La noche de este miércoles, al cierre de la jornada del “cabildo nacional”, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la aplicación de los resultados es “inconstitucional”.

En ese marco, se refirió a las determinaciones que se asumieron en Santa Cruz, que fueron encargadas a la Asamblea Legislativa de ese departamento, a través de diferentes proyectos de ley.

“La aplicación de los resultados del Cabildo es inconstitucional, buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos” (sic), escribió Lima en su Twitter.

El ministro reaccionó así a las decisiones que se asumieron este miércoles, en el cabildo cruceño.

Una de ellas está referida a demandar una ley de amnistía al Gobierno nacional para todos los “presos políticos”, caso contrario anunció la activación de un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce.

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El Comité pro Santa Cruz indicó que hay “más de 180 presos políticos de este régimen”, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, por el cual guarda detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro.

Se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.

Horas antes, el ministro Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Asimismo, el cabildo cruceño puso a consideración que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe una ley para la creación de una “guardia departamental”, para la provisión de seguridad ciudadana, en lugar de la Policía Nacional.

Y en el marco de lo que se denominó un “cabildo nacional por justicia”, Calvo también entregó un proyecto ley para el nacimiento de un Defensor del Pueblo departamental, la cual sea debatida de forma inmediata por la Asamblea Legislativa Departamental.

El “cabildo nacional” convocado por el Comité pro Santa Cruz, que debía realizarse de forma simultánea en todo el país, no contó con la supervisión ni el acompañamiento del Órgano Electoral, al tratarse de un mecanismo constitucional “de democracia directa y participativa”.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia explicó que ninguna institución del país hizo la respectiva solicitud a esa entidad ni a ningún Tribunal Electoral Departamental (TED).

“El Tribunal Supremo Electoral y ningún Tribunal Electoral Departamental ha recibido una solicitud de acompañamiento a los cabildos”, afirmó la autoridad electoral.

En ese marco, explicó que de acuerdo con el reglamento electoral, todas las instancias e instituciones que requieran acompañamiento para ese tipo de actividades, tienen que hacerlo con 10 días de anticipación.

Este es el procedimiento, “porque tenemos que disponer la presencia de recursos humanos y recursos técnicos”, agregó Chuquimia.

La vocal recordó que el Órgano Electoral sí fue convocado para los cabildos que se realizaron en septiembre y octubre de 2022, respectivamente, cuando estaba en discusión la fecha del Censo.

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A fin de darle legalidad a las decisiones del cabildo, las instituciones cruceñas convocaron al TED de Santa Cruz, para acompañar esas concentraciones y tomen nota de las decisiones que emanen de esa actividad.

Al respecto, la presidenta del TED cruceño, María Cristina Claros, afirmó que su labor se limitó a la “observación” del evento.

En tanto, la vocal Dina Chuquimia reiteró que la presencia del TED en el cabildo fue para “observar y acompañar” la actividad, lo que no significa que eso legalice las decisiones que emanaron del encuentro.

No obstante, en esta oportunidad, el Órgano Electoral no fue convocado, ni siquiera por el Comité pro Santa Cruz que la pasada semana convocó a los comités de los nueve departamentos, además de El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.

Una de las principales demandas en esos encuentros fue la “defensa de la democracia, justicia y liberación” de quienes ellos consideran “presos políticos”, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, hoy detenida por el proceso denominado Golpe de Estado I y con una condena de 10 años, por el caso Golpe de Estado II.

En el primer hecho también fue implicado el gobernador cruceño y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro, desde fines de 2022.

En ese marco, los cabildos —entre otras cosas— coincidieron en demandar “amnistía” para esos “ presos políticos”, entre los que están exministros, además de exjefes policiales y militares.

Al respecto, horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Respecto a la legalidad del cabildo, Lima afirmó que esa convocatoria, al tener un carácter “nacional”, debió solicitar el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), situación que no ocurrió.

Durante el cabildo realizado en La Paz, este jueves, los asistentes aprobaron ocho demandas, entre ellas, una amnistía para liberar a los “presos políticos”, además de la conformación de un bloque opositor de unidad para hacer frente al MAS en las elecciones generales de 2025.

