El asesor jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz, Bernardo Montenegro, denunció que las agresiones físicas y verbales contra el alcalde Jhonny Fernández, el jueves en la Gobernación, fueron coordinadas previamente.

“Hay más evidencias y pruebas de que se convocó a gente para las agresiones, por eso vamos a ampliar nuestras denuncias con nombres y apellidos”, declaró a los periodistas.

Lea también: El alcalde Fernández es increpado en la Gobernación y sufre un botellazo en la cabeza

Ataques

La mañana del jueves, Fernández llegó a la Gobernación cruceña para hacer trámites de la Alcaldía. Mientras realizaba las diligencias, un grupo de mujeres, entre ellas varias funcionarias y asambleístas de Creemos, se le acercó y lo increpó por su “falta de atención” en los hospitales.

El Alcalde trató de calmarlas; sin embargo, los insultos continuaron y el grupo de mujeres lo arrinconó. “Tongo”, “traidor”, “vendido”, se leyó en algunos carteles que portaban las mujeres, que hacen sospechar de que sí hubo una planificación previa para increparlo.

Luego de una hora, Fernández pudo salir, pero afuera de la Gobernación lo esperaban al menos 50 personas, entre varones y mujeres.

A pesar de que el Alcalde estaba resguardado por guardias municipales, la turba logró agredirlo físicamente e incluso le arrojó una botella de plástico con agua, que impactó en su cabeza.

“Estaba preparada la gente; había la intencionalidad de agredirlo y se actuó de manera cobarde”, insistió Montenegro.

Gobernación

De acuerdo con el asesor jurídico, desde la Gobernación “se busca tapar su falta de gestión con estos hechos de violencia”.

“La Alcaldía no tiene la culpa de las peleas internas entre ellos”, afirmó.

Las discrepancias entre Fernández y el gobernador Luis Fernando Camacho se hicieron más evidentes en el segundo semestre de 2022, por la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.

Mientras Camacho pedía a todos los cruceños sumarse a la protesta, Fernández no apoyó el paro de 36 días alentado por el Comité pro Santa Cruz.

Por el contrario, asistió a todas las convocatorias del Gobierno en procura de hallar una solución al conflicto.

Mediante un comunicado, la Gobernación cruceña aseguró que hubo “provocaciones y actos hostiles” de parte de los acompañantes de Fernández.

Además, que se “garantizó” su seguridad y se le permitió que desarrolle sus actividades y salga de las instalaciones de la Gobernación.

“Sin que se ponga en riesgo su integridad física”.

En marzo de 2022, Luis Fernando Camacho incurrió en al menos dos delitos al firmar el Decreto Departamental 373; incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Un tercer delito, manipulación informática, lo acecha.

Eso, Luego de haberse publicado el polémico decreto en la Gaceta Departamental, presuntamente ordenó “bajar” la publicación electrónica.

Por dos delitos, el líder de Creemos está ahora imputado en otro caso, que los medios comenzaron a llamar Decretazo.

El 12 de marzo de 2022, Camacho viajó a Brasil para participar de un encuentro de gobernadores de la región, pero tres días antes, el 9, firmó el decreto en cuestión que le quitaba atribuciones al vicegobernador Mario Aguilera.

Mediante ese decreto delegó sus funciones a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro. El artículo 1 de la norma retirada delegaba cinco tareas específicas al funcionario y el 4, su publicación en la gaceta electrónica.

El parágrafo I del artículo 25 del Estatuto Autonómico Departamental establece que, ante la “ausencia temporal” del gobernador, asume la

Camacho y el Decreto 373

Los considerandos del Decreto 373 no consignaban ese acápite.

Dos días después del viaje de Camacho, ante la develación del decreto y el nombramiento de Navarro, Aguilera recibió la notificación de la suplencia. Para entonces, la norma ya había sido publicada en la Gaceta Departamental.

“Conocimos el decreto a través de la Gaceta. Pero ahora ya no está y hoy (14 de marzo) vamos a pedir que se nos aclare quiénes son los responsables. Este decreto estuvo en la Gaceta”, dijo entonces el vicegobernador.

También admitió que había problemas de comunicación con el gobernador Camacho.

Tres días después, el entonces secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, admitió en rueda de prensa que el decreto fue publicado en la Gaceta Oficial por un “error”. “El proyecto de decreto fue publicado por un breve tiempo debido a un error involuntario del personal de la Dirección de Desarrollo Autonómico y Normativo”, aseguró a los periodistas.

