El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, convocó a una sesión ordinaria para el martes a las 08.30.
La convocatoria contempla cinco puntos.
Sin embargo, no especifica si el análisis de la ley por el Censo será abordado por ese órgano camaral.
La dirigencia del Comité Interinstitucional, que lideró el paro regional de 36 días en Santa Cruz, espera que la norma se sancione en la Cámara Alta.
Pero los legisladores de oposición también apuestan a que los miembros del Senado aprueben la norma “lo más pronto posible”.
Senadores
Aprobada la madrugada del sábado, la ley denominada “Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral” fue respaldad “por más de dos tercios” de los miembros en la Cámara de Diputados.
Dicha propuesta fue presentada por la Constitución de Constitución de ese órgano camaral.
El viernes, luego de varias jornadas de debate y cuartos intermedio oficialismo y oposición hallaron consenso.
Incluso, hubo bochorno de por medio.
Horas después de la aprobación, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, determinó la suspensión del paro que cumplía entonces 36 días.
La exigencia, inicialmente, demandaba un empadronamiento en 2023.
Sin embargo, el Gobierno demostró técnicamente que las 750 actividades de ese proceso debían realizarse hasta el 23 de marzo de 2024.
Lego la exigencia cruceña radicaba en la redistribución de ingresos y la asignación de escaños parlamentarios antes de las elecciones de 2025.
En esa línea, los tres órganos del Estado determinaron que la entrega de resultado del empadronamiento en septiembre es “suficiente” para la asignación de escaños.
Entonces se exigió que el decreto presentado por el Gobierno sea abordado en la Asamblea Legislativa.
Eso con el fin de convertirla en ley y agregar la fecha de la asignación de escaños.
Por su parte, calvo aseguró que, si bien la protesta se suspende, “nos mantendremos en vigilia hasta septiembre”, para ver que se cumplan los compromisos.
El paro en santa Cruz, según datos del Gobierno, generó pérdidas por al menos $us 1.296 millones.