El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, afirmó este viernes que quiere “evitar polémica” y no referirse a la propuesta de “nuevo relacionamiento” anunciada el jueves por el presidente de Bolivia, Luis Arce.

“No quiero entrar en ninguna polémica; no me parece oportuno y no me parece conveniente; desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, dijo el titular de la diplomacia chilena a los periodistas en República Dominicana.

Precisamente en ese país se desarrolla la Cumbre Iberoamericana, evento que congrega a presidentes y cancilleres de la región.

En ocasión de los 144 años de la Defensa de Calama, el presidente Arce habló de la relación entre Bolivia y Chile. “Es momento de iniciar una etapa de nuevo relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco, sincero; con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan”, dijo el mandatario.

“Hay muchos temas en que realmente hay intereses comunes entre Chile y Bolivia”, señaló van Klaveren.

Arce y la relación con Chile

Arce planteó siete puntos sobre la relación de Bolivia con Chile; mar para Bolivia, aguas del Silala, cumplimiento del Tratado de 1904, privatización de puertos chilenos, litio, migraciones y contrabando y crimen organizado.

En ese acto, el mandatario afirmó que la pérdida de la condición marítima es más dolorosa porque es “una amputación del alma”; y que “es una herida abierta, no solo en nuestro país, sino en nuestra América”.

“Es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco, sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan”, dijo Arce.

Bolivia y Chile vieron sus relaciones afectadas, principalmente, por dos juicios internacionales; el primero, por la demanda marítima ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ). Ese fallo, del 1 de octubre de 2018, establece que “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia a fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico”.

En el segundo juicio, por el uso de las aguas del Silala, la misma CIJ determinó, el 1 de diciembre de 2022, que ambos países consideraban al Silala como un “curso de agua internacional”; Bolivia constató este hecho con un estudio que hizo para el país el Instituto de Hidrología de Dinamarca, en especial de las aguas subterráneas.

Eso fue celebrado por el gobierno de Chile, pero también por el presidente Arce. “La Corte Internacional de Justicia ratifica nuestros derechos sobre las aguas del #Silala y nuestra soberanía sobre el desmantelamiento de los canales artificiales”, escribió entonces en Twitter.

Bolivia perdió sus costas en el océano Pacífico luego de la invasión chilena del 14 de febrero de 1879. A lo largo de la historia, vanos fueron sus intentos por recuperar la soberanía sobre el mar, y en 1975 rompió definitivamente relaciones con Chile.

Sergio Bustillos, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), negó haber instruido la importación de vehículos ilegales, como lo acusó del capitán Javier Alberti, ahora detenido en Santa Cruz.

“Tengo 32 años de ejercicio policial, no tengo ni un proceso disciplinario, no tengo absolutamente nada. Tendrá que sopesarse varias acciones para que pueda develarse la verdad. Yo estoy llano para someterme a la jurisdicción que así sea conveniente y que se disponga “, indicó.

Bustillos recordó que el miércoles, cuando Alberti fue presentado como uno de los autores de un atraco en Santa Cruz, el oficial lo involucró en el traslado de vehículos chutos desde Chile.

“Con mi abogado vamos a tomar las acciones penales correspondientes”, adelantó el jefe de la FELCC, en respuesta a las alusiones del detenido.

Ese día, en medio de forcejeos y escándalo por parte del acusado, Alberti fue mostrado a los medios de información por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Soy inocente, no soy el de la fotografía”, vociferó el capitán.

El último fin de semana, Alberti y otro capitán de la Policía, Salomón Salek, fueron sorprendidos en una atraco a una persona en Santa Cruz, según muestra un video publicado en redes sociales.

Ambos están ahora detenidos, acusados de robo agravado.

En su defensa, Bustillos dijo conocer a Alberti solo por razones laborales. Reivindicó su trayectoria profesional y afirmó que no tiene ningún proceso disciplinario.

“Cualquier persona, así sea el delincuente más avezado, tiene el derecho a la defensa. Ya he coordinado con mi abogado se está coordinando las acciones a asumir de carácter legal”, insistió el jefe de la FELCC.

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Alberti está implicado en una serie de ilícitos desde el 2009. En su audiencia cautelar, el jueves en Santa Cruz, el juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 100 días.

Sobre él pesan faltas disciplinarias, además de delitos vinculados con la Ley 1008, extorsión y robo de vehículos, detalló el ministro Del Castillo el día de su presentación en La Paz.

Denuncias

“En 2009, es recluido en (el penal de) Palmasola por transportar 59 kilos de cocaína; luego, en 2015, por extorsión y privación de libertad. Alberti, en marzo de 2021 denunciado públicamente por extorsionar a transportistas en Challapata”, detalló el ministro.

“En junio de 2022 se vio involucrado en un robo de vehículos en Chile y su comercialización a nuestro país. El 2 de julio se aprehendió a Alberti por legitimación de ganancias ilícitas; dos días después detenido preventivamente en San Pedro, el 25, luego de 21 días, se benefició con detención domiciliaria”, añadió.

Asimismo, Del Castillo dijo que son cinco casos con antecedentes disciplinarios; tres con requerimiento fiscal de acusación y 10 casos que “lamentablemente” están rechazados o archivados.

En nota de prensa del organismo, la CIDH anunció que llegará a Bolivia para “observar la situación de derechos humanos en el país”; lo que equivale a decir, según el Gobierno, que no llegará para ver casos específicos, como pretenden sectores y personas.

