El exvicepresidente Álvaro García Linera confirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2025. Asimismo, instó a la unidad rumbo a esos comicios, en momentos que el MAS atraviesa por una crisis de división interna.

“No me interesan las pegas ni las candidaturas, no tengo interés de ser candidato a nada en las siguientes elecciones”, afirmó García Linera, durante una entrevista con el programa “Detrás de la verdad”.

En medio de un escenario de división, críticas y cuestionamientos entre “evistas”, seguidores del exmandatario Evo Morales, y “renovadores”, afines al presidente Luis Arce, el exvicepresidente instó a sostener reuniones para limar asperezas, para encarar los próximos comicios.

“Los que están ahora, lo están haciendo mal porque están dividiendo (…), el riesgo es que el MAS puede perder las elecciones de 2025 y que entre una derecha criminal”, alertó.

“Pongamos desde ahora el remedio, resuelvan sus diferencias y lleguemos unidos en torno a un nuevo proyecto de transformación”, enfatizó García Linera.

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En ese marco, calificó como “terrible” la división de la bancada del MAS en el Legislativo, situación que “nunca había pasado en 14 años”.

“Reúnanse para aprobar los créditos, hay que ponerse de acuerdo, sino se va a erosionar la credibilidad económica, todo por falta de economía política, hacer acuerdos políticos”, lamentó la autoridad.

El exvicepresidente advirtió en febrero que una eventual división del MAS es un “suicidio electoral”.

“Por motivos electorales es un suicidio político apostar a dividir y fragmentar nuestro proyecto”, aseguró García Linera en entrevista con el programa “Piedra, papel y tinta”, de La Razón.

El senador Rubén Gutiérrez (MAS) precisó que este martes se publicará la convocatoria en medios de circulación nacional, para que “el miércoles 29 de marzo inicie el proceso de recepción” de postulantes para las elecciones judiciales.

“Va a tener una duración de 80 días, todo el proceso de preselección, a cargo de la Asamblea Legislativa, que estará encomendada a la Comisión de Constitución y la de Justicia Plural”, precisó el legislador.

Detalló que el proceso estará dividido en 11 etapas, que estarán definidas en la convocatoria que será publicada este martes.

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Dijo que durante 14 días estará abierta la etapa de presentación de postulaciones; luego, se procederá a la apertura de los sobres para revisar los requisitos mínimos de los postulantes.

Después, se pasará a la etapa de la habilitación y luego se abrirá la fase de las impugnaciones.

“Una vez resueltas las impugnaciones, se pasa a las evaluaciones, tanto de la experiencia profesional, la formación académica y las entrevistas”, detalló el senador Gutiérrez.

Asamblea

En sesión plenaria, la noche de este lunes, el Legislativo aprobó el proyecto de Convocatoria y Reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

Así, se allanó la ruta para elegir a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Según la Constitución Política, las nuevas autoridades judiciales deben ser elegidas por voto popular.

De acuerdo con las previsiones y plazos normativos, esos comicios deben llevarse a cabo hasta fines de octubre.

Postulantes

Previamente, el Legislativo debe seleccionar a los candidatos, por dos tercios de voto, y luego remitir la nómina al Tribunal Supremo Electoral.

No obstante, la oposición anticipó que no dará su voto para lograr los dos tercios, pues considera que el proceso no fue consensuado.

Al respecto, Gutiérrez expresó su esperanza de llegar a acuerdos con las bancadas de oposición para lograr elegir a los postulantes, como señala la normativa.

“Esperamos que cumplan su deber constitucional, que no sea un factor de boicot (…). Buscamos hombres y mujeres que cumplan los perfiles de idoneidad y meritocracia”, dijo el legislador.

Judiciales

Tras el trabajo que cumpla el legislativo durante 80 días, el TSE tiene 150 días para desarrollar el proceso de la elección, por lo que las nuevas autoridades deben asumir funciones a principios de 2024.

En sesión plenaria, luego de casi seis horas de debate, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

Por mayoría absoluta, el MAS avaló la normativa, pese a la protesta de las bancadas opositoras de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que denunciaron falta de consenso en el proceso y ausencia de plazos para la preselección de candidatos.

Cerca de las 21.30, la bancada mayoritaria del MAS aprobó la moción de “suficiente discusión”, lo que dio vía libre para avalar  el documento que remitió la Comisión de Constitución, la pasada semana.

