Desde fines de 2022 hasta la fecha, al menos seis hechos ahondaron la crisis interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues se registró división entre sectores sociales, legisladores y los principales representantes de esa fuerza política: el exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce.

El año pasado, entre octubre y noviembre, la ley del Censo generó una evidente fractura en el frente oficialista al interior de la Asamblea Legislativa. Los denominados “renovadores”, afines a Arce, promovieron la aprobación de la norma, que fijó el empadronamiento para 2024.

Así, se puso fin a 36 días de paro en Santa Cruz, donde cívico y políticos demandaban Censo para 2023, pero al final terminaron aceptando la nueva fecha.

Esa acción generó molestia en el bloque “evista”, que acusó a sus colegas de traidores por un presunto “pacto” con la derecha.

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A este escenario de crisis le siguió la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE), batalla que también se libró en el Legislativo, entre “renovadores” y “evistas”.

La aprobación de la norma estuvo en vilo por falta de acuerdo entre los propios oficialistas.

Otro hecho que agravó la crisis interna fue la polémica que activó el diputado Rolando Enríquez Cuellar, quien presentó a la prensa cartas con firmas falsificadas, en las que presuntamente la dirigencia del MAS agradecía aportes de personas implicadas con el narcotráfico.

Al final, el legislador fue expulsado del partido y se le conminó a que no realice declaraciones a nombre del partido.

En torno a esa división interna, también se registró, entre diciembre y enero, la expulsión de al menos 12 legisladores “renovadores” por decisión de ampliados departamentales de ese partido.

Otro hecho de división marcada fue que el MAS conmemoró “quebrado” el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, pues Arce organizó los festejos en La Paz, mientras que Morales lo hizo en Argentina.

Al respecto, el exmandatario apuntó a los ministros de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa de ser los “operadores” de la crisis interna en ese partido.

El sexto y más reciente hecho se registró este martes, cuando la dirección nacional del MAS denunció que el vicepresidente David Choquehuanca y cuatro legisladores activaron acciones en contra del estatuto de ese partido, lo que ha generado nuevos roces al interior de ese frente político.

A través de un comunicado, el MAS acusó abiertamente a la autoridad del Estado y a los legisladores denominados “renovadores” de “atentar” contra la norma interna.

El ministro de Justicia, Iván Lima, retó a cívicos y políticos de oposición a publicar la lista de los 183 “perseguidos políticos” que denunciaron la pasada semana.

“Hay que decirle a Rómulo Calvo (líder cívico) y a esos malos líderes que le informen a Santa Cruz quiénes son esos ‘perseguidos políticos’.

Que digan que son ellos mismos que están buscando impunidad y que no quieren que haya justicia ni para el pueblo boliviano, ni para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”, afirmó.

Durante un cabildo en Santa Cruz, los dirigentes cívicos exigieron que se declare una amnistía para esos “perseguidos políticos”, entre los que, indicaron, hay detenidos e imputados por las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019.

“Le reto a la oposición, al comité cívico, a Calvo y a todas esas personas que dicen que hay presos y perseguidos políticos, que pongan la lista, que pongan los nombres”, insistió el ministro.

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El cabildo de Santa Cruz afirmó que si esa solicitud no es gestionada a la brevedad posible por el gobierno de Luis Arce, se iniciará el trámite para revocar su mandato.

“Están buscando impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, a través de ese tipo de movilizaciones. Además, están buscando acortar el mandato presidencial, y ahí se muestran los afanes golpistas por tratar de buscar la impunidad (…), por las masacres de Sacaba, Senkata y el golpe de Estado”, fustigó en la oportunidad la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

A su vez, Lima afirmó que las demandas del “cabildo” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos en 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Además del gobernador Luis Fernando Camacho, se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, durante una reunión con el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, condenó “todos los actos de violencia” en el país, pidió respeto al Estado de derecho e instó a promover la reforma judicial.

“En reunión con canciller Mayta hemos abordado la situación en Bolivia, condenando firmemente todos los actos de violencia y subrayando la importancia del diálogo, el respeto del Estado de derecho, debido proceso y reforma de la justicia” (sic), escribió Borrell en su cuenta de Twitter.

A través de esa misma red social, Mayta explicó que en ese encuentro también se revisó la agenda bilateral, así como “asuntos de interés” compartidos. “Trabajamos para estrechar nuestras relaciones”, explicó el ministro.

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Además de reunirse con Borrell, Mayta sostuvo un encuentro con el director de Gestión para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño Pérez, entre otros.

Los encuentros entre el Canciller y las autoridades europeas se desarrollaron en el marco de la gira oficial que cumple la autoridad boliviana en Europa, con el objetivo de afianzar las relaciones que el país tiene con ese continente.

En enero, la UE pidió evitar la violencia en el país y que se respete el debido proceso judicial, en el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, imputado por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

Ese proceso está referido a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien luego salió del país.

Tras la captura de Camacho se registró una escalada de movilizaciones violentas en la región cruceña, donde hubo enfrentamientos, saqueos y quema de oficinas públicas, situación que fue objeto de preocupación por parte de la UE.

