La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó de manera enfática las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y los actos violentos de grupos organizados en las protestas en Santa Cruz, tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
Mediante un comunicado en su página electrónica, indicó que “se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistémica no son parte del derecho de la protesta”.
El documento señala que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) dieron seguimiento a las manifestaciones que iniciaron en Santa Cruz el 28 de diciembre, cuando Camacho fue aprehendido, por el caso Golpe de Estado I.
Tras su captura, el exdirigente cívico y gobernador cruceño fue trasladado a La Paz, para comparecer ante la Fiscalía, donde fue imputado por el delito de terrorismo.
Entonces, un juez cautelar determinó su detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, donde está recluido desde el 30 de diciembre del año pasado.
Esa acción judicial desencadenó una serie de acciones violentas, enfrentamientos entre la Policía y grupos movilizados, quema y saqueos de oficinas públicas, además de destrozos en la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
A esto se suman las amenazas y agresiones físicas que sufrieron trabajadores de la prensa, de medios privados y del Estado, mientras realizaban la cobertura informativa de las protestas.
Ante este escenario, la entidad internacional condenó la violencia y rechazó el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados”, que fueron denunciados en su momento por periodistas.
Asimismo, el comunicado de la CIDH hace referencia al informe de la Defensoría del Pueblo que dio cuenta que en 13 días de protestas, se registraron “25 casos de presunta vulneración de los derechos humanos, que comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros”.
“Esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades”, refiere otra parte del documento.
En torno a la crisis en Santa Cruz, el Gobierno reportó daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, sobre todo predios públicos, así como intentos de toma de instalaciones policiales.
En ese marco, el Ministerio de Gobierno reportó que 76 personas fueron aprehendidas por destrucción o deterioro a bienes del Estado, entre otros delitos; de ese total, “24 ya habrían sido sentenciadas”.
Así, la CIDH reivindicó el espíritu de la “protesta social y pacífica” como un “elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia”.
En ese marco, rechazó “todo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes públicos y reprueba los actos de violencia ejercida por personas en el contexto de las manifestaciones”.
Instó al Estado a adoptar medidas para proteger a las personas que ejercen su “derecho legítimo a la protesta” y garantizar “la seguridad de las personas que no participan en ésta”.
Además, la CIDH anunció que hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales derivados de las detenciones realizadas durante las movilizaciones.
Esta labor se realizará “con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos”, señala el documento.
“La Comisión reafirma su compromiso con el monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, labor que incluye la comunicación con todos los actores de la sociedad boliviana, en su pluralidad”, agrega el comunicado.