El ministro de Justicia, Iván Lima reitero que la reforma judicial es una prioridad para el Gobierno; sin embargo, hay que respetar los tiempos y la Constitución por lo que desahució la iniciativa de juristas independientes. Según la autoridad, el trámite para llegar hasta un referéndum debe seguir todo un proceso y es probable que se concluya en 2029.

Lima hizo esa alusión refiriéndose a la recolección de firmas por juristas independientes que buscan la reforma judicial a través de un referéndum por iniciativa ciudadana.

“La elección de los magistrados es importante, pero no es el que hace estructuralmente a la reforma judicial en este momento. Son 26 altas autoridades que tienen que ser cambiados el 31 de diciembre”, explicó en Bolivia Tv.

«La convocatoria para tener la preselección debe completarse hasta julio para la remisión de listas al TSE, como pidió el presidente del Órgano Electoral y tener elecciones en octubre. Eso es parte de la reforma judicial, y el Gobierno garantizará el presupuesto, se requiere más de Bs 175 millones y debe garantizarse desde el Órgano Ejecutivo”, acotó.

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Lima habla de malos políticos

Asimismo, la autoridad dijo que aparentemente hay sectores del país que pretenden una ampliación de mandato de las actuales autoridades judiciales y apuntó a Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa.

“¿Hay alguien en el país que quiere que los actuales se queden? Aparentemente hay sectores del país que así lo pretenden, en esa línea está Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Malos políticos que buscan prórrogas a partir de no cumplir con la Constitución”, manifestó.

Explicó que, tras la recolección de un millón y medio de firmas, el proceso debe ir al TCP, luego volver a la Asamblea, donde se debe gestionar el presupuesto, discutir y debatir.

Lima lamentó que no se le explique todo eso a la gente que firma “de buena fe”.

“Hasta julio eso no se puede hacer. Esa propuesta estará discutida y debatida probablemente para 2029, en otro momento, pero ahora tenemos otra agenda», dijo Lima.

En enero, los juristas independientes iniciaron la recolección de firmas para impulsar un referéndum. El objetivo es modificar parcialmente la Constitución Política y lograr una reforma de la justicia. Deben reunir 1,5 millones de firmas.

Cinco de los siete altos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán esta semana a Bolivia para conocer “in situ” la situación de derechos y justicia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que los comisiones permanecerán en el país del 23 al 30 de marzo.

«Llega el más alto nivel de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene siete comisionados que son elegidos por los países de la región. Cinco de ellos han confirmado que llegan al país, la última semana de marzo», afirmó en entrevista con Bolivia TV.

 Explicó que estas altas autoridades realizarán una visita conocida «in situ» para conocer directamente y sin intermediarios la situación de los derechos humanos.

 Este mecanismo de la CIDH es de protección de derechos humanos y está previsto en su Reglamento.

 «La CIDH sólo puede realizar una visita in situ, si el país en cuestión le extiende una invitación», dijo.

Modelo

 En esta visita alguno o todos los comisionados se trasladan a un país en específico para monitorear la situación de derechos humanos y recabar información de primera mano sobre cómo los Estados están cumpliendo con sus obligaciones internacionales.

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 Lima detalló que, tras el arribo de los comisionados a La Paz, estos se reunirán primero con el vicepresidente David Choquehuanca.

 Después se reunirán con diferentes actores políticos del oficialismo y de la oposición política, además de los ministros del Estado y la sociedad civil. La actividad tendrá el mismo modelo de visita que hizo el relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán.

“Llegarán a La Paz y se dividirán en tres grupos, tal vez cuatro, que visitarán Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. El lunes y martes tendrán encuentros con el Estado, con la Asamblea Legislativa, con los ministros”.

CIDH en Sucre

Indicó que luego viajarán a Sucre para trabajar con el Fiscal general, el Tribunal Supremo, con la sociedad civil. El jueves terminarán de atender a los diferentes actores de la sociedad.

“En las visitas van a todas las cárceles del país, si ellos quieren visitar una en el país, les abrimos las puertas. Como Gobierno abrimos las puertas, nosotros respetamos la salud, el debido proceso. Si en algún momento deciden hablar con el gobernador Camacho o la exsenadora Añez, no va ver ninguna restricción”, acotó.

«Abrimos las puertas al escrutinio internacional (…) Pocos países tienen la apertura de Bolivia al escrutinio público de la comunidad internacional porque este país respeta los derechos humanos, respeta el debido proceso», remarcó Lima.

La visita termina el viernes con una reunión con el presidente Luis Arce y una reunión de evaluación con los ministros ligados al tema de derechos humanos.

Agenda

Remarco que los comisionados tendrán una agenda relacionada con temas de derechos humanos, por ejemplo, en medio ambiente y respeto a la vida de las mujeres. Verificarán también la problemática del racismo y discriminación y la justicia como punto relevante.

“La justicia está dando pasos, pero no a la velocidad que quisiéramos desde el Ejecutivo. Parte de esta visita tiene que ver con estas preocupaciones con relación a la Reforma Judicial en el país”, acotó.

En diciembre de 2019, la CIDH y el Estado suscribieron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante los conflictos sociales de 2019.

En agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó públicamente su informe final y emitió 36 recomendaciones dirigidas al Estado, a la sociedad y a la CIDH.

La CIDH acordó un plan de trabajo con el Estado, que incluye visitas al país para recibir información en terreno, así como apoyo técnico, entre otros.

El presidente del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, denunció en radio Kawsachun Coca que existe una persecución en su contra, instruida desde el Ministerio de Gobierno.