Por otra parte, Mayta también sostuvo un encuentro con el copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Javier López, para abordar temas que se tratarán en la Cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC), en julio de este año.

“Es un tiempo de cambios en el mundo, de tensión geopolítica. Ese relacionamiento entre a Unión Europea y Latinoamérica en general, y Bolivia en particular, debería ponerse a tono con este momento de la actualidad”, expresó el ministro.

A su vez, tuvo un encuentro con los miembros del Parlamento Europeo. Entre los diversos temas que se abordaron, las autoridades europeas aprovecharon para expresar su preocupación por la presencia de grupos parapoliciales que ocasionaron violencia en la ciudad de Santa Cruz, hace algunas semanas.

La autoridad destacó el apoyo de la UE a Bolivia en temas específicos, como la lucha contra el narcotráfico y los mejores resultados que se obtuvieron al cambiar el sistema represivo.

La comitiva boliviana continuará su gira por Ginebra y Madrid, donde se prevén reuniones con los representantes del Alto el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Canciller de España, respectivamente.

Desde la dirección nacional del MAS denunciaron que el vicepresidente David Choquehuanca y a cuatro legisladores activaron acciones en contra del estatuto de ese partido, lo que ha generado nuevos roces al interior de ese frente político.

A través de un comunicado, el MAS acusó abiertamente a la autoridad del Estado y a los legisladores denominados “renovadores”, afines al presidente Luis Arce, de “atentar” contra la norma interna.

Así, ese frente afirma tener “información confirmada de que nuevamente el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes está operando en contra de la unidad nuestra organización política”.

Además, da cuenta de una reunión de la bancada de “renovadores” en la que se decidió interponer “acciones contra el estatuto del MAS-IPSP, esta vez una de las encargadas es la diputada Deysi Choque”.

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El documento también acusa a los diputados Damián Laime, Rosario García y Magaly Gómez y otros, quienes “han estado pidiendo copias legalizadas de nuestro Estatuto al Órgano Electoral con ese fin”, señala otra parte de la denuncia.

Es en ese sentido, en el comunicado se denunció que el MAS “nuevamente está recibiendo ataques que no tienen otro objetivo que buscar su proscripción y la de sus dirigentes”.

Se trata de un nuevo roce en la división presente en el partido oficialista.

El 18 de enero, el exmandatario Evo Morales apuntó a tres ministros como responsables de la crisis interna.

En esa oportunidad, expresó su esperanza de que “las bases no se dividirán” y apuntó a los ministros de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa de ser los “operadores” de la división del partido.

A esto se suman las críticas y cuestionamientos entre los denominados legisladores “renovadores” y “evistas”, durante el debate de diferentes leyes en la Asamblea Legislativa, que pusieron más en evidencia la crisis interna.

En torno a esa división, también se registró, entre diciembre y enero, la expulsión de al menos 12 legisladores “renovadores” por decisión de ampliados departamentales del MAS

La defensa legal de Luis Fernando Camacho presentó una denuncia contra tres policías, por el delito de incumplimiento de deberes, luego que presuntamente en la FELCV se rehusaron a abrir un caso por el hallazgo de una “cámara espía” en la celda del gobernador cruceño.

Según la demanda, presentada ante la Fiscalía de La Paz, se pide activar acciones legales en contra del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Rubén Lobatón; el director departamental de la FELCV, Julio Larrea, y el sargento primero de Policía Wilson P.

El viernes, la defensa de Camacho buscó interponer una denuncia ante la Policía por el supuesto hallazgo de una cámara en su celda de Chonchocoro, empero, el trámite se frustró pues las autoridades no la recibieron.

Los juristas denunciaron que se cometieron delitos de “acoso sexual y violencia psicológica” en contra de Fátima Jordán, esposa de Camacho, quien pasó varias noches en esa celda acompañando a su cónyuge.

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Este lunes, ella denunció que se violó su intimidad y la de sus allegados, tras el supuesto hallazgo de ese artefacto y anunció acciones legales.
Horas después, los abogados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

También este lunes, tres policías de la FELCV presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra los abogados de Camacho, por los delitos de discriminación, violencia, allanamiento, intimidación y amedrentamiento.

Al respecto, Lobatón explicó que los juristas cometieron acciones de violencia verbal y física en instalaciones policiales y que se debe sentar un precedente.

“Existió una discriminación total por parte de estos ciudadanos en contra de funcionarios o de las funcionarias policiales, que en ese momento se encontraban cumpliendo su labor (…). No podemos pasar este tipo de situaciones (…). En cámaras aparecen dos personas que son abogados y la denuncia es contra ellos”, enfatizó Lobatón.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó la existencia de una cámara en el ambiente en el que se encuentra recluido Camacho, aunque instruyó la respectiva investigación.

A fines de 2022, Camacho fue imputado por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I y se determinó su detención preventiva, desde el 30 de diciembre, en Chonchocoro, donde se le habilitó un ambiente para que recibe visitas y reciba un tratamiento médico.