El juez Primero de Instrucción Cautelar de El Alto determinó este martes que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez sea juzgada en la vía ordinaria por la masacre de Senkata en 2019, en el caso que fue denunciada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
Hace una semana, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra la exmandataria, por los tres delitos mencionados.
De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala. Cuatro días antes, se registró la masacre de Sacaba, en Cochabamba.
En ese marco, la Fiscalía presentó todos los argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria.
En tanto, la defensa de Áñez solicitó que se active un juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.
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El abogado Luis Guillén afirmó que en el marco de este proceso ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, al Legislativo, donde el trámite continúa.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.
Lima argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.
En 2022, Áñez pidió a CC y Creemos aprobar el juicio de responsabilidades para “exponer la verdad de los sucesos ante el país”, pero el tema no se logró debatir en la Asamblea.
“Ante la impostura y la actitud hipócrita de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de decirles a ustedes, a los medios que se iba a dar los dos tercios para una autorización congresal, cosa que no han hecho en todo este tiempo, y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra opción”, insistió Lima.
Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.
De manera paralela, Áñez es procesada por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato en 2020.
Asimismo, está acusada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de 2022.