Hizo esa aseveración tras una evaluación a su viaje frustrado hasta la localidad de La Asunta, en Sud Yungas de La Paz.

“No pueden ser asambleístas de la oposición que han hecho seguimiento, el ministro de Gobierno designó a un mayor (de la policía) que haga seguimiento a Evo. Ojalá sea este seguimiento para darme seguridad no como una persecución y no para atentarme ni para montar. Si pasa algo va a ser responsabilidad del ministro (Eduardo del Castillo) ”, dijo Morales.

El exmandatario añadió que recibe información por parte de servidores policiales de alto y bajo rango, quienes le habrían alertado acerca de la designación de un uniformado con la misión de hacer seguimiento a sus actividades.

“No tengo por qué buscar información, no tendría por qué hacer inteligencia o contrainteligencia, los mismos hermanos policías de alto rango y bajo rango me informan de primera”, enfatizó.

En torno a un presunto vehículo indocumentado que hubiera sido utilizado para su traslado hasta La Asunta, el exmandatario señaló que fue el mismo auto con el que se trasladó hasta territorio peruano para recibir un reconocimiento. Descartó que sea «chuto».

Apuntó al equipo del Ministerio de Gobierno de divulgar información falsa a legisladores de oposición con el fin de dañar su imagen.

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Morales y EEUU

Morales presume que existe nexos entre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el narcotráfico. Respaldó aquella aseveración en supuestos informes de empresarios.

“Lamentablemente desde el Ministerio de Gobierno nos está castigando económicamente. Unos aprovechándose, otros castigados, tengo toda la información, ya algunos empresarios que tienen que ver con los radares me dieron datos. A veces da escalofríos escuchar los datos que nos dan cómo desde el Ministerio de Gobierno se maneja”, dijo Morales.

En criterio del exmandatario, el titular de Gobierno goza de protección de Estados Unidos en desmedro de su persona.

“Para Estados Unidos no le interesa si son ministros, narcos o corruptos con tal de que sean anti Evo es bien protegido. Porque sabe bien Estado Unidos cómo algunos sectores del Ministerio de Gobierno manejan el tema del narcotráfico. Pero somos viejos en ese tema y tal vez a eso se debe la persecución permanente”, señaló.

Continúa la revisión de la documentación presentada por personas que requieren el uso de vidrios polarizados para sus vehículos, informó este sábado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. La autoridad señaló que después de este proceso empezarán las sanciones.

“Som 140.000 solicitudes que hemos recibido, de las cuales un 65% son tramites que han sido aprobados. El 30% han sido rechazados y un 5% que actualmente está en revisión. Estos últimos días ha reducido drásticamente las solicitudes, pero son trámites que estamos atendiendo”, explicó la autoridad.

Pese a la ampliación de plazos, todavía muchos dueños de motorizados con vidrios oscurecidos esperan la autorización que les permita circular con normalidad. Quieren evitar ser sancionados por el organismo operativo de tránsito que se encarga de ejecutar los controles.

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Vidrios

El plazo para el registro venció en octubre de la gestión pasada, después fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 y posteriormente hasta el 31 de enero de 2023. No obstante, las largas filas en los puntos de registro obligaron a las autoridades a extender el plazo hasta el 28 de febrero.

Desde marzo debían empezar los controles y sanciones; sin embargo, se tomó la determinación de socializar la norma durante el mes. Posteriormente comenzarán las acciones, dijo el Viceministro de Seguridad Ciudadana, quien puntualizó que la multa es de Bs 100.

A poco de culminar el mes de marzo desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana todavía se viene trabajando en la revisión de requisitos para el uso de vidrios polarizados. Muchos ya habían anticipado el inicio de trámite por vía virtual y que no fueron concluidos.

Entre 2022 y febrero de 2023, en todo el país se registraron 94.000 trámites para solicitar autorizaciones.

El juzgado de Sentencia Penal Primero de La Paz declaró improcedente el pedido de acción de libertad planteado por el Defensor del Pueblo en favor del dirigente cocalero de los Yungas César Apaza, informó la abogada, Evelin Cossío.

“Tras la fundamentación se declaró improcedente. La Defensoría del Pueblo demandó al director del centro penitenciario de Chonchocoro y a quien debería haberse accionado es al director departamental de Régimen Penitenciario”, dijo,

La abogada del dirigente señaló que Apaza aún no puede movilizarse por cuenta propia por lo que debe ser colaborado por los propios internos del recinto de Chonchocoro. En ese contexto, presentaron otra acción de libertad que deberá ser resuelta este domingo.

“El día domingo a más tardar será la autoridad de turno de la ciudad de el Alto quien tome la determinación de esta acción de libertad. Se está demandando al ministro de Gobierno, al director general de Régimen Penitenciario y al director del Hospital de Clínicas”, señaló.

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Defensor

La abogada añadió que se formalizará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra autoridades estatales que hubieran vulnerado los derechos del cocalero.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el viernes una Acción de Libertad en resguardo del derecho a la vida y la salud del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza.

El jueves por la tarde Apaza fue retornado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en Viacha. Ese día, la comisión defensorial evidenció que sus signos vitales son estables, pero todavía presenta parálisis parcial en sus extremidades y “trastorno de adaptación”.

El cocalero continúa con la medicación con antibióticos y antihipertensivos.

Tras conocerse el fallo, La Razón buscó la versión del Defensor del Pueblo, no obstante, su equipo de comunicación señaló que se emitirá un comunicado institucional al respecto.