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Nuevo año judicial: Se buscará justicia por hechos de 2019 y se descarta reforma

Militares intervinieron con armas de fuego en Senkata, 2019. Foto: APG

Militares intervinieron con armas de fuego en Senkata, 2019. Foto: APG

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, aseguró que se buscará “justicia” por los hechos de violencia en los conflictos poselectorales de 2019.

Eso, en el marco de la inauguraación del nuevo año judicial.

Asimismo, dijo que no se puede llevar adelante la Reforma Judicial, debido a que no existe el consenso necesario para llevarla adelante, haciendo alusión a la coyuntura política.

Recordó que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) hizo, luego de entrevistas, una recomendación al Estado para la reparación a las víctimas de la violencia en 2019.

“Es el Órgano Judicial, el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo quienes tienen la tarea de buscar justicia y hacer que las víctimas de estos hechos consigan justicia”, dijo en el acto de inauguración, en Sucre.

Señaló que los responsables de esos actos, “no pueden quedar en el anonimato y en la impunidad”.

Recomendaciones sobre la Justicia

También evocó las 20 recomendaciones del relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Gracía-Sayán, en sentido del respeto a la independencia de la Justicia, la construcción de una carrera judicial, entre otras.

Además, nombró entre esas recomendaciones, “que son una atarea pendiente para el Estado”, la “reforma profunda” de la administración del sistema judicial.

“Tenemos tareas que deben ser enfrentadas como Estado (…). Se avizora que estos retos, posiblemente no se concreticen”.

Atribuyó eso a “una beligerancia política y la falta de un diálogo sincero”.

Habló específicamente de la situación generada por el movimiento cívico de Santa Cruz, que primero protestó por un Censo en 2023.

Actualmente, exige la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.

La autoridad cruceña se encuentra cumpliendo una detención preventiva de cuatro meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz, investigado por el caso Golpe I.

“Estamos encasillados en actitudes y posiciones mezquinas. Estamos viendo el interés propio de un grupo y una región”.