La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) solicitó este jueves al Banco Central de Bolivia (BCB) que destine dólares a todo el sistema financiero nacional para evitar escasez de la divisa, que provoca especulación y el incremento en varios insumos de importación.

Rolando Morales, gerente de la CAC, explicó que los productores agrícolas están sintiendo la falta de dólares sobre todo a la hora de comprar insumos.

“Solicitamos al Banco Central de Bolivia que provea dólares a todo el sistema financiero nacional para que estos a su vez efectúan la venta al sector productivo y a la población que los requiera”, dijo Morales.

Explicó que desde Cochabamba se exportan varios productos, pero requieren muchos insumos y que, tras la alarma por la supuesta escasez de dólares, los precios se elevaron.

“En cuanto empezó esta secuencia de comentarios, hemos tenido incremento en varios insumos para exportación. Recordemos que desde el trópico exportamos más de $us 70 millones hacia la Argentina como principal mercado de banana, piña, palmito”, explicó.

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Venta de dólares

Para la producción usan gran cantidad de insumos como fertilizantes, que en muchos casos compran del exterior.

“Importamos una cantidad muy grande de insumos y fertilizantes para la producción. Solo el sector bananero para su producción anual de las 170.000 toneladas que produce, compra más de $us 5 millones en insumos y eso está incrementando”, explicó.

El viernes pasado, el BCB extendió la venta directa de dólares, a través del Banco Unión, en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.

La agencia central en Cochabamba está ubicada en la avenida Ballivián 725, entre calles Teniente Arévalo y La Paz, paseo de El Prado.

Desde la semana pasada, el BCB vende dólares de manera directa en la ciudad de La Paz, al tipo de cambio oficial de Bs 6,96, debido a la gran demanda de la población.

Hasta la semana pasada, el BCB vendió más de 11 millones de dólares de manera directa.

La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, dijo este jueves que Potosí no se opone a la industrialización del litio, pero exigen información transparente sobre el proyecto de ley. Aseguró, además, que no se cierran a sentarse a dialogar con el Gobierno.

“Hemos pedido con documentación, con cartas, resoluciones y no nos informan nada, no conocemos nada. Le hemos pedido que vengan a explicarnos el proyecto de ley y no vienen, nos responden que están ocupado con otras prioridades. No hay voluntad”, dijo en La Razón Radio.

Remarcó que dialogaron y consensuaron con representantes de Oruro sobre el proyecto de ley del litio; sin embargo, el Gobierno solo les cierra las puertas y no les brinda la información requerida.

“No nos hemos estado oponiendo a que exista industrialización, a que entre tecnología, el que ha evitado que entre tecnología extranjera es YLB y en 14 años no hay resultados. Lo que sí decimos es que exista tecnología, pero en condiciones que convengan a Bolivia”, resaltó.

“Queremos transparencia, capacitación, nos hemos cansado que se embolsillen a costa del pueblo potosino”, acotó.

Según Graz enviaron varias solicitudes al ministerio de Minería pidiendo informes; sin embargo, les ponen trabas y al final no les envían nada.

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Un solo proyecto

La dirigente cívica aseguró que con Oruro se consensuó un solo proyecto de ley y lamentó que autoridades de Gobierno hablen sobre la existencia de tres o más proyectos.

“Existe un solo proyecto de ley consensuado con el departamento de Oruro y ese se está impulsando. En la Cámara de Senadores había otro del senador Hilarión Mamani, pero ya fue retirado”, aclaró.

Dijo que Comcipo participó de todas las mesas de diálogo a las que fue convocado y no entiende por qué el Gobierno se niega a ir a Potosí a explicar el proyecto de ley del litio.

“Potosí quiere que se apruebe el proyecto de ley lo más antes posible”, remarcó.

Graz recordó que entre los principales pedidos de Comcipo están un directorio que esté por encima de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Además, que esté conformado por representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí y de las regiones productoras.

Además, un comité científico conformado por profesionales que lleguen al cargo con meritocracia.

También, hablar sobre las regalías para Oruro y Potosí, que deben estar entre 10% y 20% para ser repartidas entre las provincias y la universidad para investigación y capacitación.

Finalmente, que el proyecto incluya el cuidado del medioambiente.

Medidas

Respecto a las medidas que asumirán tras el paro de 72 horas, dijo que el 23 de marzo se reunirá el Consejo Consultivo que será el encargado de definir los pasos a seguir.

“El 23 de marzo tenemos un Consejo Consultivo, ahí deben venir nuestros representantes nacionales, senadores, diputados, a informar qué es lo que está sucediendo. A partir de eso se definirá si iniciamos con movilizaciones”, explicó.

Potosí cumplió entre el lunes y miércoles un paro cívico reclamando la aprobación de la Ley de Recursos Evaporíticos.

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) mantiene la calificación de Bolivia en “B” y reconoce el papel de su política cambiaria. Indica además que un cambio en esta política podría afectar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentar la inflación.