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“Queda aprobada la resolución para el reglamento y convocatoria presentada por la comisión, por lo que las propuestas alternativas no serán consideradas”, afirmó en la sesión, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca.

En ese marco instruyó la publicación de la convocatoria, “previamente ajustada y compatibilizada” al reglamento.

Por su parte, el diputado opositor Carlos Alarcón (CC) afirmó que con las nuevas autoridades que serán elegidas, el MAS continuará con la persecución política y la “violación sistemática” de los derechos y garantías del debido proceso.

“Siguen redactando, nos han mostrado una convocatoria sin plazos ni fechas (…). Será una elección totalmente amañada”, cuestionó.

Asamblea

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Arce (MAS), afirmó que mañana se remitirá a las bancadas de MAS, Creemos y CC  los respectivos plazos, para el proceso de preselección.

En ese marco, se allanó la ruta para elegir a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La previsión es que el proceso electoral para designar a las nuevas autoridades judiciales, se lleve a cabo hasta fines de octubre, cuando la población acudirá a las urnas en todo el país.

Legislativo

La pasada semana, con el rechazo de la oposición, la Comisión Mixta de Constitución aprobó el proyecto de reglamento de preselección de los candidatos y la remitió al plenario de la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

Entre los acuerdos plasmados en el reglamento, está la creación de un equipo de “acompañamiento y asesoramiento técnico” de al menos seis entidades externas al Legislativo.

Previo a la aprobación, se había socializado el contenido del reglamento entre las bancadas y brigadas del MAS, Creemos y CC.

Candidatos

No obstante, los legisladores de las dos fuerzas de oposición se abstuvieron de votar en las dos etapas, en grande y en detalle.

La propuesta aprobada contiene 43 artículos y está distribuida en cinco capítulos.

El documento contempla la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, la publicación de habilitados, la evaluación de experiencia profesional.

Elecciones judiciales

Asimismo, considera la evaluación de formación académica, evaluación de conocimientos escrita, entrevistas, informe final y la selección de candidatos.

La propuesta fue presentada por el MAS y habría sufrido varias modificaciones en la Comisión Mixta. En el artículo 12, por ejemplo, se acordó la creación de un equipo de “acompañamiento y asesoramiento técnico” de al menos seis entidades externas.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada y los viceministros de Autonomías, de Coordinación con los Movimientos Sociales y de Comunicación, sostuvieron este lunes una reunión con la delegación de la CIDH que llegó al país.

Un grupo de al menos 25 personas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) llegaron a Bolivia para hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país.

“El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia; con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, la justicia y garantías judiciales; el acceso a los derechos económicos sociales”, dijo el comisionado de ese organismo internacional Joel Hernández.

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Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, mediante sus redes sociales, dijo que la presencia de la CIDH ratifica el compromiso del Gobierno de protección y promoción de los derechos humanos en Bolivia.

“Hoy nos reunimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, su presencia en nuestro país es un testimonio del compromiso del Gobierno nacional con la promoción y protección de los derechos humanos en Bolivia” (sic.), escribió la funcionaria de Estado en su cuenta de Twitter.

Delegación

La comisión observará la situación de los derechos humanos en el país con un enfoque en la institucionalidad democrática respecto a la relaciones entre los Órganos del Estado.

Asimismo, hará un diagnóstico de los desafíos sobre el acceso a la justicia y a las garantías judiciales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Observará también temáticas referidas a la discriminación estructural contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, con enfoque en la situación de discriminación por género y origen étnico-racial, entre otros temas.

CIDH

La visita que realiza esa delegación, que concluirá el 31 de marzo. obedece a las gestiones que efectuó el Gobierno nacional.

La CIDH también sostendrá reuniones con organizaciones y grupos sociales, en situación de vulnerabilidad, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.

Además, visitará las principales cárceles en la sede de gobierno.

Presidencia

Antes de su llegada, hubo varias solicitudes a esa delegación de reuniones específicas con la expresidenta Jeanine Áñez; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el dirigente cocalero César Apaza y otros que se denominan “presos políticos”.

Sin embargo, la CIDH aclaró que la comisión no atenderá casos específicos.

La tarde de este lunes, exvocales electorales recibieron reconocimientos durante una sesión de desagravio, organizado por el Ministerio de Justicia, por la violación de sus derechos humanos, durante la crisis del 2019.

En el evento participó como invitado, Joel Hernández García, comisionado de la CIDH. Que es parte de una delegación que llegó al país para hacer labores de monitoreo a la situación de los derechos humanos.

