Nacional

Wednesday 25 Jan 2023 | Actualizado a 12:35 PM

APDH-Bolivia anuncia visita a reos en Chonchocoro, entre ellos Camacho

Consultado sobre si el operativo fue violento, Édgar Salazar dijo “tal vez fue una actuación incorrecta de la Policía ese día, por ello se ha pedido conocer el protocolo para la aprehensión”.

Hay vigilias en el penal de Chonchocoro pidiendo la máxima sanción para Camacho.

/ 25 de enero de 2023 / 12:35

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Édgar Salazar, anunció que una comisión visitará a los reclusos de Chonchocoro, entre ellos Luis Fernando Camacho.

“Como institución, hicimos la solicitud a la Dirección de Régimen Penitenciario para ingresar a la cárcel de Chonchocoro y hacer una visita a todos los privados de libertad. Vamos a movilizarnos para que nos agenden el día y los protocolos de ingreso para hacer un seguimiento”, detalló a La Razón Radio.

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Añadió que esta comisión se reunirá con todos los privados de libertad para conocer su situación jurídica, preocupaciones y estado salud a fin de lograr un equilibrio en el trato que les proporciona.

Camacho

Respecto a la situación de Camacho, Salazar indicó que se trabaja en un informe sobre su situación jurídica. “Vamos a trabajar en ese informe y nos falta hacer la visita”, indicó.

El gobernador cruceño está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre. Está acusado por presunto terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

De acuerdo con sus abogados, familiares y políticos de oposición, dicha reclusión es injusta ya que se trata de una “persecución política”.

También se afirmaa que “fue secuestrado” de Santa Cruz por presión del presidente Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aprehensión

El 28 de diciembre, Camacho fue aprehendido en Santa Cruz durante un operativo especial de la Policía. Ese día se denunció que todos sus derechos fueron violados, por ello se adelantó que se hará un reclamo internacional.

Consultado sobre si el operativo fue violento, Salazar dijo “tal vez fue una actuación incorrecta de la Policía ese día, por ello se ha pedido conocer el protocolo para la aprehensión”.

Sin embargo, recordó que Camacho había sido convocado varias para declarar en el caso.

“Existían comparendos para que preste declaración informativa sobre el caso Golpe de Estado I”, dijo.

Camacho “conocía el inicio de la acción penal en 2020 y ha estado rehuyendo a prestar declaración. Así ha expresado él, pero por la mala orientación de sus abogados y la falta de voluntad de prestar declaración es que se ha emitido el mandamiento de aprehensión”, afirmó.

El 31 de octubre de 2022, el fiscal del caso, Omar Mejillones, libró la aprehensión de Camacho.

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La Policía pide deponer intentos de violencia durante el ‘cabildo’ en La Paz

“Las actividades policiales ya están planificadas y las vamos a accionar en los momentos que corresponda amparados en el mantenimiento del orden público”, advirtió el coronel Ismael Villca.

El pasado 10 de enero hubo enfrentamientos en la zona sur de La Paz.

Por Roberto Medina

/ 25 de enero de 2023 / 11:28

El comandante de la Policía de La Paz, coronel Ismael Villca, pidió a quienes participarán del cabildo de la tarde de este miércoles deponer cualquier intención de actos de violencia.

“Habrá constantes controles policiales en ese evento, por ello pedimos que depongan la actitud de confrontación, si es que lo pretenden hacer”, recomendó el jefe policial.

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La autoridad policial advirtió que durante la realización del “cabildo nacional” en La Paz, la Policía hará cumplir el mantenimiento del orden público.

“Las actividades policiales ya están planificadas y las vamos a accionar en los momentos que corresponda amparados en el mantenimiento del orden público”, dijo a los periodistas.

Aseveró que ese orden será reestablecido de inmediato, si es que se llegaran a producir enfrentamientos.

Tal y como pasó el 10 de enero, en la zona Sur de La Paz.

