La tarde de este lunes, el Legislativo empezó a tratar el proyecto de Convocatoria y Reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

En función a esa norma, se proyecta la realización de los comicios en los que se elegirá a los nuevos miembros. Del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, preside la sesión con la presencia de legisladores del del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

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Tras la lectura de la correspondencia, el diputado Fernando Vaca (CC) pidió aplazar por una semana del tratamiento del proyecto con el argumento de lograr un consenso entre las tres fuerzas.

El pedido de aplazar el debate fue observado por Choquehuanca, quien recordó a los legisladores que la Ley del Régimen Electoral establece plazos para el proceso de preselección y organización de las elecciones judiciales.

Pidió a los legisladores que las observaciones al proyecto de reglamento sean consideradas en el debate y abogó para que se llegue a consensos, pero en un espacio plural.

Legislativo

Cerca de las 16.00, el secretario de la Asamblea dio lectura al informe de la Comisión Mixta —que aprobó la pasada semana el reglamento— y empezó el tratamiento de la propuesta, rumbo a las judiciales.

La pasada semana, con el rechazo de la oposición, la Comisión Mixta de Constitución aprobó el proyecto de reglamento de preselección de los candidatos y la remitió al plenario de la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

Preselección

Entre los acuerdos plasmados en el reglamento, está la creación de un equipo de “acompañamiento y asesoramiento técnico” de al menos seis entidades externas al Legislativo.

Previo a la aprobación, se había socializado el contenido del reglamento entre las bancadas y brigadas del MAS, Creemos y CC.

No obstante, los legisladores de las dos fuerzas de oposición se abstuvieron de votar en las dos etapas, en grande y en detalle.

La propuesta aprobada contiene 43 artículos y está distribuida en cinco capítulos.

El documento contempla la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, la publicación de habilitados, la evaluación de experiencia profesional.

Elecciones judiciales

Asimismo, considera la evaluación de formación académica, evaluación de conocimientos escrita, entrevistas, informe final y la selección de candidatos.

La propuesta fue presentada por el MAS y habría sufrido varias modificaciones en la Comisión Mixta. En el artículo 12, por ejemplo, se acordó la creación de un equipo de “acompañamiento y asesoramiento técnico” de al menos seis entidades externas.

Entre esas entidades están el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que participará con cuatro comisionados; el Colegio Nacional de Abogados con cuatro; el Colegio Nacional de Auditores o Contadores con dos.

Candidatos

La Asociación Nacional de Periodistas con cuatro; el Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía con dos. Y las organizaciones indígenas originarias campesinas (COB, Csutcb, Conamaq, Cidob, Bartolinas y CSCIB) con dos delegados por cada entidad.

Ante la crisis interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), la exsenadora Adriana Salvatierra consideró que el conflicto no se va a resolver con concesiones personales, sino con una nueva correlación de fuerzas en el oficialismo.

“La unidad no se construye en base a concesiones personales, en base a desprendimientos personales e individuales; la unidad se construye en base a una correlación de fuerzas en un momento político determinado”, dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Presidenta de la Cámara de Senadores el año que el presidente Evo Morales fue derrocado por una crisis social, en 2019, Salvatierra analizó la situación actual del MAS, cuyos liderazgos están divididos.

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El domingo, en el congreso partidario, el exmandatario cuestionó al gabinete “ortodoxo” del presidente Luis Arce y éste dijo que la unidad partidaria será posible con el “pluralismo de ideas”, pese a las diferencias. Además, dijo que los “dueños” del MAS son los movimientos sociales.

Esa situación hace prever un ambiente preelectoral interno con miras a las elecciones generales de 2025, cuya candidatura de Morales aparentemente evidente.

“Estamos en un escenario donde se está discutiendo y construyendo las correlaciones de fuerza a 2024, y Santa Cruz va a ser parte de eso”, afirmó Salvatierra en relación a las primarias previas a los comicios nacionales.

Consultada sobre su adscripción a Morales o a Arce, dijo que siente simpatía con el liderazgo de Morales y reconoce al gobierno de Arce. Consideró que el apoyo al expresidente es más emotivo, mientras que el apoyo al presidente obedece a su trascendencia en la recuperación de la democracia en las elecciones que ganó, en 2020, y la reactivación de la economía.