“Ante informaciones tergiversadas, reiterar que no es una visita para atender denuncias o casos particulares. La visita tiene carácter general; monitoreo de la situación de los derechos humanos en Bolivia”, enfatizó ayer el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

En su nota de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) especifica que su observación será con un “enfoque en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los Órganos del Estado”; verá, además, los retos que hay en el país para el “acceso a la justicia y a las garantías judiciales”; registrará la situación de “los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”; y, tomará especial nota de “la discriminación estructural contra poblaciones en situación de vulnerabilidad”, en especial en relación al género y el origen étnico y racial de la gente.

ESCUCHA.

Pese a que la visita es de monitoreo en general, la CIDH, sin embargo, no deja de señalar que “tendrá espacios de escucha con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos que se anunciarán oportunamente”.

En la semana que termina, desde distintos lados se había pedido que la comisión visite a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Angélica Sosa, César Apaza, entre otros.

La CIDH, en su nota de prensa, remarca también que el objeto de la visita de la próxima semana no se lo puede confundir con el de la comisión que está siguiendo los hechos luctuosos de 2019.

“La Comisión subraya que esta visita tiene un ámbito distinto al trabajo que viene realizando a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Bolivia sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019”, destaca su nota.

Siles señaló que en la práctica hay dos agendas de reuniones y actividades: la “estatal”, que tiene que ver con encuentros con autoridades de los cuatro poderes en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre; y la agenda de los propios comisionados con la sociedad civil, la que depende exclusivamente del organismo.

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Viceministro y Comisión confirmaron que la visita será entre el 27 y 31 de marzo, y que los comisionados empezarán a llegar desde hoy, según el itinerario de los vuelos hacia el país.

Arribarán cinco de los siete comisionados que conforman la CIDH: la presidenta del organismo, Margarette May Macaulay; Joel Hernández, que también es relator para Bolivia; Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres; y, Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.

Sobre los penales que visitarán, Siles confirmó que estarán en San Pedro en La Paz, y Chonchocoro, en el municipio de Viacha.

Entre comisionados y su personal de apoyo, en total se espera la visita de al menos 25 personas.

El lunes 27 la actividad de los comisionados empezará con una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca; luego, con el canciller Rogelio Mayta; y, una tercera con el Ministerio de Justicia. “A partir de ahí, comisionados y sus equipos se distribuirán entre las cuatro ciudades”, informó Siles.

Solamente al final de su visita, los comisionados se reunirán con el presidente Luis Arce, y darán una conferencia de prensa.  

El fiscal que investiga la presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Javier Gorena, descartó convocar al ministro de Justicia, Iván Lima. Esto pese a que la autoridad difundió información referida al caso.

“En ningún momento se ha visto esa situación (de convocar a Lima), ni se ha visto necesario dentro de esta investigación”, afirmó.

“Lo que nosotros estamos investigando es un hecho concreto”, agregó el representante del Ministerio Público.

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En este caso se investiga la presunta coima que habría pagado el gerente de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a funcionarios de la ABC, a cambio de adjudicarse la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez. 

Desde la semana pasada, el ministro Lima difundió varios datos relativos a este caso, como la muerte del testigo protegido, Felipe Sandy Rivero, y sobre la devolución de casi $us 9 millones, de la presunta coima.

Fiscalía

Según el fiscal, la información que pueda tener Lima prácticamente ya sido puesta en conocimiento del Ministerio Público.

Dijo que no se puede desviar el objeto de investigación y tampoco emitir citaciones respecto a declaraciones.

La pasada semana, Lima develó que el testigo había fallecido en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos.

Lima

El presunto “testigo clave”, antes de morir, dejó un video en que develo detalles del caso.

A través del material audiovisual, denunció que era víctima de persecución política desde el Ministerio de Justicia, por develar irregularidades en la adjudicación de esa obra vial.

Tras las revelaciones del “testigo clave”, la dirección nacional del MAS pidió interpelar al ministro Lima.

Caso ABC

“Pedimos a la bancada de legisladores del MAS-IPSP llevar adelante una interpelación al Ministro de Justicia para que declare ante el pueblo todo lo que sabe de este caso”, señala parte de un comunicado del partido oficialista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Gobierno de Bolivia una solicitud para que se le informe sobre el estado de salud del dirigente cocalero César Apaza.

En febrero, el dirigente fue internado en el Hospital de Clínicas de La Paz, con un cuadro de embolia. No obstante, hace poco fue dado de alta y retornó al penal de Chonchocoro, donde cumple una detención preventiva.

Mediante una carta, del 21 de marzo, la CIDH explica que el pedido responde a la solicitud de medidas cautelares. Que hizo la senadora Centa Rek (Creemos), para “proteger la vida de Apaza”.

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“La solicitud señala que el propuesto beneficiario se encontraría en una situación de riesgo, debido a la falta de una adecuada atención en salud”, señala la carta, firmada por Fernanda dos Anjos, a nombre de la Secretaría General de la CIDH.

La carta pide a la Cancillería, que informe, en un plazo no mayor a 10 días, sobre la situación de Apaza.

En ese marco, se pidió documentación sobre el estado de salud del dirigente cocalero, exámenes médicos, información de su situación jurídica y del avance de las denuncias que realizó el peticionario, entre otros datos.

CIDH

El martes, la directora Nacional de Salud de la Dirección de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, informó que Apaza no sufrió una embolia.

“Se ha descartado la embolia, incluso el director del Hospital de Clínicas ha descartado, por las evaluaciones médicas que se le hizo”, afirmó García.

Apaza

El expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen, en septiembre del 2022.

Fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Cocalero

Empero, en noviembre del año pasado se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El 15 de febrero fue hospitalizado de emergencia en el Hospital de Clínicas debido a un cuadro de embolia que le paralizó medio cuerpo.