La Cámara de Senadores aplazó el debate del proyecto de ley para la modificación de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que contempla una ampliación de plazos para la preselección de postulantes.

La solicitud fue planteada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores, que consideró “urgente” la ampliación de plazos en el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

“Estos próximos días vence el plazo y en determinado momento, si continúa tomando exámenes en dos o tres días las constituciones y pasa ese plazo, ya sería ilegal. Ahí, cualquiera puede hacer un amparo y, con seguridad, le van a dar la razón. Tampoco podemos sentarnos a esperar que se cumpla el plazo”, defendió Flores.

Aprobada la solicitud por 20 de los 29 senadores presentes, el debate se reinstalará el jueves.

Preselección

La propuesta del legislador oficialista ocurre luego de la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

La audiencia por ese amparo estaba programada para el lunes de esta semana, en la capital cruceña. Sin embargo, el acto judicial fue suspendido para este viernes.

El lunes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, reclamó que un amparo haya frenado la preselección y reivindicó la independencia de los órganos del Estado.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Plazos

Según el cronograma establecido en la Ley 1549, el 21 de abril debió culminar la evaluación de méritos y los exámenes de los postulantes. Del 22 al 26 de abril, las Comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección, estaba prevista la elaboración del informe con la lista de postulantes y su remisión a la Presidencia de la Asamblea legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, se prevé el debate de la lista de candidatos en la Asamblea legislativa. Finalmente, la remisión de la lista de 192 postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ocurrir entre el 5 y 6 de mayo.

Luego de eso, el TSE tiene hasta 150 días para la organización de las elecciones judiciales.

La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.

Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.

La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.

Piscinas

Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.

La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.

A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.

Aprehendidos

Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.

Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.

Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.

El expresidente Evo Morales criticó este miércoles que, a más de tres años y medio de gestión del presidente Luis Arce, no haya “ningún resultado” de la anunciada industrialización del litio.

“El Gobierno, con bombos y platillos, al inicio de su gestión, anunció un nuevo plan de industrialización con la extracción directa del litio (…). Pasaron 3 años y medio, no vemos ningún resultado (sic)”, publicó Morales en su cuenta de X.

La crítica del exmandatario a su otrora elogiado ministro de Economía sucede a la aprehensión del exministro Luis Alberto Echazú, que fue titular de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos de la gestión de Morales.

Evo Morales

El Ministerio Público, a instancias de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga a 10 exfuncionarios de la estatal y otras dos personas por supuestos daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Uyuni Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

El martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que las 12 personas implicadas cuentan con una orden de aprehensión; de ellas, tres ya fueron ejecutadas, una de Echazú.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público expone una serie de “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de esa factoría. Según el reclamo, solo cinco están en funcionamiento debido a problemas desde su construcción y los materiales usados en ella.

Planta de litio

“Hubo deficiencias en el diseño estructural de ingeniería, porque bajo esas condiciones nunca se hubiera llegado a la producción de carbonato de litio. El origen de estos delitos es el diseño, los términos de referencia y las especificaciones técnicas”, explicó Siles el martes en una conferencia de prensa.

La detención de Echazú hizo que el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cierre filas en torno al exfuncionario; sus miembros denunciaron una supuesta “persecución política” por parte del Gobierno.

“Con la detención de Alberto Echazú y otros exfuncionarios quieren tapar su fracaso de haber optado por la extracción directa del litio”, agregó Morales.

 El presidente Luis Arce entregó este miércoles el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca, debido a su viaje a Venezuela, para participar de la XXIII cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Alba-TCP.

“Entregamos el Bastón de Mando a nuestro jilata vicepresidente @LaramaDavid, antes de partir a la hermana República Bolivariana de Venezuela, la tierra de Bolívar, donde llevaremos la voz de Bolivia a la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del #ALBATCP”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X, la mañana de esta jornada.

Por su parte, desde Caracas, Venezuela, el vicecanciller Elmer Catarina informó que la llegada del mandatario y su delegación a la sede de ese evento está prevista para el mediodía de este miércoles.

“En esta visita se reafirman los valores del Alba-TCP, que son la solidaridad, reciprocidad y la defensa de la soberanía de las naciones de América Latina y El Caribe”, señaló en entrevista con Bolivia Tv.

Esta alianza de integración regional está conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica. También Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.