El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, admitió que, ante la ausencia física del gobernador Luis Fernando Camacho, ejerce sus funciones, que corresponden a una suplencia gubernamental.

“Dirijo gabinetes de secretarios, representaciones de la institución y, de cierta forma, el trabajo que hace un gobernador en ejercicio supliendo la ausencia temporal de Luis Fernando”, explicó.

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Aclaró que lo suyo no es interinato y que Camacho sigue siendo el gobernador.

“No es un interinato el que corresponde, porque yo fui electo con Luis Fernando (Camacho), (sino) corresponde una suplencia gubernamental, así lo estipula nuestro estatuto”, explicó en entrevista con El Deber Radio.

Camacho

“(Luis Fernando Camacho) cumple sus funciones como gobernador porque emite resoluciones, decretos e inclusive he recibido una nota delegándome una representación de la Gobernación. Él es gobernador actualmente”, afirmó.

Este lunes 30 de enero se cumplió un mes de la encarcelación preventiva de Camacho en el penal de Chonchocoro, de un total de cuatro que dispuso la justicia.

En el marco del proceso denominado Golpe de Estado I, el gobernador cruceño fue acusado de ser autor del delito de terrorismo.

Gobernación

De acuerdo con Aguilera, a pesar de la ausencia de Camacho, “todo opera con normalidad” en la Gobernación cruceña.

Agregó que no es un trabajo sencillo, pero que entre todos los funcionarios hacen los esfuerzos necesarios, mientras se espera que se respete el voto ciudadano que eligió a Camacho como gobernador.

Ejecución

Aguilera dijo que, pese a las dificultades en Santa Cruz durante la gestión 2022, se sobrepasó el 83% de ejecución presupuestaria; por ello, en su criterio, se tiene una capacidad igual o mejor que algunas entidades públicas del país.

Indicó que, básicamente, el mayor presupuesto ejecutado el año anterior fue para el área de salud, aunque también para carreteras y otras infraestructuras

El vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, admitió que sufre presión de algunas personas para abandonar su candidatura a la presidencia del Comité pro Santa Cruz.

“No es de instituciones, sino de amigos y familia”, dijo a los periodistas que le consultaron si todavía estaba firme en su postulación.

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Algunos analistas consideran que Vargas es presionado porque se tiene que “allanar” el camino para la elección del binomio Fernando Larach-Stello Cochamanidis, para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, de la entidad cívica.

Actualmente, ambos son primer y segundo vicepresidentes del Comité pro Santa Cruz, presidido por Rómulo Calvo.

Elecciones

Las elecciones del Comité pro Santa Cruz se realizarán este 11 de febrero. El sábado, Vargas confirmó su intención de postularse a la presidencia.

El académico fue enfático en aclarar que no se postula para dar continuidad a la línea política del expresidente y hoy gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

“No me debo a Luis Fernando Camacho ni a nadie, voy por el estado de derecho”, afirmó.

Pugnas

Para el senador William Torres, del Movimiento Al Socialismo (MAS) las elecciones en el Comité son pugnas personales, de logias y pequeños grupos privilegiados de Santa Cruz.

“Para nadie es desconocido que son pugnas de las logias ‘Caballeros del Oriente’ y ‘Toborochi’. Al final, hay hipocresía total en el fondo”, aseguró.

En círculos políticos se asegura que está descontada la elección de Larach.

Calvo termina su gestión luego de haber sucedido Camacho, primero tras la renuncia de éste, en diciembre de 2019, y luego por una nueva elección, en 2020.

Zambrana

Este martes por la mañana, Agustín Zambrana confirmó su candidatura al Comité pro Santa Cruz.

Dijo que se hablará con todas las instancias para lograr la representatividad necesaria.

Asimismo, dijo que desde Plaza Murillo, en La Paz, se le dirá a los políticos lo que están haciendo mal.

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció persecución política en su contra de parte del gobierno del presidente Luis Arce en el caso de una denuncia por presunta difamación de David Moscoso.

El Gobierno y el Ministerio de Justicia están “en convivencia” con David Moscoso, otrora acusado por falsificación, declaró ayer en conferencia de prensa.

Mesa dijo que el hombre presentó en su contra y del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón un juicio penal por injurias, difamación y calumnias.

Relató que Moscoso es socio de la empresa Non Metallic Minerals S. A. y anteriormente falsificó un documento y un acta de fundación de su empresa para permitir un juicio internacional contra Bolivia.

“El autor de la falsificación que terminó en la entrega de la increíble suma de 42,6 millones de dólares a una empresa pirata chilena (Non Metallic Minerals) es quien nos abre un juicio a los dos por esos delitos”, detalló.

Por su parte, Alarcón, abogado de Mesa en el caso Quiborax, indicó que uno de los objetivos que persigue el Gobierno, “utilizando este disfraz de acusador privado”, es criminalizar la defensa de Mesa.

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El juicio abreviado fue el 14 de agosto de 2009 y condenó a Moscoso como autor de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. “El falsificador condenado por falsificación nos acusa de haberle dicho falsificador”, dijo Mesa.

Autoridades del Ejecutivo exigieron que Luis Fernando Camacho formalice a la Fiscalía la denuncia por espionaje en su celda, entregando la cámara que habría encontrado; y que muestre que ésta transmitía datos, toda vez que no se halló un cableado.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ayer, en entrevista en el programa televisivo Piedra, papel y tinta de La Razón, dijo que hasta la fecha no se tiene un registro documentado de la cámara dentro del penal, que ésta salió del mismo de la mano del abogado Martín Camacho, que la mostró por primera vez a los medios.

Y aquí cuestiona Limpias al abogado: terminada su presentación de la cámara, ¿por qué no la entregó al investigador presente allí, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP)?

“Terminada la conferencia de prensa, cualquiera pensaría que (el abogado) iba a volver a entrar y decir ‘ésta es la cámara, aquí está mi denuncia’; no lo hace así, y hasta ahora desconocemos la cámara y sus características”, detalló.

CABLEADO.

Una vez que el informe elaborado por el IITCUP —reveló Limpias— dio cuenta de que en la celda no había ningún cableado (necesario para transmitir las imágenes y alimentar de energía al aparato), el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, convocó ayer a que los abogados de Camacho entreguen la cámara y muestren si tiene la autonomía de transmitir señal sin cableado:

“La cámara va de mano en mano, menos a donde tiene que ir. Hay que ver si ésta transmitía o no transmitía, porque tendría que ser como un celular, más o menos, que lo pongas y conectes”, inquirió el viceministro.

En cuanto a la autonomía de la cámara, al presentarla a los medios en la puerta del penal, el viernes 27, el bogado Martín Camacho había dicho: “Esto es a cable, tenía corriente, el cable quedó colgado, aparentemente, transmitía, no es una cámara que sea reemplazada porque tenía su corriente, aquí están los lentes, lo pueden ver es una cámara, tiene dos antenas de transmisión y esto estaba transmitiendo a otro lugar”.

El viernes 27, la prima de Camacho, Natalia Ibáñez —según reportó la televisora Unitel— había logrado entrar al penal y hablar con Camacho y su esposa; al salir, ratificó la denuncia de la cámara espía, añadiendo que Camacho tenía testigos del retiro de la cámara: “Vamos a pedir que se presenten como testigos un oficial de apellido Laura, en su delante Luis Fernando extrae la cámara (de la pared); que se presente el médico de turno, delante de él se extrae la cámara; que se presente como testigo el oficial a cargo de la celda y el oficial de seguridad de turno”, afirmó Ibáñez, señala Unitel.

INGRESO.

Bajo la sospecha de que la cámara más bien ingresó irregularmente al penal, Régimen Penitenciario pidió ampliar la investigación a las visitas y funcionarios que podrían haber introducido el artefacto.

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Limpias dijo que al menos un tiempo Camacho tenía visitas sin pasar la correspondiente requisa, lo que se tuvo que hacer para evadir las vigilias de organizaciones sociales. “La familia decía que no podía ingresar, que tenía miedo. (Por eso) hemos permitido el ingreso directo (con automóviles) hasta la Gobernación, pasando por alto los controles”, indicó.

Limpias reveló, además, que la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho sacó la cámara de Chonchocoro de forma irregular, con la ayuda de “buenos policías”, según los calificó el abogado Martín Camacho.

La defensa legal de Luis Fernando Camacho presentó una denuncia contra tres policías, por el delito de incumplimiento de deberes, luego que presuntamente en la FELCV se rehusaron a abrir un caso por el hallazgo de una “cámara espía” en la celda del gobernador cruceño.

Según la demanda, presentada ante la Fiscalía de La Paz, se pide activar acciones legales en contra del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Rubén Lobatón; el director departamental de la FELCV, Julio Larrea, y el sargento primero de Policía Wilson P.

El viernes, la defensa de Camacho buscó interponer una denuncia ante la Policía por el supuesto hallazgo de una cámara en su celda de Chonchocoro, empero, el trámite se frustró pues las autoridades no la recibieron.

Los juristas denunciaron que se cometieron delitos de “acoso sexual y violencia psicológica” en contra de Fátima Jordán, esposa de Camacho, quien pasó varias noches en esa celda acompañando a su cónyuge.

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Este lunes, ella denunció que se violó su intimidad y la de sus allegados, tras el supuesto hallazgo de ese artefacto y anunció acciones legales.
Horas después, los abogados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

También este lunes, tres policías de la FELCV presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra los abogados de Camacho, por los delitos de discriminación, violencia, allanamiento, intimidación y amedrentamiento.

Al respecto, Lobatón explicó que los juristas cometieron acciones de violencia verbal y física en instalaciones policiales y que se debe sentar un precedente.

“Existió una discriminación total por parte de estos ciudadanos en contra de funcionarios o de las funcionarias policiales, que en ese momento se encontraban cumpliendo su labor (…). No podemos pasar este tipo de situaciones (…). En cámaras aparecen dos personas que son abogados y la denuncia es contra ellos”, enfatizó Lobatón.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó la existencia de una cámara en el ambiente en el que se encuentra recluido Camacho, aunque instruyó la respectiva investigación.

A fines de 2022, Camacho fue imputado por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I y se determinó su detención preventiva, desde el 30 de diciembre, en Chonchocoro, donde se le habilitó un ambiente para que recibe visitas y reciba un tratamiento médico.