Nacional

Saturday 14 Jan 2023 | Actualizado a 15:52 PM

Senador advierte que no todas las leyes de Diputados se sancionan en el Senado

El senador del MAS por Santa Cruz William Torrez aclaró que todos los proyectos de ley deben estar acordes con la Constitución y las leyes.

La votación en Diputados concluyó el sábado por la madrugada.

Por Roberto Medina

/ 28 de noviembre de 2022 / 14:10

A pesar de que la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 fue aprobada el sábado en la Cámara de Diputados, es posible que la norma no corra la misma suerte en Senadores debido a los límites de la Constitución.

Ante la consulta de si es posible que los senadores sancionen el proyecto, William Torrez, dijo que “no precisamente todos los proyectos de ley aprobados en Diputados y remitidos al Senado están acordes a la Constitución y las leyes”.

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“La Cámara de Senadores, por responsabilidad, no puede emitir juicio de valor del proyecto de ley aprobado en Diputados en razón de la experiencia del pasado” explicó este lunes a La Razón Radio el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz.

Con estas declaraciones, advirtió de que la Cámara de Senadores no aprobará la ley del Censo si no condice con la Constitución Política del Estado y los reglamentos camarales.

“Ojalá este no sea el caso. Hay que esperar el proyecto, revisarlo y remitirlo a la Comisión de Constitución”, acotó Torrez.

¿Qué dice la Constitución?

Torrez recordó que la distribución de escaños con base en los resultados del Censo está expuesta en el artículo 146 de la Constitución Política del Estado y no necesita de ninguna ley.

Asimismo, dijo que la redistribución de recursos de coparticipación también está contemplada en la Constitución y la Ley 026, de Régimen Electoral.

Entonces, “¿cuál el apuro de que se apruebe la ley?”, cuestionó. Sugirió la primacía de la cordura y la razón.

La Constitución señala que primero debe realizarse el Censo y con base en esos datos el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejecutará la distribución de escaños y luego proponer una ley a la Asamblea Legislativa para su validación.

Aprobación

La madrugada del sábado, la Cámara de Diputados aprobó la ley por más de dos tercios de los presentes. De 119 legisladores, 91 la aprobaron, 25 la rechazaron y tres votaron en blanco.

Aunque el presidente de Diputados, Jerges Mercado, dijo que, una vez aprobada la ley, de inmediato fue remitida al Senado, Torrez aseguró que hasta la mañana de este lunes no había sido remitida aún a Senadores.

Censo

De acuerdo con Torrez, el Comité Interinstitucional, la Gobernación, la Universidad Gabriel René Moreno y el Comité pro Santa Cruz nunca le dijeron la verdad a los cruceños sobre la realización del Censo, y ahora encuentran su única salida a la aprobación de la ley.

Esas instituciones promovieron un paro indefinido desde el 22 de octubre con la premisa de “sí o sí” Censo en 2023.

Luego de varias mesas técnicas, el 11 de noviembre, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4824, que define el Censo para el 23 de marzo de 2024 y el inicio de la redistribución de recursos a partir de septiembre de ese año.

Ante la imposibilidad de conseguir su propósito, el Comité Interinstitucionan demandó la promulgación de una ley que garantice la realización del Censo.

Tabla de salvación

“Su única salida es que se apruebe una ley (del Censo) que, desde mi perspectiva, es irrelevante porque los términos están plasmados en el Decreto Supremo 4824. El Censo está adelante aún sin la aprobación de la ley”, aseguró Torrez.

Reiteró que la aprobación de la ley será la “tabla de salvación” para las élites cruceñas, en este caso para Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar, los líderes cruceños que mantuvieron un paro indefinido durante 36 días bajo la consigna Censo en 2023.

Desaprobación

El legislador recordó que el sábado, cuando Calvo anunció la suspensión del paro, muchos cruceños expresaron su indignación y fueron a apedrear su casa, e incluso se le cortó la energía eléctrica a su domicilio.

“Con la ley es lanzar una tabla de salvación a líderes que mintieron al pueblo”, cuestionó Torrez.

