Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, conminó a diputados y senadores a aprobar el proyecto de Ley 035, de Límites de la Fracción Solidaria y advirtió con la toma física de su edificio si no ocurre.

“Estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y trabajadores, (que) si no promulgan el proyecto de Ley de la modificación en los límites solidarios, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional y vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley”, dijo el dirigente de los trabajadores en una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.

“Ya hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto” agregó y calificó de “sana” su advertencia.

El contenido de esa ley generó diferentes interpretaciones que impulsaron a algunos sectores como salud y magisterio a movilizarse. Consideraron que la disposición adicional Única de ese proyecto de ley implica una “jubilación forzosa”.

En realidad, dicha disposición señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

COB

En el segundo día de protestas propiciado por el magisterio, incluso con bloqueo de las principales calles y avenidas del centro de La Paz, el ministerio de Educación convocó a la dirigencia.

La protesta generó enfrentamientos entre ese sector y miembros de la Policía Boliviana; el resultado, al menos una decena de heridos.

Otro sector que se movilizó en la sede de gobierno es el de salud, cuya dirigencia fue convocada por el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

El fin de ese encuentro es explicar el contenido de la propuesta y aclarar las dudas sobre ella.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó en una conferencia de prensa que existen en el país 17.800 personas jubiladas que siguen trabajando. Entretanto, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a través de un cuestionario, informó a la Razón que el 62% de ellos pertenece a los sectores movilizados.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la APS.

Luego de un encuentro entre el presidente Luis Arce y otras autoridades del Estado con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), el mandatario anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico.

“Se ha acordado con La COB un incremento al salario mínimo nacional del 5,85% al salario mínimo nacional (…); adicionalmente, se ha acordado el incremento del 3% al haber básico”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa junto con dirigentes de la organización en Casa Grande del Pueblo en La Paz.

Con el nuevo incremento salarial, el nuevo salario mínimo nacional asciende a Bs 2.500. “Con esto cuidamos, no solamente las finanzas públicas, sino preservamos la generación de empleos en nuestro país y el crecimiento económico y la estabilidad económica (con la) que tanto estamos beneficiándonos”.

Dicha determinación, como es costumbre, tiene un carácter retroactivo a enero de este año.

“Con estos incrementos, estamos seguros que la economía no solo va a mantenerse estable, sino va a continuar creciendo, pese a los efectos externos e internos en el país, sigue avanzando y creciendo”, agregó.

Incremento

Además, el jefe de Estado destacó la “madurez” de la dirigencia de la COB y dijo que eso permitió el acuerdo entre el ente matriz de los trabajadores y el Gobierno.

“El país tiene que funcionar en base a la racionalidad y no en base a los caprichos de nadie”, añadió.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, remarcó que su propuesta de incremento fue “saludable” y que su planteamiento respondió a la situación económica nacional y mundial.

“Para nosotros, la respuesta que hemos recibido ha sido importante y contundente (…). Las reuniones han sido productivas, coherentes, sanas y razonables”, dijo.

“La COB no solo busca un interés salarial, sino peleamos la plusvalía de nuestro esfuerzo y a través de ello, la recompensa es un salario”, indicó.

En febrero de este año, la COB planteó al Gobierno un incremento del 7% al haber básico y 8%. Recogida por el Gobierno, la propuesta fue sometida a mesas técnicas de trabajo.

“De continuar esta negativa a encontrar un acuerdo y una convocatoria conjunta, que sería lo ideal, el riesgo de que el MAS desaparezca como sigla es inminente”, dijo el exvicepresidente del Estado Álvaro García Linera.

La exautoridad abordó la crisis de su partido en una entrevista con la red DTV, en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Por un lado, la facción liderada por el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Por su parte, el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

MAS

Ambas convocatorias se enfrentaron a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el lunes, luego de una serie de observaciones.

“Estamos en un punto de inflexión de la historia de este partido. Don congresos convocados, ninguno de ellos dos avalados por el TSE (…). Según estatutos, pareciera ser que ninguna de las dos convocatorias tuviera sustento y el TSE los ha conminado a corregir las debilidades”, agregó el otrora hombre de confianza de Morales.