MAS

Ante eso, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron la irregularidad y presentaron una denuncia ante la Fiscalía, que de inmediato emitió citaciones para que funcionarios de la Gobernación declaren.

Incluso, la Policía colaboró con el allanamiento de varias oficinas.

La reacción de funcionarios de la Gobernación apuntó al MAS. “Nosotros reconocimos el error, lo subsanamos de manera inmediata y aun así el masismo insiste en una arremetida contra la Gobernación de Santa Cruz”, aseguró Alejandra Serrate, entonces asesora de Gestión.

Cuando Camacho retornó días después de Brasil, aseguró que “la desinformación del MAS” generó “situaciones erradas”.

Explicó que, durante su ausencia, Aguilera cumpliría una agenda intensa en provincias. Sin embargo, por eso pensó que Navarro pueda desarrollar “aquellas pequeñas grandes labores que realiza el gobernador, transfiriéndole algunas de las competencias que yo tenía, lo que no significa que el vicegobernador se quede sin esas competencias, eso es falso”.

En su defensa, dijo que había decidido dejar sin efecto ese decreto.

Eso para que los secretarios vayan a las provincias a cumplir sus agendas y Aguilera, como suplente, pueda realizar su propia agenda.

También puede leer: Mercado aconseja a Camacho dejar que otra persona asuma la gestión de la Gobernación

“Las competencias que hemos dirigido al secretario no son ni el 10% de lo que el exgobernador (Rubén Costas) daba”, justificó.

El Decreto 373 contaba con cuatro artículos y delegaba a Navarro. Entre otras disposiciones, la atención y respuesta a las solicitudes de los ciudadanos e instituciones públicas y privadas.

NORMA.

Además, podía representar al gobernador en todo acto protocolar. Pero también se le facultaba responder peticiones de informes de la Asamblea Legislativa Departamental, suscribir acuerdos o convenios intergubernativos, y observar proyectos de leyes nacionales o departamentales.

Para el asambleísta Dilfe Rentería (MAS), Camacho no cometió un “error administrativo” con el Decreto 373, sino un delito.

“No son errores, sino delitos, por eso la Fiscalía ha imputado a Camacho y ha pedido su detención preventiva por 180 días en Palmasola”, dijo a LA RAZÓN Radio.

Se trata de un segundo proceso contra Camacho, ahora recluido en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, por su presunta vinculación en terrorismo en el caso Golpe de Estado I, relativo a los hechos precedentes a la caída de Evo Morales en 2019.

No se siguió el procedimiento

El abogado constitucionalista Israel Quino explicó que el Decreto 373 tuvo vigencia desde que fue publicado en la Gaceta Departamental y que, para que quede sin efecto, Luis Fernando Camacho tenía que haber promulgado otro decreto de abrogatoria o derogatoria.

“Por lo tanto, se trata de un hecho consumado, de una acción dolosa; por eso es que fue imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, cuya sanción es hasta 10 años de cárcel, explicó a LA RAZÓN.

Indicó que no tenía por qué haber delegado funciones a un secretario, sino cumplir el artículo 25 del Estatuto referido a la suplencia.

Para Martín Camacho, abogado defensor de Camacho, la imputación por dos delitos en contra de su cliente es “jalada de los pelos”.

Eso, porque, en su criterio, la fase preliminar de ese proceso no debía durar más de 80 días.

Afirmó que la imputación y el pedido de detención preventiva “no tienen argumento”.

Las dos bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa denunciaron que el MAS rechazó sus respectivas propuestas para la selección de candidatos a las elecciones judiciales. Afirmaron que lo hicieron antes de analizarlas, pues ya tenían informes preparados.

Según representantes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, los planteamientos llegaron a la Comisión de Constitución de Diputados. Sin embargo, las resoluciones de rechazo “ya estaban preparadas”.

El diputado Carlos Alarcón (CC) calificó como una “pantomima” y un “show” el haber llevado su propuesta ante esa comisión y que el MAS actúo de mala fe al rechazar su proyecto, sin antes analizarlo.

Lea también: Socializarán las propuestas de reglamento para seleccionar candidatos a las judiciales

Advirtió que el oficialismo actuará de la misma forma durante el proceso de evaluación y selección de candidatos a las elecciones judiciales, pues actuará de “manera tramposa y fraudulenta”.

Oposición

Lamentó que el MAS ya haya tenido listo un informe de minoría y que sospechaban de esa actitud.

En el caso de Creemos, la diputada Tatiana Áñez ratificó que el MAS tenía ya listos los informes de rechazo de los proyectos de ley opositores.

