Luego del concierto solidario Wayna Fest Navideño, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, visitará este viernes y sábado varias provincias para repartir los más de 32.000 juguetes recaudados en ese evento.

“Hemos llegado a los 32.000 juguetes. Agradezco mucho a toda la población. La Paz es solidaria porque estos juguetes la mayoría se va a ir a las 20 provincias, a los niños más necesitados, a la gente más humilde”, sostuvo el Gobernador.

La actividad se realizó el martes 20 de diciembre, en el estadio Hernando Siles.

El evento contó con varios grupos reconocidos y el ingreso fue un juguete nuevo para regalar a los niños en esta época navideña.

El gobernador Quispe anunció que esa actividad se realizará todos los años.

“Agradezco mucho tanto a la población como también a los artistas; sin cobrar ni un peso, han colaborado, han cantado (…). En ese día de Navidad, los niños siempre están esperando, por lo menos un juguetito”, afirmó autoridad departamental.

El Gobierno afirmó que antes de que Jeanine Áñez recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primero debe agotar las instancias judiciales en el país, en el marco del caso EBA.

El viceministro de Justicia, César Siles, recordó que la exmandataria presentó un amparo para ir a juicio de responsabilidades y no ser procesada por la vía ordinaria.

El lunes, ese recurso fue declarado improcedente, pero ahora debe ir en consulta al Tribunal Constitucional, explicó la autoridad.

“Corresponderá, en última instancia, al Tribunal Constitucional revisar —como es su facultad constitucional— ese amparo y determinar cuál es la vía de juzgamiento”, explicó.

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“La defensa ya piensa en presentar demanda ante la CIDH, seguro lo hará y está en su derecho, pero tendrá que aguardar que se agote la vía interna, que es el Tribunal Constitucional”, precisó Siles.

Un tribunal de La Paz rechazó el lunes el amparo presentado por Áñez; con ese veredicto, se ratifica que será juzgada por la vía ordinaria en el caso EBA.

Ante esa situación, la defensa de la expresidenta transitoria anunció la presentación de una denuncia en el ámbito internacional.

“Ahora, estamos esperando todos los antecedentes, incluyendo la resolución de esta jornada, y luego se presentará la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, anunció el abogado Luis Guillén.

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA.

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional impulsaron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue irregular debido a que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, el Ministerio Público imputó a la exmandataria por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

En el marco de este caso, la pasada semana también se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero de 2023, luego que la defensa de Áñez presentó un recurso de “actividad procesal defectuosa”, que fue rechazado por un juzgado.

“Esto implica que la imputación sigue vigente y se ha dispuesto la audiencia para el 6 de enero, a las 10.00 (…). El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva en el presente caso”, explicó el fiscal Franklin Alborta.

De manera paralela, Áñez también es juzgada por los casos Golpe de Estado I y II.

En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.

En estos tres procesos, la exmandataria no logró ser sometida a juicio de responsabilidades, pese a que en el caso EBA, en abril de este año, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde un juicio de privilegio, lo que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, cuatro meses después, la Sala Constitucional de La Paz dejó sin efecto esa determinación.

A través de un amparo constitucional, el lunes 5 de diciembre, la expresidenta Jeanine Áñez buscará allanar la ruta para un eventual juicio de responsabilidades en el denominado caso EBA.

“La audiencia será de manera presencial y virtual en la Sala Constitucional Primera”, señala la citación judicial, en el entendido que los abogados de la exmandataria deberán asistir a la audiencia, mientras que Áñez se conectará vía virtual desde la cárcel de Miraflores, donde guarda detención desde 2021.

Con el amparo se busca dejar sin efecto la resolución, emitida en octubre, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria, por la presunta designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en 2019.

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Ante ese escenario, la defensa de la exautoridad apeló esa determinación y anunció un proceso por prevaricato contra el juez del caso.

La Justicia asumió esa determinación debido a que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.

En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA.

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional promovieron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue “irregular” debido a que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, la Fiscalía imputó a la exmandataria por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

En el marco de este caso, este viernes también se desarrolló la audiencia de medias cautelares, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero, luego que la defensa de Áñez presentó un recurso de actividad procesal defectuosa que fue rechazado por un juzgado.