Y siguió: “El MAS está a punto de perder la sigla, lo que sería una decisión nefasta y terrible”.

El quiebre político del MAS también llevó a las organizaciones sociales a apoyar, algunos al presidente Luis Arce y otras Evo Morales. Pero también se arrogan, por su lado, su legitimidad como “dueños del MAS”.

“El MAS es de las organizaciones sociales, así nació; no es de Evo Morales, pero Evo Morales es el presidente del MAS y, por estatutos, se requiere su firma para convocar a un congreso. Pero, igualmente, el MAS no es del Estado y menos de una persona que no pertenece a ninguna organización social, pero tiene el apoyo de algunas de ellas”, explicó García Linera.

Quiebre

En su criterio, Morales cuenta con la legitimidad “de una parte” orgánica del MAS y Arce tiene otra “parte orgánica” de esa fuerza política y que eso derivó en el quiebre y la fractura del “instrumento político”.

“De no haber un acuerdo entre estos dos líderes, el MAS perdería la posibilidad de competir en las elecciones (presidenciales) de 2025; es una cosa terrible”, lamentó.

Finalmente, Dijo que “es confuso y cansador” el problema entre Arce y Morales.

En una entrevista con la Razón Radio, el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe admitió que existe un riesgo de que el MAS pierda su sigla, pero para eso debe existir tres amonestaciones por incumplimiento a las determinaciones del TSE. “El MAS no tiene ninguna amonestación”, aclaró el vocal.

Sin embargo, detalló que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) tiene una amonestación cada una; el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tiene dos y solo la organización Chuquisaca Somos Todos vio “cancelada” su personería jurídica, luego de alcanzar las tres llamadas de atención.

El procurador general del Estado, César Siles, aclaró este martes que el caso de presunta corrupción en una la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni involucra a 12 personas que ya cuentan con mandamiento de aprehensión.

En conferencia de prensa, aclaró que el proceso no solo incluye al exministro de Minería y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, como reclamó el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Todos (los 12 investigados) tienen un flujo migratorio importante y reciente, que existen suficientes elementos de convicción, entre ellos, riesgo de fuga u obstaculización (…). Se expidieron 12 mandamientos de Aprehensión. No únicamente se encuentra aprehendido Echazú, sino que fueron aprehendidos Jorge Flores Mamani y Pol Quiroz Barrionuevo”, dijo en conferencia de prensa.

Mandamientos de aprehensión

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

“Son graves hechos de corrupción: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado”, detalló Siles.

El procurador remarcó que, desde el viernes, cuando comenzaron los actos investigativos del caso, se realizaron varias inspecciones y la toma de declaraciones “para recabar información” y dar con las personas responsables de esos actos.

“Son tres los hechos que se están investigando. Primero, la unidad solicitante que realizó las especificaciones técnicas mal elaboradas, mal diseñadas, que dieron lugar a un daño económico al Estado, luego, la supervisión y fiscalización, mal realizada y el mantenimiento que no se les ha dado a las piscinas”, explicó.

Luis Alberto Echazú

Relató que, en 2021, la construcción de la planta de carbonato de litio estaba en un estado “realmente lamentable y deplorable”; eso debido a que la infraestructura apenas “se encontraba en cimiento”. Detalló que las piscinas de esa factoría estaban “sin funcionar y en muy malas condiciones”.

“Hubo deficiencias en el diseño estructural de ingeniería, porque bajo esas condiciones nunca se hubiera llegado a la producción de carbonato de litio. El origen de estos delitos es el diseño, los términos de referencia y las especificaciones técnicas”, explicó Siles.

Recordó que la Procuraduría, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el Ministerio de Hidrocarburos y el Gobierno son las partes denunciantes de estos hechos y que las investigaciones seguirán su curso.

La detención de Echazú, de 74 años de edad, generó revuelo y varias críticas, principalmente en la arena política. Al ser parte del gobierno de Evo Morales, algunos atribuyeron el hecho a una “decisión política”.