El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo este martes que “Derechos Reales es parte del tráfico de tierras” en el país porque inscribe predios para consolidar loteamientos y avasallamientos.
En ese contexto, la autoridad adelantó que junto al Ministerio de Justicia analizarán el proyecto de ley sancionado en la Asamblea Legislativa sobre la ampliación de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, para verificar que no sea aprovechada por los “traficantes de tierras”.
“Lamentablemente Derechos Reales es parte de este tráfico de tierras, de esta organización criminal de tierras porque son ellos los que inscriben predios incluso del área rural que corresponden al INRA”, dijo Silva.
Lamentó que se otorguen folios reales para consolidar loteamientos y avasallamientos, despojando a otras personas que habitan entre 20 y 30 años en esos lugares, “amparados por Derechos Reales”.
Observaciones
Justamente por esa preocupación es que el viceministro adelantó que hay que revisar bien la ampliación de la ley 247 y hacer las observaciones necesarias antes de que sea promulgada.
“Como Ministerio de Justicia estamos analizando este proyecto que ha sido sancionado en la Asamblea. Estamos analizando para ser las observaciones pertinentes y que sea el presidente quien tome la decisión”.
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Silva aclaró que hay que verificar que esta ampliación no beneficie a los loteadores ni avasalladores o que la vayan a usar para consolidar un hecho ilegal.
“Tenemos denuncias y ha sido parte de nuestra lucha en 2022 a la afectación del derecho propietario, el rol de Derechos Reales en cuanto hace a la propiedad”, acotó.
A criterio del viceministro la ley debe consolidar el derecho propietario de aquellas personas que viven 15, 20, 30 años y no han podido regularizar su situación.
“Ojalá que la norma y la reglamentación, que se debe hacer en 60 días, garantice el derecho propietario de las personas, la Constitución garantiza la propiedad privada y ninguna norma puede vulnerar ese derecho constitucional”, remarcó.
Ley 247
El proyecto de Ley 302/2021-2022 tiene por objeto ampliar hasta el 2025 la vigencia de la Ley 247 de Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, beneficiando con ello a más de cuatro millones de propietarios.
La ampliación de la Ley 247 permitirá que los Gobiernos Autónomos Municipales, Juzgados, Derechos Reales y vecinos continúen con los trámites pendientes de homologación del radio urbano y sus viviendas particulares, tanto en la vía judicial como administrativa.
La Ley 247 fue promulgada el 2012, fue modificada el 18 de septiembre de 2019, ampliándose por tres años la posibilidad para que las alcaldías y las familias propietarias de viviendas, homologuen su documentación.