El encuentro paceño fue parte del “cabildo nacional” que fue convocado, la pasada semana, por el Comité pro Santa Cruz, “en defensa de la democracia, justicia y la liberación” de líderes y actores políticos opositores al Gobierno.

En el cabildo de La Paz participaron cívicos, plataformas ciudadanas, además de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, hoy detenida por el proceso denominado Golpe de Estado I y con una condena de 10 años, por el caso Golpe de Estado II.

En el primer hecho también fue implicado el gobernador cruceño y exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente en el penal paceño de Chonchocoro, desde fines de 2022.

Junto a ellos, la Justicia procesó a exjefes policiales y militares, exministros y otras autoridades del gobierno transitorio de Áñez (2019-2020).
Según el movimiento cívico, son más de 190 “presos políticos”, por quienes se abogó este miércoles para que recuperen su libertad.

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En ese marco, el cabildo exigió “la amnistía inmediata y poner en libertad pura y simple a todos los detenidos políticos privados de libertad y que ya suman más 198 detenidos por el actual régimen dictatorial y autoritario del MAS – IPSP y Luis Alberto Arce Catacora”.

A esto se suma la demanda de anular los procesos “inventados” por el Gobierno en contra de representantes cívicos y sindicales que guardan detención preventiva por los casos Golpe I y Golpe II.

Horas antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Además, el cabildo pidió “conformar un bloque de unidad con todas las fuerzas democráticas de oposición en defensa de nuestra democracia, la justicia y la libertad del pueblo boliviano”, de cara a las elecciones de 2025.

Similares medidas se asumieron en Santa Cruz, donde también se llevó a cabo el cabildo, de forma simultánea.

“Desde hace 16 años venimos enfrentando un régimen autoritario. La lucha es de todos ustedes, hastiados de los atropellos de Evo, cansados de sus arbitrariedades”, manifestó Ribera, durante su intervención en el encuentro de La Paz.

Por otra parte, también se demandó “dejar sin efecto” la nueva currícula escolar que será aplicada desde este año en las unidades educativas de todo el país, bajo el argumento de que se busca “adoctrinar” a los estudiantes.

En esa línea, se pidió también abrogar la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez por ser “contradictoria con el avance y el desarrollo social del pueblo boliviano”.

Asimismo, se demandó “mejorar el presupuesto en salud”, con el objetivo de mejorar la atención de la población, a fin de implementar “tecnologías médicas y equipamiento en favor de nuestro pueblo boliviano”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

“Es lo que se está pidiendo en este cabildo. Han creado una categoría de 183 perseguidos políticos y están pidiendo que se decrete una amnistía; se preguntarán ¿quiénes son esas 183 personas? Entre ellas están los militares, policías y exministros acusados por las masacres de Sacaba y Senkata”, afirmó Lima.

En ese marco, el ministro de Justicia insistió que el “cabildo nacional” convocado para este miércoles busca “amnistiar a personas que han cometido graves violaciones de los derechos humanos”, sobre quienes pesa imputaciones y otros ya tienen detenciones preventivas.

“Pero este cabildo y otras movilizaciones, buscan dejar sin efecto los procesos mediante una amnistía”, reiteró Lima.

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La pasada semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunió con cívicos de otras regiones y representantes de plataformas ciudadanas; en ese marco, convocó a los comités de los nueve departamentos, además de El Alto, a sumarse al “cabildo nacional”.

El objetivo central del encuentro —que según Calvo se realiza de forma simultánea en todo el país— es demandar que el gobernador Luis Fernando Camacho se defienda en libertad luego que fue encarcelado en Chonchocoro, a fines de 2022.

La autoridad cruceña fue aprehendida el 28 de diciembre del año pasado por el caso Golpe de Estado I. En ese marco, la Fiscalía lo imputó por el delito de terrorismo y un juez cautelar determinó su detención preventiva, por cuatro meses.

Ante ese escenario, el movimiento cívico cruceño promovió el cabildo nacional, empero, cívicos y plataformas de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron que no participarán de la convocatoria.