La Cámara de Senadores citó para las 08.30 de este martes a una nueva sesión, en la que se prevé la transmisión del proyecto de Ley 05 a una comisión camaral.

A pesar de su aprobación en Diputados, hay senadores que no están de acuerdo con la ley debido a que implicaría restar atribuciones del presidente Arce sobre el Censo.

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La CIDH llega a Bolivia para verificar los avances en las recomendaciones del GIEI

La delegación llegará el 23 de enero en la primera de cuatro visitas programas para este año. Se reunirán con autoridades y organizaciones de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal.

Una misión de la CIDH llegará la próxima semana a Bolivia. Foto: APG

/ 14 de enero de 2023 / 13:46

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) llegará a Bolivia el 23 de enero para verificar los avances de las recomendaciones que dio al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, recordó que es la segunda visita del grupo de expertos al país.

Para este año, la CIDH ha programado cuatro visitas a Bolivia.

«Esta visita se debe a la firma de un convenio entre el Estado boliviano y la CIDH a objeto de establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos», indicó Siles en entrevista con radio Cepra.

Siles indicó que en esta visita las reuniones se realizarán a nivel ejecutivo porque arribará al país un comisionado de la CIDH junto a su equipo.

Reuniones

Asimismo, el viceministro anticipó que se prevén reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General.

Además, también habrá encuentros con el Tribunal Supremo de Justicia y organizaciones de víctimas de Senkata, Sacaba y El Pedregal.

“El GIEI emitió 36 recomendaciones, de las cuales 15 fueron priorizadas, como el inicio, continuación y finalización de los procesos de investigación de las masacres de noviembre de 2019”, recordó.

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La autoridad adelantó que se está realizando una sistematización de todos los avances de las recomendaciones para ser presentadas a la delegación de la CIDH.

Antecedentes

En diciembre de 2019, la CIDH y el Estado suscribieron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante los conflictos sociales de 2019.

En agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó públicamente su informe final y emitió 36 recomendaciones dirigidas al Estado, a la sociedad y a la CIDH.

En el documento instan al gobierno a crear un mecanismo de seguimiento nacional y otro de seguimiento especial para monitorear el nivel de cumplimiento de las recomendaciones.

Con ese objetivo, en marzo de 2022 se instaló la Mesa de Seguimiento para Bolivia con la misión de realizar acompañamientos especializados a las autoridades en la implementación de las recomendaciones.

La CIDH acordó un plan de trabajo con el Estado, que incluye visitas al país para recibir información en terreno, así como apoyo técnico, entre otros.

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La Policía refuerza la seguridad en el Desaguadero y da garantías a los choferes parados

Más de 30 efectivos fueron enviados a la frontera con Perú, donde hay más de 300 camiones sin poder pasar.

Los policías reforzarán la seguridad en Desaguadero. Foto: APG

/ 14 de enero de 2023 / 13:26

La Policía nacional envió unos 30 efectivos al Desaguadero para reforzar el control y darle seguridad a los más de 300 choferes que se encuentran varados con sus vehículos debido a los conflictos sociales en Perú.

El coronel Rolando Rojas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), dijo que los uniformados viajaron con la misión de patrullar la región.

Actualmente en ese sector hay mayor movimiento debido a la cantidad de personas que no pueden ingresar a Perú.

“La Policía está comprometida en asegurar la frontera, se enviaron refuerzos para dar seguridad a los choferes que están varados. Se mandó unos 30 efectivos”, dijo.

Rojas explicó que el movimiento de personas y vehículos en esa región fronteriza se ha incrementado tras los conflictos en Perú, por lo que es necesario un control más efectivo.

“El compromiso es darle seguridad y estaremos todo el tiempo que sea necesario para darles tranquilidad”, acotó.

La autoridad recomendó a los choferes que no viajen a ese sector pues el conflicto en Perú continúa y les sugirió quedarse en El Alto o en otras regiones para estar más seguros.

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“Allá (en Desaguadero) ya está la policía y daremos la seguridad necesaria a quienes permanecen varados”.