Según una nota de prensa del Ministerio de Economía, S&P puso bajo vigilancia al país debido a la variación de las Reservas Internacionales Netas (RIN); sin embargo, reconoce las acciones llevadas adelante desde el Gobierno.

Resalta, por ejemplo, el financiamiento gestionado, pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que permitirá estabilizar las reservas.

También reconoce la reducción del déficit del Gobierno; el alivio en el perfil del vencimiento de la deuda, conseguido con la operación de gestión de deuda realizada en febrero de 2022.

“Bolivia tiene alrededor de $us 800 millones en propuestas de préstamos multilaterales y bilaterales pendientes de aprobación en la Legislatura. Parte de estos fondos estarían disponibles para fines presupuestarios en los próximos meses. Sin embargo, el Congreso no ha logrado aprobar estos préstamos”, señala el informe de S&P.

Según Economía, el Gobierno ratifica que las medidas económicas fomentan el dinamismo de la economico. Para la gestión 2023, en el Programa Fiscal Financiero, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, se prevé alcanzar un PIB de 4,8%.

Además, se prevé que las RIN presentarán una variación positiva respecto a 2022, producto del incremento de las exportaciones de urea, carbonato de litio y hierro.

El martes, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Bolivia de “B” a “B-” y revisó su perspectiva de “Estable” a “Negativa” debido a la disminución de sus reservas internacionales.

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La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) mantiene la calificación de Bolivia en “B” y reconoce el papel de la política cambiaria del país. Indica, además que un cambio en esta política podría afectar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentar la inflación.

Según una nota de prensa del Ministerio de Economía, S&P puso bajo vigilancia al país debido a la variación de las Reservas Internacionales Netas (RIN); sin embargo, reconoce las acciones llevadas adelante desde el Gobierno.

Resalta, por ejemplo, el financiamiento gestionado, pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que permitirá estabilizar las reservas.

También reconoce la reducción del déficit del Gobierno; el alivio en el perfil del vencimiento de la deuda, conseguido con la operación de gestión de deuda realizada en febrero de 2022.

“Bolivia tiene alrededor de $us 800 millones en propuestas de préstamos multilaterales y bilaterales pendientes de aprobación en la Legislatura. Parte de estos fondos estarían disponibles para fines presupuestarios en los próximos meses. Sin embargo, el Congreso no ha logrado aprobar estos préstamos”, señala el informe de S&P.

Lea más: El BCB dice que las Tenencias DEG son parte de las reservas internacionales y de “libre disponibilidad”

Dinamismo en Bolivia

Según Economía, el Gobierno ratifica que las medidas económicas fomentan el dinamismo de la economía.

Para la gestión 2023, en el Programa Fiscal Financiero, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, se prevé alcanzar un PIB de 4,8%.

Además, se prevé que las RIN presentarán una variación positiva respecto a 2022, producto del incremento de las exportaciones de urea, carbonato de litio y hierro.

Influirá también la sustitución de importaciones y los ingresos desembolsados por préstamos y la “Ley de compra de oro”.

“Las exportaciones de Bolivia crecieron los últimos años hasta llegar a $us 13.653 millones el año 2022. Junto con las remesas que alcanzaron $us 1.437 millones, cifras que representan la generación de divisas que ofrecen liquidez en dólares a la economía boliviana”, acota la nota.

El martes Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Bolivia de “B” a “B-” y revisó su perspectiva de “Estable” a “Negativa” debido a la disminución de sus reservas internacionales.

El Gobierno respondió argumentando que esa calificación no tomaba en cuenta la estabilidad económica lograda en el país y el contexto internacional adverso.

Mediante un comunicado, el Banco Central de Bolivia (BCB), informó que las Tenencias de los Derechos Especial de Giro (DEG) son parte de las reservas internacionales y como cualquier activo, la entidad estatal puede disponer de su uso.

Según la nota, el objetivo de su utilización fue preservar la estabilidad económica y fortalecer la liquidez de las Reservas Internacionales.

“Se dispuso las Tenencias DEG al ser parte de las reservas internacionales administradas por el BCB (Art. 16 de la Ley 1670)”, indica el comunicado.

Explica que como todos los activos fijos externos que forman parte de las Reservas Internacionales administradas por el BCB, son de “libre disponibilidad del ente emisor”.

Sin embargo, aclaró que su uso no constituye un crédito y no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento.

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Una operación diferente

Dejó establecido, además, que esta operación no tiene ninguna similitud con el crédito que contrató el gobierno transitorio de Jeanine Áñez del Fondo Monetario Internacional.

“Son dos operaciones financieras diferentes. El gobierno de facto solicitó de forma irregular un crédito de la línea Instrumento de Financiamiento Rápido que no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa”, indica. «Por ese motivo fue devuelto», acota la nota.

Este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reconoció que el BCB usó los Derechos Especiales de Giro.

Según la autoridad, el ente emisor tiene todo el derecho de usar los DEG, pues son un activo internacional como las divisas del dólar o el euro.

Además, La Ley 1670 le da toda la atribución para que utilice las Reservas Internacionales.

Los DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros.