La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia programó para las 08.30 de este jueves 19 de enero la audiencia de apelación a la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho.
Los denunciantes pedirán que la detención preventiva se amplíe a seis meses, mientras que la defensa del procesado solicitará que se defienda en libertad, por su estado de salud.
De acuerdo con la convocatoria, firmada por el secretario de cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, Yuri Jesús Gómez, la audiencia será virtual.
El Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y la exdiputada Lidia Patty (MAS) ratificaron que demandarán que la detención de Camacho se amplíe de cuatro a seis meses.
Se trata de la cuarta audiencia en la que el gobernador cruceño intentará revertir la detención preventiva, que cumple desde el 30 de diciembre de 2022, en el marco del caso Golpe de Estado I.
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El proceso está referido a su participación en la crisis de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y posterior toma del poder por parte de la senadora opositora Jeanine Áñez.
La base de la acusación contra Camacho son sus declaraciones de diciembre de 2019 cuando confesó que su padre, José Luis Camacho Parada, “cerró” con los policías y militares para que las Fuerzas Armadas y la Policía le quiten respaldo a Morales, y exijan su dimisión.
Además, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que antes, durante y después de la crisis de 2019 el entonces cívico cruceño realizó movimientos económicos millonarios en sus cuentas bancarias.
Esta audiencia fue reprogramada luego que la pasada semana fue cancelada, debido a la supuesta cesación de la vocal de la Sala Penal Segunda, Rosmery Pabón.
La Subprocuraduría del Estado observó la prórroga de las funciones de la vocal, por lo que esa audiencia no se llevó a cabo.
El 28 de diciembre del 2022, el gobernador cruceño fue aprehendido y trasladado a La Paz, para comparecer ante la Fiscalía por el caso Golpe de Estado I.
En ese marco, fue imputado por el delito de terrorismo y un juzgado cautelar determinó su detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.
Desde entonces, se registraron movilizaciones violentas en Santa Cruz, además que se abrió la polémica sobre la persona que reemplazará al gobernador, mientras esté encarcelado.