Desaguadero afectado

Tras una tregua por las fiestas de fin de año, el 4 de enero se reiniciaron los bloqueos en la frontera con Perú contra la presidenta Dina Boluarte.

Hay bloqueo de carreteras y manifestaciones en varias regiones, que exigen la renuncia de la mandataria.

Piden además el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.

Este conflicto ocasiona que muchos de los transportistas bolivianos se encuentren parados en el lado boliviano, sin poder llevar su carga a puertos peruanos.

Los comerciantes también están perjudicados debido a que no pueden vender y comprar mercadería.

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Elecciones judiciales se activarán a partir de que la Asamblea remita la lista oficial de candidatos

El TSE prevé un presupuesto de Bs 204 millones para la realización de la elección de magistrados.

Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz.

Por Boris Góngora

/ 14 de enero de 2023 / 13:16

La vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, dijo este sábado que el proceso electoral para las elecciones judiciales 2023 se activará a partir de que la Asamblea Legislativa Plurinacional remita la lista oficial de las candidatas y los candidatos para su elección.

“La competencia que tenemos nosotros nace a partir de la remisión de las listas oficiales de candidatos y candidatas para la elección judicial», dijo Chuquimia.

Añadió que «previo a ese trabajo, para que se mueva la maquina electoral, existe la presencia y participación del Órgano Legislativo, es decir la Asamblea tendrá en sus manos el lanzamiento de la convocatoria pública para la elección de las y los candidatos”. 

Este año, de acuerdo a la Constitución, se llevará el proceso electoral de autoridades judiciales para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y miembros del Consejo de la Magistratura (CM).

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Chuquimia señaló que la Asamblea Legislativa deberá lanzar una convocatoria y realizar un proceso de selección de candidatos y, posteriormente, de acuerdo a sus reglamentos, deberán aprobar la lista de candidatos por dos tercios.

“En las lista debe haber el 50% de varones y 50% de mujeres, así como la presencia de indígenas”.

“Una vez concluido ese trabajo, se remitirán las listas oficiales al TSE, a partir de la cual el Órgano Electoral Plurinacional y la Sala Plena deberán hacer una convocatoria y un calendario electoral para las elecciones judiciales”, añadió.

Plazos

Entre los plazos previstos para la realización de este evento, la vocal indicó que se prevé un plazo perentorio de 150 días para la elección de autoridades judiciales. 

“Es diferente cuando se lleva un proceso electoral para la elección de autoridades nacionales. Sin embargo, los plazos pueden estar alrededor de 150 días y (este) proceso electoral podría realizarse en el último trimestre de este año de 2023”, explicó.

La vocal también indicó que el presupuesto programado para este evento judicial está alrededor de 204 millones de bolivianos.

“Se hacen los ajustes y finalmente se hace un monto total, pero de momento se ha hecho el trabajo en función de los requerimientos que se pueda tener desde el Órgano Electoral”.

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Fiscalía de Puno abre investigación contra Evo Morales por presunta intención de dividir Perú

Morales, a través de su cuenta de Twitter, lamentó que congresistas “procesados” le inicien un proceso penal con el objetivo de ocultar el genocidio que se registra en ese país.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, en una conferencia.

Por Yuri Flores

/ 14 de enero de 2023 / 13:04

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, Perú, dispuso abrir una investigación preliminar contra el expresidente boliviano Evo Morales por el delito de “seguridad nacional – traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional”, entre otros.

Según el diario El Comercio de Perú, la investigación preliminar se abrió tras la denuncia penal presentada la semana pasada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).

La denuncia establece que una supuesta acción como “el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales”.

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En la demanda también se señala que “se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”.

La denuncia se argumenta con pronunciamientos en universidades, asambleas y mensajes en Twitter, “arengando a las masa a llevar adelanto la separación” de regiones como Puno, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Moquegua y Tacna, con “la finalidad de formar un nueva república”.

Restricción

El 9 de enero, el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, determinó la prohibición del ingreso a ese país a Evo Morales y ocho bolivianos más debido a que “habrían ingresado a territorio peruano para efectuar actividades de índole política proselitista”.