MAS

Áñez consideró que el oficialismo no tiene la intención de modificar sustancialmente a la Justicia, sino busca mantener el control del Órgano Judicial.

El proyecto de ley de CC plantea crear tribunales de méritos departamentales para calificar a los postulantes a magistrados.

Judiciales

En tanto, la propuesta de Creemos perfila que la preselección sea realizada por las asambleas departamentales.

Ambos proyectos de ley fueron rechazados por la mayoría del MAS en esa comisión legislativa.

La defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho solicitó a la Fiscalía citar, en calidad de testigos, al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro Carlos Romero, por el caso Golpe de Estado I.

El abogado Martín Camacho explicó que estas exautoridades deberán “aclarar” que “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

Lea también: Aprehenden a Camacho en Santa Cruz, por el caso Golpe de Estado I

“Vamos a proponer que se tome la declaración como testigos dentro del Golpe I al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero”, confirmó el jurista.

La solicitud fue realizada este jueves, ante Omar Mejillones, de la Fiscalía especializada en delitos de anticorrupción.

El gobernador cruceño guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, luego que fue imputado por el delito de terrorismo, en el marco del caso Golpe de Estado I

Camacho

El caso Golpe de Estado I investiga la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración.

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

Áñez se había proclamado, primero, presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y posteriormente como mandataria del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa. Según la Fiscalía, no respetó el reglamento del Senado.

En el marco de ese proceso, también figuran otras exautoridades, como los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, quienes fueron parte de la administración de Áñez entre 2019 y 2020.

Morales

Actualmente, están recluidos en el penal de San Pedro.

El abogado Camacho explicó que, en el caso de Romero, podrá aclarar que él “aseguró y ratificó” que el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz podía llegar a la La Paz en octubre de 2019, pues se “garantizaba su seguridad”.

“Esas fueron las palabras de él (Romero) y lo tenemos documentado a través de conferencias de prensa”, dijo Martín Camacho.

Según Camacho, Romero “tiene que aclarar este aspecto para que no se malinterprete lo que justamente forma parte de la imputación, que la Policía estuviera brindando seguridad a Luis Fernando”.

García Linera

Indicó que la presencia de Morales y García Linera también servirá para que testifiquen sobre la crisis registrada en 2019, que derivó de denuncias de fraude electoral, que fueron reconocidas por esas autoridades.

“Por eso es que (Morales) decide anular los comicios electorales de octubre de 2019” y luego destituyen a las autoridades del Órgano Electoral, señala parte del documento remitido a la Fiscalía.

Áñez se encuentra recluida en la penitenciaría de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, por su proclamación irregular como presidente transitoria. La sentencia en primera instancia es de 10 años de prisión.

El Legislativo socializará la propuesta de reglamento que elaboró el MAS, además de otros proyectos que lleguen a esa entidad, para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

Esta labor se ejecutará con diferentes sectores de la sociedad. El fin es que conozcan el procedimiento para designar a los candidatos. Esas personas postularán a los altos cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Se va a hacer la socialización de este proyecto de reglamento». «Seguramente, si llegan otros proyectos, igual vamos a seguir haciendo la socialización”. Explicó la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora Patricia Arce (MAS).

Lea también: El MAS presenta proyecto de reglamento de preselección de postulantes a judiciales

“Vamos a hacer un cronograma para llegar a la mayor cantidad de personas con este proyecto”, agregó la legisladora.

La propuesta del MAS, como otros que vayan a presentarse desde la oposición, será puesta a consideración de organizaciones sociales, universidades y colegio de abogados.

Socializarán

Hasta la fecha las dos fuerzas de oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), no formalizaron ninguna iniciativa sobre la selección de candidatos, pese a sus reiterados cuestionamientos a este proceso.

El presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jáuregui, instó a la oposición a involucrarse en este “proceso de preselección” con la presentación de sus propuestas de reglamento.

Propuesta

El Legislativo tiene el mandato constitucional de realizar la preselección de las candidatas y los candidatos para el proceso de elección de los altos magistrados.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, observó la falta de propuestas de la oposición y consideró que la repostulación de los actuales magistrados, como plantea el MAS, no está prohibido, aunque opinó que no sería ético.

Reglamento

La preselección de candidatos incluirá la evaluación de los postulantes, que luego serán elegidos, por dos tercios, en el pleno del Legislativo.

Esa nómina de candidatos, luego, será remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que prevé llevar a cabo el proceso electoral hasta el 29 de octubre.