“Lo vamos a reestablecer de inmediato y para ello pedimos el mejor comportamiento de los que van a participar en ese cabildo”, aseveró.

Operativos

Sin precisar la cantidad de efectivos policiales que serán desplazados a ese evento, remarcó que hay “grupos pequeños” que incitan a la violencia y que serán controlados.

Desde las 16.00 de este miércoles comenzará la concentración de ciudadanos en la zona de Sur de La Paz, en San Miguel.

Las movilizaciones y el denominado “cabildo nacional” tienen el objetivo pedir “democracia”, “justicia” y “liberación de presos políticos”.

La iniciativa surgió a raíz de la convocatoria a movilizaciones del Comité pro Santa Cruz.

Ello por la aprehensión y posterior detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

El líder político se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre.

Está acusado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

Ello con relación a los hechos precedentes al derrocamiento de Evo Morales en 2019.

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La APDH-B cree que la CIDH ‘llamará la atención’ al Estado por la crisis de 2019

“Se ha hecho el reclamo al trabajo deficiente del Ministerio Público y de la Justicia porque no existe sentenciados a la fecha por las masacres de 2019 y las violaciones a los derechos humanos”, dijo Édgar Salazar a La Razón Radio.

Militares se enfrentaron con los vecinos de Senkata, en noviembre de 2019.

Por Roberto Medina

/ 25 de enero de 2023 / 11:21

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Édgar Salazar, cree que la CIDH llamará la atención al Estado boliviano por el escaso avance de las investigaciones de la violencia en 2019.

Para este miércoles está prevista una reunión entre el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, con el Órgano Judicial, en Sucre.

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Salazar prevé que el organismo internacional principalmente observe el trabajo del Ministerio Público y del Órgano Judicial en el caso.

“Percibimos que se va a llamar la atención al Estado por la falta de trabajo del Ministerio Público y de la Justicia», dijo a La Razón Radio.

«Eso hemos identificado, porque el informe (36 recomendaciones del GIEI) es claro respecto a lo ocurrido», señaló.

«Están identificadas las instituciones que debería hacer su trabajo”, acotó.

Encuentro

Salazar dijo que durante la reunión que el martes sostuvo la APDH-B con la misión de la CIDH, se hizo conocer las observaciones al trabajo del Ministerio Público y la Justicia.

Ese trabajo respecto al cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI-Bolivia.

“Se ha hecho el reclamo al trabajo deficiente del Ministerio Público y de la Justicia porque no existe sentenciados a la fecha por las masacres de 2019 y las violaciones a los derechos humanos”, detalló.

Dijo que solicitó a la misión la colaboración para la aprobación de una ley de reparación integral a las víctimas de las masacres de 2019.

“Hay necesidad de que se levante un censo y se identifique a todas las víctimas”, afirmó el activista.

Además, señaló que se hizo referencia a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre la desarticulación de “grupos paraestatales que han generado violencia y terror” en la crisis de 2019.

Representación

Antes de su reunión con la misión de la CIDH, la APDH-B ya había planteado esta preocupación al Ministerio Público.

“Esa situación tiene que ser investigada e iniciarse los procesos», dijo.

«Pero existe falta de voluntad de las instituciones que deben investigar y procesar los delitos penales y las violaciones a derechos humanos cometidos en 2019”, insistió.

Crisis

Luego de las elecciones de 2019, consideradas fraudulentas, se desató un conflicto en el país.

Ello degeneró en la caída del presidente Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez.

Las protestas derivaron el violencia y violación derechos humanos, como estableció en su informe el GIEI. Los casos más graves fueron las masacres de Sacaba y Senkata, con una veintena de fallecidos a bala.

Entonces, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078, con el que las Fuerzas Armadas actuó sin reparos sobre una eventual sanción penal.

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Para juez, no se afectó privacidad de Camacho

La causa era contra el ministro de Gobierno, Del Castillo.