Sin embargo, cuestionó el ímpetu de los renovadores. Dijo que el conflicto en el MAS no es generacional. Necesitamos un líder que “represente el anhelo del pueblo, no generacional, sino de un proyecto del país”, dijo.

Consideró que quienes cuestionan y atacan a Morales es por “ganar pantalla” a nombre del expresidente. «Es una falta de respeto” el dudar de la trayectoria del exmandatario.

Salvatierra renunció a la presidencia de la Cámara de Senadores minutos después de que Morales dimitiera el 10 de noviembre de 2019. Entonces, la senadora cruceña se encontraba en la tercera posición de la línea de sucesión, después del también renunciante vicepresidente Álvaro García.

Su renuncia decantó la irrupción de la senadora Jeanine Áñez, de Unidad Demócrata (UD), que se atribuyó, primero, la titularidad del órgano camaral, y luego la sucesión de Morales. Ambos hechos ocurrieron en actos sin quorum en la Asamblea Legislativa ni asistencia de la bancada mayoritaria del MAS, el 12 de noviembre de ese año.

El presidente Luis Arce dijo que el mandato de las autoridades tiene un fin, como herencia y tradición de los pueblos indígenas. Lo dijo en su alocución por el XXVI aniversario del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

“De ustedes hemos aprehendido que el mandato de las autoridades tiene un fin, que hay una temporalidad del mandato”, dijo el mandatario en el acto de celebración de la organización en La Paz.

En los últimos días, un cruce de alusiones entre él y el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, caracteriza la crisis interna partidaria.

El 18 de marzo, en el Congreso del MAS de Santa Cruz, el expresidente encaró a Arce en sentido de que el país “no está tan bien económicamente”. Este domingo, en el congreso nacional de su partido, incluso pidió cambiar a algunos ministros ortodoxos.

Por su parte, el mandatario admitió que en el MAS hay diferencias, aunque reivindicó el “pluralismo de ideas”. “Los dueños de nuestro instrumento político son las organizaciones sociales, a ellas nos debemos”, enfatizó.

Sin embargo, al reconocer las diferencias de ambos liderazgos, llamó a la unidad de las bases de esa fuerza político.

Arce y Morales

Las alusiones de Arce sobre la temporalidad de los cargos coinciden con la disputa interna en el MAS por la candidatura partidaria para las elecciones generales de 2025. Es voz populi una eventual repostulación de Arce y es evidente el interés también de Morales, a juzgar por la campaña abierta con ese fin en un ala masista.

Morales llegó al poder el 22 de enero de 2006 y en 2008 fue ratificado en un referéndum revocatorio. Se repostuló a un primer mandato al amparo de la Constitución de 2009 y a uno segundo en 2014. Ganó en todos los comicios nacionales.

Obligado por los candados legales, en 2016 impulsó el referéndum con el fin de modificar la Constitución y optar por otra repostulación. El 51,3% de los votos dijo No a la modificación constitucional y el 48,7%, Sí.

Sin embargo, en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional atendió un recurso del MAS, que entendió que el entonces mandatario tiene derecho a un nuevo mandato.

Con ese fallo, Morales se repostuló en las elecciones generales de 20 de octubre de 2019, que resultaron fallidos debido a presuntas irregularidades denuncias por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entonces, su contendor electoral, Carlos Mesa, llamó “fraude monumental”.

Según la Constitución, Arce tiene opción a un segundo mandato –si es que opta por él en 2025— un vez que termine el que comenzó el 8 de noviembre de 2020, luego de ganar los comicios de ese año con el 55,1% de los votos.

Edman Lara Montaño, el capitán que denunció hechos de corrupción en la Policía en Santa Cruz, fue aprehendido este lunes acusado por varios delitos, a denuncia de otra agente policial.

El oficial fue trasladado a la comisaría de la zona del Mechero en el Plan 3000 de aquella ciudad.

Es investigado por presuntos delitos de uso indebido de influencias, usurpación de funciones, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, a denuncia de la sargento Maribel Huayllani Silvestre.

