Desde hace 16 años, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) es el principal contribuyente al erario nacional y lo ratificó en 2022, incrementado en 20,2 el pago de tributos, en comparación al 2021.

El presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen Tapia, dijo que los pagos que realiza YPFB se traducen en obras, infraestructura, educación y salud para la población.

“Se elevaron los pagos de impuestos debido a la política de reactivación económica que impulsa el Gobierno. Esto significó un crecimiento del 17,8% en el pago del IDH, un 43,4% en otros impuestos. Además, un 24,8% por retenciones practicadas a terceros”, afirmó el ejecutivo según una nota de la estatal.

Impuestos

La compañía paga el Impuesto a las Transacciones (IT) y Impuesto al Valor Agregado bajo el actual Sistema de Facturación en Línea (IVA). Asimismo, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) que se aplican a las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión.

Además, está el impuesto a las Utilidades de las Empresas Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) que grava a utilidades obtenidas de servicios realizados fuera del país. Se cuenta también las retenciones por concepto IT-IUE–RC IVA en el territorio nacional, además de pagar otros tributos específicos del sector.

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Montos

YPFB pagó un valor Bs 840 millones por concepto del IT y en retenciones Bs 9,7 millones por operaciones efectuadas el año pasado. Esas cifras superan ampliamente a lo pagado en la gestión 2021.

Los tributos pagados por la estatal petrolera en 2022 con relación a 2021 aumentaron, en el caso de impuestos en general sin tomar en cuenta el IDH de Bs 585 millones a Bs 840 millones y de retenciones a terceros de Bs 7,8 millones a Bs 9,7 millones.

Entre 2006 y 2022, la contribución total de YPFB fue Bs 14.427 millones a favor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Además de más de Bs 430 millones por concepto de retenciones impositivas a terceros, importes que excluyen el IDH.

Las sequías, granizadas y heladas registradas desde noviembre de 2022 hasta la fecha, han dejado a 40 de 41 municipios de Potosí en alerta por emergencia. Los daños a la producción agrícola alcanzan a 20.667 hectáreas.

El informe fue presentado por Javier González, técnico de la unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Potosí.

Según el informe, desde noviembre se registraron 918 eventos con heladas, 257 granizadas y 661 registros de sequías.

Estos fenómenos climáticos provocaron un daño económico a 37.737 familias de 1305 comunidades de todo el departamento.

“Tenemos granizadas con 157 reportes, 918 heladas, 601 casos de sequías afectaron a diferentes municipios y 20.667 hectáreas. También tenemos el reporte de 271 cabezas de ganado camelido y caprino”, dijo en un reporte de radio Fides.

Acotó que 27 municipios se han declarado en desastre y el resto en emergencia.

La Gobernación potosina está entregando apoyo a las familias afectadas.

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Ayuda

Entre los productos afectados están la papa, haba, maíz y las hortalizas como brócoli, coliflor y remolacha, entre otros.

El mes pasado, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó que más de 2.800 comunidades del país fueron afectadas por heladas y sequía.

Para ayudar a las familias afectadas, el Gobierno lanzó en 2022 un plan de contingencia que contempla un presupuesto de más de Bs 122 millones. Varios departamentos ya recibieron apoyo de parte de las autoridades, que continúan llevando ayuda.

Los fenómenos climatológicos están afectando particularmente a la zona occidental y las áreas más cercanas al oriente del país. Solo en las primeras dos semanas de 2023 el Gobierno benefició con 167,9 toneladas de ayuda humanitaria.

Gonzales anunció, además, la posibilidad de implementar un seguro universal agrícola para los productores que pierdan su producción agrícola debido a factores climáticos.

Tras más de cinco horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el anteproyecto de ley que autoriza un nuevo Contrato de Servicio Petrolero el área Arenales, en Santa Cruz. En caso de que la exploración y explotación sea exitosa, podrían generar $us 423,7 millones de renta petrolera.

La Cámara Baja aprobó este miércoles en grande y en detalle la autorización del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Canacol Energy Colombia S.A.S.

Durante varias horas el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, explicó la importancia y alcance del proyecto.

“Todos estamos embarcados en el mismo tren porque de esto depende de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos y del ritmo de crecimiento de la economía nacional”, afirmó.

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Se estima, también, que el área de Arenales tiene un potencial de recursos recuperables de aproximadamente 141,3 billones de pies cúbicos de gas. Además 1,27 millones de barriles de condensado.

Asimismo, Molina explicó que el contrato se enmarca en el Plan de Reactivación del Upstream que lleva adelante YPFB. El objetivo es atraer nuevas inversiones para dinamizar el sector hidrocarburífero y reponer reservas, estabilizar e incrementar la producción.

El anteproyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró este miércoles que las acusaciones del diputado Héctor Arce sobre presuntas coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se cayeron y se demostró que no eran otra cosa que un “complot contra el Gobierno”.

“Se ha descubierto que esta acusación no tenía ni pies ni cabeza. No me queda ninguna duda que es un complot contra nuestra gestión porque paralizaron la obra”, dijo en conferencia de prensa.