Durante el evento, se entregó el reconocimiento a María Eugenia Choque Quispe, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Asimismo, en la sesión de desagravio se reconoció a los exvocales nacionales. Antonio José Iván Costas, Idelfonso Mamani Romero, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca y Lidia Iriarte Torrez.

Además, se entregó el mismo reconocimiento al directorio e integrantes de la Asociación de Exautoridades Electorales. Víctimas de persecución, tortura detención y procesos arbitrarios golpe de Estado 2019.

Exvocales electorales

Durante el acto, la expresidenta Choque afirmó que en 2019, se creó una “red de conspiración”. A través de las redes sociales, por la que los exvocales recibieron “amenazas, insultos mellando nuestra dignidad”.

“Nos es difícil superar esta violencia psicológica, física, mediática (…). Necesitamos devolvernos esa dignidad humana (…). El hecho no solo fue algo que afectó a la persona, sino para las familias”, lamentó la exautoridad electoral.

En 2019, tras las elecciones generales del 20 de octubre, activistas y políticos denunciaron un fraude en las urnas. Promovido por la administración del entonces presidente Evo Morales, quien según los resultados de esos comicios había vuelto a ganar.

El hecho activó protestas y movilizaciones violentas en todo el país. Incluso, la Policía se amotinó y el alto mando militar sugirió a Morales dimitir al cargo.

Desagravio

El 10 de noviembre del 2019, Morales decidió anular esos comicios, convocar a nuevas elecciones y renovar a todos los miembros del TSE, con el fin de bajar la tensión en las calles.

Sin embargo, ello no ocurrió, y ese mismo día renunció al cargo. Dos días después, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia del país, a lo que el MAS denominó como Golpe de Estado.

Desde entonces, vocales nacionales y departamentales fueron cesados de sus cargos y procesados por la justicia ordinaria, y detenidos preventivamente como los vocales del TSE.

Luego de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó el sobreseimiento de los procesados, porque no se lograron probar los delitos por los que fueron procesados.

Derechos humanos

Sin embargo, Delfín Álvarez Fernández, representante de la asociación de exvocales, lamentó que se violaron sus derechos humanos, pues fueron víctimas de “persecución, hostigamiento y denigración”.

Afirmó que fueron el “blanco de la desestabilización política”, con la “consigna falsa” de que hubo fraude electoral.

“Las autoridades de entonces allanaron de forma ilegal nuestros domicilios, hicieron aprehensiones ilegales, nos exhibieron sin respetar nuestro derecho a la privacidad y a la honra (…). Sufrimos tiorua en las calles y cárceles”, denunció.

Al respecto, el representante de la CIDH, recordó que el Grupo Interdisciplinario de     Expertos    Independientes  (GIEI–Bolivia) recomendó analizar la situación de los exvocales electorales.

Así, se expresó “conmovido” por los testimonios que escuchó de las exautoridades.

Son “testimonios de detenciones arbitrarias, torturas, procesos alejados del debido proceso, sin garantías judiciales, prisiones preventivas oficiosas”, afirmó.

Crisis 2019

“Lo que más me impactó fue lo que muchos de ustedes me contaron, de cómo su proyecto de vida quedó truncado a partir de esos hechos”, agregó el representante de la CIDH.

Durante ese diagnóstico, Hernández García, dijo que se detectó “abuso del derecho penal en contra de personas que simplemente estaban haciendo su trabajo”.

Al respecto, el viceministro de Justicia, César Siles, garantizó que este es un “primer paso” que da el Estado para resarcir los daños que sufrieron las víctimas de persecución, detenciones ilegales, procesamiento indebido, y violación de sus derechos humanos”.

“Este acto es el inicio de lo que debemos hacer como estado boliviano (…) en la reparación integral y no repetición, que implica, tratar de volver a su estado natural lo que fue quebrado o destruido”, afirmó.

“En este caso, ustedes fueron perseguido, se quedaron sin trabajo, por simplemente cumplir una tarea que se les encomendó el Estado”, agregó la autoridad.

Ministerio de Justicia

En ese marco, informó que el Gobierno trabaja en la política de reparación, con acciones concretas a corto, mediano y largo plazo, que no solo es indemnización económica, sino, “tratar de volver a su estado natural las cosas que fueron quebrantadas”.

Así, Siles les invitó a participar en el plan de implementación de esas políticas para que estas “violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir”.