La familia del capitán anunció que el hombre fue aprehendido por orden de la representante del Ministerio Público de la Unidad de Anticorrupción, la fiscal Mirtha Mejía Salazar.

Según su esposa, Diana Romero, la aprehensión es una represalia de las constantes denuncias de corrupción. “Fue aprehendido ilegalmente a las 06.30 de la mañana por una denuncia que le hizo la sargento Huayllani”, lamentó ante los medios de prensa.

“Aquí solo el corrupto y el que tiene dinero están bien y quien trabaja por su pueblo, para combatir la corrupción y no está involucrado en ningún caso irregular e ilegal, ni de extorsión y corrupción, ahora está apresado”.

Denuncias

El último hecho que denunció Lara fue vinculado al capitán Javier Alberti, quien se encuentra recluido en el penal de Palmasola acusado del delito de robo agravado.

En 2022 denunció que era objeto de amedrentamiento, persecución y represalias, luego de haber denunciado una presunta corrupción en la Unidad de Recaudaciones en Santa Cruz.

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Entonces fue notificado por un proceso en su contra, además de ser suspendido de sus funciones.

Denunció también actos de corrupción en la unidad de Tránsito, pues señaló que un capitán fue sobornado por una persona para que aquel lo atienda sin hacer fila.

Lara también acusó al efectivo del orden de arrebatarle el celular para borrar evidencias.

Según Lara, cuenta con un testigo que tiene registros y comprobantes de cuantiosas sumas de dinero, que van de entre Bs 20.000 a Bs 50.000, a nombre del teniente coronel Jhonny Ortuño y otros policías que trabajan con él.

Sobre el caso, el abogado Jaime Soliz calificó de ilegal la aprehensión de Lara e informó que sobre éste pesan ya tres procesos. En su criterio, hay miembros de la Policía que están “muy preocupados” y buscan “sacarlo de la institución verde olivo, con cualquier argumento”.

“El delito que le están tratando de endilgar es uso indebido de influencia, pero él hace las denuncias a título de ciudadano y no trata de influenciar en absolutamente nada, lo que pretende es que no abusen de los ciudadanos que de verdad necesitan el apoyo de una persona valiente”, indicó.

Según el jurista, la orden de aprehensión fue emitida el viernes 24 de marzo, pero su defendido no fue notificado.

También denunció que le niegan su ingreso para ver a su defendido. La representante de Derechos Humanos María Inés Galvis pretendía ingresar a la comisaría, debido a que le informaron que Lara había sido golpeado, pero también le negaron el ingreso.

Una delegación de almenos 25 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos altos comisionados, comienza su trabajo en Bolivia, con el objetivo de conocer la situación en ese ámbito, en diferentes regiones del país.

“El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia; con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, la justicia y garantías judiciales; el acceso a los derechos económicos sociales”, dijo el comisionado de ese organismo internacional Joel Hernández.

Aclaró que la visita de esta comisión tiene “un fin distinto” al de la mesa de seguimiento al informe del Grupo Internacional de Especialistas Independientes (GIEI) sobre la violencia de 2019, entregado en Bolivia en agosto de 2021.

Además, confirmó que la comisión se reunirá con autoridades estatales, activistas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil; gremios y privados de libertad en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. “Es importante escuchar todas las voces”.

Por su parte, su colega Esmeralda Arosemena de Troitiño, explicó la importancia de realizar esa visita en el mismo lugar en el que esos derechos deben ser garantizados. “Una visita in loco significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región, nos permite estar en terreno”, acotó.

Antes de su llegada hubo varias solicitudes de reuniones específicas con el equipo del organismo internacional, entra la de la expresidenta Jeanine Áñez; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el dirigente cocalero César Apaza y otros que se denominan “presos políticos”. Sin embargo, la CIDH aclaró que la comisión no atenderá casos específicos.

Visita de la CIDH

Pese a que la visita es de monitoreo en general, la CIDH, a través de una nota de prensa institucional, señaló; “tendrá espacios de escucha con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos que se anunciarán oportunamente”.

Según información del Gobierno, no hubo una visita de la CIDH de la dimensión actual desde la última vez, en 2006. El periplo actual fue coordinado desde 2019.