Imagen por la que Camacho reclamó ante el juzgado paceño

Por Iván Bustillos

/ 25 de enero de 2023 / 06:30

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó la acción de protección a la privacidad que interpuso la defensa de Luis Fernando Camacho.

El gobernador cruceño está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro.

“La resolución de la autoridad jurisdiccional fue denegar la tutela”, confirmó Juan Carlos Camacho, abogado del Gobernador.

La audiencia, que se realizó de manera virtual, duró casi tres horas, según registró al agencia estatal de noticias ABI.

La defensa de Camacho utilizó este recurso legal en contra del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Aalegan, presuntamente, la difusión de imágenes de su reclusión “sin autorización” del Gobernador imputado.

Sin embargo, la autoridad jurisdiccional, la Sala Constitucional Primera paceña denegó la acción.

Su respuesta tiene base en el criterio de que debía acudirse a una autoridad con anterioridad.

Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz está imputado por el delito de terrorismo tras su audiencia de medidas cautelares y el juez determinó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha.

El delito de terrorismo principalmente en el sentido de haber impulsado el derrocamiento de un Presidente electo.

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Lima destaca trabajo plural de la CIDH y detalla agenda que cumplirá hasta el jueves

Este martes, ese grupo de expertos inició una serie de encuentros con diferentes entidades del Estado, organizaciones políticas y de la sociedad civil para avances sobre el cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI, sobre la crisis de 2019.

El ministró Iván Lima durante una conferencia de prensa. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 24 de enero de 2023 / 23:25

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó el trabajo plural que desarrolla el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, que junto a su equipo técnico desarrollará una serie de actividades hasta el jueves 26 de enero.

Este martes, ese grupo de expertos inició una serie de encuentros con diferentes entidades del Estado, organizaciones políticas y de la sociedad civil para avances sobre el cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI, sobre la crisis de 2019.

El 22 de marzo se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg-Bolivia) con el fin de dar seguimiento a esas recomendaciones.

En ese marco, Lima destacó la apertura de la CIDH para sostener reuniones con diferentes sectores.

“Es un trabajo plural que están realizando, como debe ser el trabajo en derechos humanos. Se han reunido con diferentes actores, desde la mañana por ejemplo con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General”, explicó el ministro.

Reiteró que esta labor se desarrollará hasta el jueves, periodo que será usado para recabar información de diferentes instituciones, además de actores políticos y sociales.

Lea también: La CIDH llega a Bolivia para verificar los avances en las recomendaciones del GIEI

Lima precisó que este miércoles, el equipo de la CIDH viajará a Sucre con autoridades de la Fiscalía General del Estado, además de otras instituciones que tienen sede en esa ciudad, con víctimas de hechos que ocurrieron al sur del país y vocales electorales.

“Terminan su agenda el jueves con reuniones en La Paz, donde sostendrán encuentros con legisladores de diferentes fuerzas políticas, además de víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal”, explicó Lima.

Respecto al cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI, el ministro de Justicia evitó precisar una porcentaje de avance, pero detalló las áreas en las que se está trabajando.

“Hemos avanzado en atención a las víctimas, en la justicia y en las políticas públicas en las tres áreas hay avances, pero no hay un avance porcentual que pueda darse porque estas son tareas de mediano y largo plazo que van a ir consolidándose”, precisó Lima.

En marzo de 2022, la CIDH inició diálogos con el Gobierno nacional y conformaron una mesa de seguimiento para que Bolivia contribuya a la consolidación del diálogo con los diversos sectores de la sociedad en torno al proceso de cumplimiento de las recomendaciones.

“Lo importante es que el cumplimiento la mesa y de las recomendaciones no sea una declaración del ministro de Justicia o del Órgano Ejecutivo, sino, que tenga el acompañamiento y la evaluación de la CIDH. este es un Gobierno comprometido con los derechos humanos, abierto a la observación internacional”, aseveró.