En tanto, Morales, a través de su cuenta de Twitter, lamentó que congresistas “procesados” le inicien un proceso penal con el objetivo de ocultar el genocidio que se registra en Perú.

“Congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo, cometen delito de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente; todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos”, escribió Morales.

Desde el 7 de diciembre de 2022, cuando se destituyó y encarceló a Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, hasta el 12 de enero, se registraron 49 personas asesinadas por armas de fuego que pedían la renuncia de Boluarte.

La demanda del congresista Montoya también es contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza.

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Ampliación de la investigación: Gobierno pide sumar a quienes recibieron dinero de Camacho

Camacho recibió dinero de su papá y de su hermana, entre otros.

El gobernador Luis Fernando Camacho en su audiencia virtual, este miércoles.

Por Roberto Medina

/ 14 de enero de 2023 / 06:48

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que su cartera de Estado solicitó la ampliación de investigación en contra de quienes recibieron dinero de Luis Fernando Camacho en la crisis política y social de 2019.

“El Ministerio de Gobierno, como parte también acusadora dentro de este caso, con la única finalidad de que el pueblo boliviano realmente sepa lo que aconteció y sucedió en la gestión 2019, va a solicitar ampliación en contra de otros sujetos”, dijo Del Castillo.

El 20 de octubre de 2019, luego de las fallidas elecciones generales, se desató una crisis política y social en el país bajo la consigna de “fraude electoral”.

Durante 21 días ocurrieron movilizaciones en todo el país, las que culminaron con el derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el 12, como presidenta.

Durante esos días, el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró gran protagonismo porque demandó la renuncia de Morales.

camacho-trasferencias

A inicios de este año se conoció que, durante esos días, hubo varias transferencias de grandes sumas de dinero entre Camacho, sus familiares, su abogado y el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

De acuerdo con la denuncia que hizo Del Castillo, el pasado 5 de enero, el padre de Luis Fernando Camacho ( José Luis Camacho), su hermana (Rosa María), su secretario Miguel Ángel Navarro y el excomandante de la FAB general Gonzalo Terceros figuran en la lista de transferencias de dinero durante esa crisis. Este último guarda detención preventiva en el penal de Palmasola por el caso Golpe de Estado I.

Según el detalle proporcionado en ese entonces por Del Castillo, los movimientos en la cuenta bancaria de Camacho entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 llegan a al menos Bs 4,5 millones.

De este monto, Bs 2,1 millones le fueron depositados a su cuenta en una entidad financiera y Bs 2,4 millones en transferencias a las cuentas de otras personas.

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Desde el pasado 30 de diciembre, Camacho está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro (La Paz).

Está acusado del delito de terrorismo, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I.

El jueves se conoció la ampliación de la investigación en su contra por los delitos de cohecho y seducción de tropas.

La Fiscalía presentó la ampliación de la denuncia contra Camacho ante el Juez Décimo de Instrucción Penal Cautelar con el fin de evitar “futuras nulidades” por el caso que se le investiga.

“Si se está investigando en contra de esta persona (Camacho) dos nuevos delitos que habrían ocurrido en noviembre de 2019, también se tiene que investigar a quienes recibieron ese dinero”, apuntó Del Castillo.

El Ministro de Gobierno considera que “mínimamente” se debe investigar a Terceros, “porque sería el sujeto que habría recibido dinero y recursos propios de Camacho”.

Añadió que parte de la investigación es conocer el origen de dichos recursos económicos.

“Tenemos conocimiento que el Ministerio Público ha solicitado un informe a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y que será arribado al cuaderno de investigaciones en próximos días para que el pueblo boliviano tenga conocimiento de los grandes movimientos económicos que se realizaron días previos, el día y días posteriores al golpe de Estado”, aseveró.

Finalizó indicando que, a la conclusión de la investigación de la UIF, elaborará un informe conforme a la normativa internacional y adjuntará al cuaderno de investigaciones.

El Ministerio Público determinará si existen otras personas a ser investigadas. 

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