La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, admitió que la desarticulación de los grupos paraestatales o paramilitares no es tarea fácil debido a su estructura y financiamiento.
“Se debe entender que la desarticulación de estos grupos no es tarea sencilla, es un ámbito delicado porque no se han constituido de un día para el otro, sino que tienen estructura, financiamiento y actores que los sostienen”, afirmó a La Razón Radio.
Pedido
En noviembre de 2021, el Comité Contra la Tortura (CAT, por su sigla en inglés), entidad dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió la anulación de esos grupos en el país.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demandó lo mismo del Estado en relación a la actuación de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en la crisis poselectoral de 2019.
Entonces, hubo racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, expuso el CAT en Ginebra, Suiza.
“Estos grupos paramilitares estuvieron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta, y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, aseguró el relator Chairperson Heller.
GIEI
En agosto de 2021, el GIEI ya había recomendado al Gobierno boliviano la desarticulación de esos grupos de choque porque actuaron junto con los efectivos militares y policiales.
En aquella ocasión, el presidente Luis Arce aseguró que se desestructuraría “toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión al Estado”.
Tarea no sencilla
Cruz admitió que la tarea de desarticulación de grupos paraestatales no es muy sencilla debido a que no se trata de un grupo de amigos ni de gente que levanta banderas.
“Los grupos paraestatales son grupos que con instrumentos suficientes le hacen una paralela al Estado en la toma de definiciones dentro del propio Estado, eso ocurre en Santa Cruz”, aseveró.
Actuación sistemática
Acotó que eso ocurrió durante los 36 días de paro en Santa Cruz en demanda de Censo en 2023 y en los días posteriores a la aprehensión de Luis Fernando Camacho.
“Se trata de grupos que no son de seguridad interna ni externa y que, amparados en la institucionalidad de la Gobernación, generan desde el ámbito privado y civil una suerte de disponer lo que pasa en ese departamento”, apuntó.
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Aseveró que no solo se ponen en rotondas o colocan “sogas” en las calles para interferir el tráfico, sino a lo hacen a través de “actos bélicos” y de confrontación violentos.
CIDH
El martes, en relación a la crisis por la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días”.
Este pronunciamiento hizo referencia a las protestas que terminaron con la quema, saqueo y vandalización de 27 edificios públicos y algunos privados, como denunció el Ministerio de Gobierno.
Además, la CIDH repudió “el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad”. Desde la aprensión de Camacho, manifestantes asediaron el Comando de la Policía y, en respuesta, fueron gasificados.
Sigue la desestabilización
De acuerdo con Cruz, la CIDH “continúa atenta al proceso de desestabilización iniciado en 2019” y lo que pasa en Santa Cruz “es una continuación de aquello”.
“No es un hecho apartado de la crisis de ese año, donde uno de los cabecillas fue Luis Fernando Camacho”, aseveró.
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Afirmó que en la crisis de 2019 hubo grupos de desestabilización que utilizaron el terror, la zozobra y el vandalismo como quemas de instituciones, robos y ataques para generar estado de caos.
Aseguró que son los mismos grupos que hace días en Santa Cruz cometían los mismos actos y patrones.
Para la próxima semana está prevista la llegada de una comisión de la CIDH para cumplir un rol de observación y crítica a la situación que se vive en el país. Cruz indicó que el Estado debe hacer los descargos de lo que sucede porque, a la fecha, solo tiene información de un sector.