránsito, fortalecer el comercio por el Puerto de Arica”, destacó el presidente boliviano en un mensaje en su cuenta en Twitter tras el encuentro con su homólogo chileno.

La agenda bilateral de 12 puntos, que no contempla el tema marítimo, incluye —además—, potenciar el comercio, el turismo, la lucha contra el contrabando, las inversiones para el desarrollo económico y social, además de otros temas prioritarios entre ambos países.

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A 12 años de la ley contra el racismo y discriminación, solo tres casos tienen sentencia

La ministra Sabina Orellana difundió esa información con miras a la Cumbre Nacional Contra el Racismo y Discriminación que se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre, en La Paz.

La Ministra de Culturas da detalles del encuentro en La Paz. Foto: ABI.

Por Luis Mealla

/ 1 de diciembre de 2022 / 19:06

Desde que entró en vigencia la Ley 045 Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, el 8 de octubre de 2010, solo tres denuncias concluyeron en una sentencia.

“Son 12 años de vida de la Ley 045 y tenemos tres sentencias, cuando vemos cada día en los medios, en las calles la discriminación, se sufre discriminación”, informó este jueves la ministra de Culturas, Sabina Orellana.

La autoridad afirmó que, actualmente, se trabaja para superar los actos de racismo y discriminación, y explicó que se trata de una tarea de toda la ciudadanía.

Orellana difundió esa información con miras a la Cumbre Nacional Contra el Racismo y Discriminación que se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre, en La Paz.

Lea más: Cumbre Nacional contra Racismo y Discriminación será el 6 y 7 de diciembre, en La Paz

De acuerdo con datos de esa cartera del Estado, en 2021 se admitieron 93 casos de discriminación y racismo.

En tanto, en lo que va de 2022 se registraron 77 denuncias referidas a esa problemática.

Entre 2010 y 2021, se tomó conocimiento de más de 1.300 denuncias por ambos delitos, según información de la Fiscalía General del Estado.

Respecto al delito de discriminación, se registraron 1.048 denuncias, mientras que por el delito de racismo se recibieron 317.

Sin embargo, de ese total, más del 90% fueron rechazadas, archivadas y desestimadas por la Fiscalía.

Los actos de racismo y discriminación son penados por la Ley 045 y el Código Penal.

En ese marco, en la Cumbre Nacional Contra el Racismo y Discriminación, a realizarse en el Campo Ferial Chuquiago Marka, se abordarán acciones para hacer más efectivo el cumplimiento de la ley.

Orellana afirmó que aún se viven situaciones en el país que vulneran el derecho a la dignidad, pese a que se cuenta con normas que garantizan ese derecho.

“Las actitudes violentas y machistas racistas y patriarcales todavía están vigentes en nuestro país, en todo el territorio nacional y eso es muy preocupante”, enfatizó la ministra.

Orellana explicó que en el encuentro se hará un diagnóstico sobre “las acciones violentas, discursos de odio, racismo y discriminación que se suscitan en el país” y que están presentes en diferentes ámbitos.

En ese espacio, se identificarán las causas y factores que generan estas desigualdades. Agregó que el objetivo es “delinear nuevas políticas para la transformación, desde un enfoque de interculturalidad del Estado Plurinacional”.

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La Policía aprehende a un subgobernador en Santa Cruz

Es el subgobernador que agredió a los indígenas.

El subgobernador Daniel Velásquez fue denunciado de atacar a los ayoreos.

/ 1 de diciembre de 2022 / 05:40

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre la aprehensión del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, Daniel Velásquez.

Esa autoridad, supuestamente, promovió ataques contra el pueblo ayoreo.

Las agresiones se registraron durante el paro cívico indefinido que se realizó en Santa Cruz, por 36 días.

“La orden es ejecutada por nuestra #PolicíaBoliviana, que cumplió cumplimiento de la normativa legal vigente” (sic), escribió Del Castillo la noche de este miércoles en su cuenta de Twitter.

El Gobierno calificó de “inaceptable” los hechos de “violencia, racismo y desprecio” que sufrieron los ayoreos por parte de grupos que vulneraron derechos de mujeres indígenas al intentar obligarlas a acatar el paro. 

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En las redes sociales y algunas cadenas de televisión, se denunció que, en Concepción, provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, quemaron varias casas que pertenecían a indígenas ayoreos, especialmente mujeres.

Los hechos comenzaron cuando este grupo, que se opone al paro cívico indefinido en Santa Cruz, protestó en contra de la medida.

Los denunciantes aseguran que en esta arremetida contra los indígenas participó el subgobernador de esa región, Daniel Velásquez.

Velásquez es de la facción del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Santa Cruz

Es uno de los promotores del paro indefinido que busca que el Gobierno adelante el censo para 2023.

¿De terror. DDHH y Defensoría del Pueblo dónde están? Se preguntan las personas que lograron ser entrevistadas por la red Abya Yala TV.

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