El martes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, que detectaron “graves vulneraciones” cometidas principalmente por las fuerzas del orden durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

Tras esa administración, a la que el oficialismo calificó como “golpe de Estado”, se activaron una serie de procesos en contra exautoridades y líderes políticos opositores al actual gobierno de Luis Arce.

En ese marco, se iniciaron procesos a exjefes militares y policiales, además de exministros y autoridades como la expresidenta Áñez. La aprehensión más reciente fue la del gobernador Camacho, implicado en el caso Golpe de Estado I.

Ante este escenario, el movimiento cívico cruceño promovió este cabildo “en defensa de la democracia, justicia y liberación” de quienes ellos consideran “presos políticos”.

No obstante, Lima minimizó las demandas que vayan a emanar del encuentro, que además irían en contra de las disposiciones establecidas por organismos internacionales.

Respecto a la legalidad del cabildo anunciado, el ministro de Justicia indicó que al tener un carácter “nacional”, debió solicitar el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), situación que ocurrió.

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó el trabajo plural que desarrolla el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, que junto a su equipo técnico desarrollará una serie de actividades hasta el jueves 26 de enero.

Este martes, ese grupo de expertos inició una serie de encuentros con diferentes entidades del Estado, organizaciones políticas y de la sociedad civil para avances sobre el cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI, sobre la crisis de 2019.

El 22 de marzo se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg-Bolivia) con el fin de dar seguimiento a esas recomendaciones.

En ese marco, Lima destacó la apertura de la CIDH para sostener reuniones con diferentes sectores.

“Es un trabajo plural que están realizando, como debe ser el trabajo en derechos humanos. Se han reunido con diferentes actores, desde la mañana por ejemplo con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General”, explicó el ministro.

Reiteró que esta labor se desarrollará hasta el jueves, periodo que será usado para recabar información de diferentes instituciones, además de actores políticos y sociales.

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Lima precisó que este miércoles, el equipo de la CIDH viajará a Sucre con autoridades de la Fiscalía General del Estado, además de otras instituciones que tienen sede en esa ciudad, con víctimas de hechos que ocurrieron al sur del país y vocales electorales.

“Terminan su agenda el jueves con reuniones en La Paz, donde sostendrán encuentros con legisladores de diferentes fuerzas políticas, además de víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal”, explicó Lima.

Respecto al cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI, el ministro de Justicia evitó precisar una porcentaje de avance, pero detalló las áreas en las que se está trabajando.

“Hemos avanzado en atención a las víctimas, en la justicia y en las políticas públicas en las tres áreas hay avances, pero no hay un avance porcentual que pueda darse porque estas son tareas de mediano y largo plazo que van a ir consolidándose”, precisó Lima.

En marzo de 2022, la CIDH inició diálogos con el Gobierno nacional y conformaron una mesa de seguimiento para que Bolivia contribuya a la consolidación del diálogo con los diversos sectores de la sociedad en torno al proceso de cumplimiento de las recomendaciones.

“Lo importante es que el cumplimiento la mesa y de las recomendaciones no sea una declaración del ministro de Justicia o del Órgano Ejecutivo, sino, que tenga el acompañamiento y la evaluación de la CIDH. este es un Gobierno comprometido con los derechos humanos, abierto a la observación internacional”, aseveró.

Anunció que la Meseg-Bolivia entregará un informe final el 22 de marzo de 2023, al cumplirse un año de la conformación de la mesa de trabajo.

Detalló que en el marco a las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI se identificaron tres áreas: atención a las víctimas, justicia para las víctimas y políticas públicas.

Resaltó la actual consolidación de una política pública integral que fue validada por los sectores sociales y que contará con una ley, que ahora se trata en la Asamblea Legislativa.

En tanto, en el área de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Órgano Judicial deberán brindar un informe de los avances durante su reunión en Sucre.

Respecto a la atención a las víctimas, recordó el apoyo gubernamental para los familiares y las víctimas de los hechos luctuosos con la entrega de ayuda humanitaria, inserciones laborales para las víctimas y sus familiares, reembolsos por gastos médicos, becas académicas y técnicas, y el trámite gratuito de libretas de servicio militar.