“Esto implica que la imputación sigue vigente y se ha dispuesto la audiencia para el 6 de enero, a las 10.00 (…). El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva en el presente caso”, explicó el fiscal Franklin Alborta.

De manera paralela, Áñez también fue implicada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la Ley del Censo será promulgada pronto, pues aún están vigentes los plazos correspondientes.

“Estamos en plazo, en los 10 días que corresponde, así que puede ser en las siguientes horas o los siguientes días; estamos aclarando que aún esta ley no ha sido promulgada”, afirmó la autoridad.

En pasadas horas, medios estatales difundieron publicaciones en sentido que el presidente Luis Arce ya había promulgado la norma, sin embargo, la nota fue eliminada de las redes, y Alcón salió a los medios a negar la puesta en marcha de esa ley.

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“Bolivia necesita certidumbre, no cálculos políticos y menos confusión. El país le exige responder a la expectativa de los bolivianos”, reclamó a través de su cuenta de Twitter el diputado opositor José Carlos Gutiérrez (Creemos).

La pasada semana, el Legislativo inició el tratamiento del proyecto de Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

El espíritu de la norma es que no afecta la fecha del Censo, fijado para el 23 de marzo de 2024, según establece el decreto 4824.

En función a esa norma, en septiembre de 2024, se realizará la redistribución de los recursos de coparticipación a los nueve departamentos y se realizará la reasignación de escaños, para las elecciones generales del 2025.

En primera instancia, el proyecto de ley fue aprobado, el fin de semana, por la Cámara de Diputados. Ante ese escenario, el comité cruceño determinó un cuarto intermedio en el paro indefinido, que hasta entonces llevaba 36 días.

Luego, la propuesta pasó al Senado, donde se realizó el tratamiento por dispensación de trámite, y al final fue sancionada.

Tras ese trámite, el proyecto fue remitido al Ejecutivo, donde debe ser promulgada por el presidente Arce.

No obstante, durante el debate, los legisladores afines al expresidente Evo Morales, intentaron bloquear su tratamiento.

En tanto, los denominados “renovadores”, del bloque del mandatario Luis Arce, agilizaron la aprobación, lo que generó un intercambio de críticas y distanciamiento entre los legisladores oficialistas.

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó un amparo constitucional para que pueda ir a juicio de responsabilidades, en el proceso que se le abrió por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato.

Luis Guillén, abogado de la exmandataria, afirmó que con este recurso se busca dejar sin efecto la resolución judicial que se emitió en octubre, en sentido que Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria en este caso.

En función a este amparo constitucional “estamos pidiendo como medida cautelar que se suspenda la tramitación del juicio ordinario (…). Estamos buscando de que se respeten los derechos y las garantías de la exmandataria”, afirmó el jurista.

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Agregó que con esta medida legal se pretende demostrar que la acción de Áñez, durante su mandato, estuvo en el marco de la normativa en su calidad de exjefa de Estado, por lo que le corresponde un juicio de privilegio.

“Estamos hablando de un acto realizado por la exmandataria en (ejercicio en) presidencia de Estado y hablamos de un acto específico que solamente puede ser realizado por un Presidente de Estado, al no poderse realizar por otras autoridades, obviamente que corresponde dentro de lo que es un juicio de responsabilidades”, enfatizó Guillén.

El 13 de octubre, el juez Heber Torrejón determinó que Áñez no puede gozar de un juicio de responsabilidades por el caso EBA, por lo que el proceso se ventilará en la justicia ordinaria.

Ante ese escenario, la defensa de la exautoridad apeló esa determinación y anunció un proceso por prevaricato contra el juez.

Entre los principales argumentos del juez para asumir esa decisión está el hecho de que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.

En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA).

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional, promovieron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue “irregular”, en el entendido que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, la Fiscalía imputó a la exmandataria por cinco delitos: nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

Así, se solicitó su detención preventiva durante seis meses.

De manera paralela, Áñez también fue implicada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.