Anunció que la Meseg-Bolivia entregará un informe final el 22 de marzo de 2023, al cumplirse un año de la conformación de la mesa de trabajo.

Detalló que en el marco a las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI se identificaron tres áreas: atención a las víctimas, justicia para las víctimas y políticas públicas.

Resaltó la actual consolidación de una política pública integral que fue validada por los sectores sociales y que contará con una ley, que ahora se trata en la Asamblea Legislativa.

En tanto, en el área de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Órgano Judicial deberán brindar un informe de los avances durante su reunión en Sucre.

Respecto a la atención a las víctimas, recordó el apoyo gubernamental para los familiares y las víctimas de los hechos luctuosos con la entrega de ayuda humanitaria, inserciones laborales para las víctimas y sus familiares, reembolsos por gastos médicos, becas académicas y técnicas, y el trámite gratuito de libretas de servicio militar.

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Defensa de Áñez apela ante el TSJ fallo sobre juzgamiento del caso Senkata en la vía ordinaria

El abogado Luis Guillén informó que el juez Marco Amaru, del Juzgado Primero en lo Penal, se declaró competente para procesar a Áñez de esa forma y no en un juicio de responsabilidades, en su calidad de exmandataria.

Familiares recuerdan a sus fallecidos durante los conflictos de 2019. Foto: Archivo La Razón.

Por Luis Mealla

/ 24 de enero de 2023 / 22:29

La defensa legal de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego que un juez de El Alto dictaminó que la exmandataria sea juzgada por la vía ordinaria, por la masacre de Senkata.

El abogado Luis Guillén informó que el juez Marco Amaru, del Juzgado Primero en lo Penal, se declaró competente para procesar a Áñez de esa forma y no en un juicio de responsabilidades, en su calidad de exmandataria.

“Esto está en apelación y tiene que haber elementos que cumpla el Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión de esa autoridad judicial (Amaru). El Tribunal Supremo de Justicia tiene esta facultad de revisar si esta decisión es adecuada o no”, enfatizó.

La decisión se tomó en una audiencia de excepción de inhibitoria, que se realizó este martes por más de cinco horas, a pedido de víctimas de Senkata que son patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia.

Hace una semana, el Ministerio Publico determinó ampliar la investigación contra la exmandataria, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el caso Senkata.

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De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala.

En ese marco, la parte acusadora presentó los respectivos argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria.

En tanto, la defensa de Áñez solicitó que se active un juicio de responsabilidades, en su calidad de expresidenta, el cual debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.

No obstante, el juez Amaru determinó que la exmandataria vaya a un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juzgamiento en un tribunal de sentencia.

Guillén calificó esa determinación como “arbitraria e inusual”, pues —en su criterio— el juez de El Alto se arrogó las competencias del TSJ, pese a que ya existe una proposición acusatoria contra Áñez, que fue remitida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en agosto de 2021, al Legislativo, donde el trámite continúa.

“Su procedimiento ya se inició, ya está en curso (…). Dentro de este proceso, ya se tomó la declaración de la exmandataria, el Tribunal Supremo de Justicia asumió el control jurisdiccional de este proceso y se han realizado varias actuaciones dentro de este proceso”, aseguró Guillén.

El abogado insistió en la irregularidad de esta determinación, pues uno de los principales argumentos del juez Amaru es que él sería la primera autoridad que habría conocido el proceso de Senkata, cuando este caso no involucraba a la exmandataria.

“Él, al considerarse que ha sido la primera autoridad, es bajo este entender que se considera competente”, fustigó Guillén.

Al respecto, la pasada semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.

Lima argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.

De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a civiles en El Alto, donde se registraron 31 personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Asimismo, se da cuenta “de 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”.

Según el Ministerio Público, se amplió la responsabilidad en contra de Áñez por la emisión del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus operativos en regiones como Senkata y Sacaba.

Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo masacres en Senkata y Sacaba.

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