El caso fue denunciado por el diputado Héctor Arce (MAS). El legislador denunció la adjudicación irregular a la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez en 2022.

Montaño dijo que todo fue una falsedad del diputado Arce que se limitó solo a escuchar al supuesto testigo protegido, que falleció en un accidente en Estados Unidos.

“Tanta falsedad, tanta maldad simplemente por escuchar a una persona, a un testigo protegido”, acotó.

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Sin pruebas

Según la autoridad se sorprendió al escuchar el video que Felipe Sandy Rivero, el supuesto testigo protegido, dejó antes de morir.

Montaño afirma que todo lo que habla Sandy en esa grabación es lo mismo que en su momento dijo Arce al presentar la denunciar.

“Al revisar este video, hemos visto que es lo mismo que presentó el diputado Héctor Arce. Vemos la primera mentira, el diputado hizo creer que era su investigación”, explicó.

Recordó que en su momento Arce intentó involucrarlo a él mencionando a un supuesto asesor; sin embargo, luego rectificó y se disculpó.

“Yo no tuve ningún asesor, tuve que ir a la Asamblea a sacar una certificación. Al reconocer este error, tuvo que retractarse Arce y dijo que fue un error de taipeo. Pero ya me había hecho daño. El diputado Arce ahora es víctima de su propia ineficiencia por no verificar y solo escuchar a un supuesto testigo protegido. Si hizo una investigación debió escuchar a todos los actores”, remarcó.

Refutó también las aseveraciones de que él se habría reunido con el embajador de China, asegurando que él solo se reúne con personas autorizadas, no particulares.

Extorsionador de la ABC

“También dice el señor Sandy Rivero que en abril del 2022 quiso cobrar recursos económicos a la empresa china y lo acusaron de extorsión. Entonces, señor diputado Arce no será que este testigo protegido estaba extorsionando a la empresa china y por eso quiso involucrar a gente inocente”, se preguntó.

Montaño aseguró que al haberse encontrado recién el dinero de la supuesta coima, queda claro que estaba dirigido a alguien y se pregunta si eran para el testigo protegido.

Asimismo, aseguró que no asumirá acciones legales contra Arce, pues en su momento éste se disculpó y él aceptó. Sin embargo, otras personas que vean por conveniente limpiar su nombre, podrían acusarlo.

“Hemos dejado todo en manos de la justicia y ahora vemos que esta acusación fue tendenciosa. Fue para paralizar el avance de esta obra. Es un complot contra nuestro Gobierno y las obras que estamos ejecutando”, reiteró.

En agosto de 2022, el diputado Arce presentó la denuncia sobre la supuesta corrupción entre la ABC y la china Chec ante el Ministerio Público, para su respectiva investigación.

La denuncia señalaba que la firma asiática otorgó una coima de Bs 18,6 millones a funcionarios de la ABC para adjudicarse la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, en Chuquisaca.

Ante ello, el 3 de septiembre del año pasado, el gerente técnico de la ABC, Cristian Mendieta y el representante de la empresa china Chec, Jin Zhengyuan, fueron enviados a la cárcel de San Roque, Sucre, con detención preventiva.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) tuvo un buen inicio de la gestión 2023 y registró un crecimiento del 21,2% en la recuperación de la mora tributaria y un incremento del 3,9% en los casos de fiscalización concluidos. Los datos corresponden a los meses de enero y febrero de este año en comparación al primer bimestre de 2022.

Fueron los principales resultados que presentó este miércoles el presidente del SIN, Mario Cazón, en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas-inicial gestión 2023.

Impuestos logró una recuperación de la mora de Bs 148,1 millones, entre enero y febrero de 2023; en el mismo periodo de tiempo en 2022 se había recaudado Bs 122,2. Representa un crecimiento del 21,2%.

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Más resultados

Respecto a las fiscalizaciones, Cazón explicó que entre enero y febrero de 2023 se concluyó 1.399 casos, respecto a los 1.346 finalizados en los dos primeros meses del año pasado. La cifra representa un crecimiento porcentual positivo del 3,9%.

También hubo un avance en la recaudación de fiscalización, que llegó a Bs 18.958.796 a febrero de 2023, con un crecimiento del 219,02%. En el mismo periodo en 2022 la cifra fue de Bs 8.655.998.

Por otra parte, la recaudación de Mercado Interno (MI) creció un 3,1% con Bs 5.610,2 millones; en el mismo periodo en 2022 se cobró Bs 5.443,6 millones.

“Vamos a dedicarnos al trabajo transparente”, dijo Cazón durante la presentación de las cifras.

La meta de recaudación tributaria programada para 2023 es de Bs 34.200 millones.

La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas se desarrolló ante representantes de organizaciones sociales de las áreas rural y urbana. Además de instituciones públicas y privadas.  

También estuvieron en el acto estudiantes de la Universidad del Valle (Univalle), en representación del Núcleo de Apoyo Contable Fiscal (NAF).