La exsecretaria municipal de Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz Sandra Velarde fue sentenciada a dos años de cárcel, acusada por el delito de incumplimiento de deberes dentro del caso BRT.

“Se le ha impuesto una pena de dos años, estamos de acuerdo con esa pena y hay un responsable; ahora vamos a ir por la reparación del daño civil”, informó el abogado Marcelo Aliaga, abogado de la parte de denunciante.

Se espera la recuperación de al menos Bs 25 millones.

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Velarde admitió el delito respecto a las irregularidades que se investigaron en la ejecución del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT). Se sometió a un juicio abreviado en junio del 2022.

Aliaga informó que la audiencia se desarrolló de forma virtual debido a que la exfuncionaria municipal se encuentra internada en una clínica.

“El señor juez estableció que esté encerrada hasta mayo de 2025 para que cumpla su condena en el penal de Palmasola, encierro que rige desde ahora”, afirmó Aliaga.

Este caso también implica a la exalcaldesa Angélica Sosa y al exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía Javier Cedeño, quienes guardan detención preventiva en Palmasola por los casos de Ítems fantasma y la compra de terrenos para el vertedero municipal de San Miguel de los Junos.

Sergio Bustillos, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), negó haber instruido la importación de vehículos ilegales, como lo acusó del capitán Javier Alberti, ahora detenido en Santa Cruz.

“Tengo 32 años de ejercicio policial, no tengo ni un proceso disciplinario, no tengo absolutamente nada. Tendrá que sopesarse varias acciones para que pueda develarse la verdad. Yo estoy llano para someterme a la jurisdicción que así sea conveniente y que se disponga “, indicó.

Bustillos recordó que el miércoles, cuando Alberti fue presentado como uno de los autores de un atraco en Santa Cruz, el oficial lo involucró en el traslado de vehículos chutos desde Chile.

“Con mi abogado vamos a tomar las acciones penales correspondientes”, adelantó el jefe de la FELCC, en respuesta a las alusiones del detenido.

Ese día, en medio de forcejeos y escándalo por parte del acusado, Alberti fue mostrado a los medios de información por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Soy inocente, no soy el de la fotografía”, vociferó el capitán.

El último fin de semana, Alberti y otro capitán de la Policía, Salomón Salek, fueron sorprendidos en una atraco a una persona en Santa Cruz, según muestra un video publicado en redes sociales.

Ambos están ahora detenidos, acusados de robo agravado.

En su defensa, Bustillos dijo conocer a Alberti solo por razones laborales. Reivindicó su trayectoria profesional y afirmó que no tiene ningún proceso disciplinario.

“Cualquier persona, así sea el delincuente más avezado, tiene el derecho a la defensa. Ya he coordinado con mi abogado se está coordinando las acciones a asumir de carácter legal”, insistió el jefe de la FELCC.

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Alberti está implicado en una serie de ilícitos desde el 2009. En su audiencia cautelar, el jueves en Santa Cruz, el juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 100 días.

Sobre él pesan faltas disciplinarias, además de delitos vinculados con la Ley 1008, extorsión y robo de vehículos, detalló el ministro Del Castillo el día de su presentación en La Paz.

Denuncias

“En 2009, es recluido en (el penal de) Palmasola por transportar 59 kilos de cocaína; luego, en 2015, por extorsión y privación de libertad. Alberti, en marzo de 2021 denunciado públicamente por extorsionar a transportistas en Challapata”, detalló el ministro.

“En junio de 2022 se vio involucrado en un robo de vehículos en Chile y su comercialización a nuestro país. El 2 de julio se aprehendió a Alberti por legitimación de ganancias ilícitas; dos días después detenido preventivamente en San Pedro, el 25, luego de 21 días, se benefició con detención domiciliaria”, añadió.

Asimismo, Del Castillo dijo que son cinco casos con antecedentes disciplinarios; tres con requerimiento fiscal de acusación y 10 casos que “lamentablemente” están rechazados o archivados.

El juicio oral contra el expresidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo, acusado de difusión e incitación al racismo y ultraje a la wiphala, en septiembre de 2021, fue suspendido hasta el 4 de abril.

La información fue ofrecida por el juez Carlos Alberto Moreira, del juzgado Décimo Quinto de Sentencia Penal de Santa Cruz.

“Volvemos a continuar el 4 de abril, que es cuando van a venir los testigos a declarar y demostrar que yo no estuve presente en ese evento”, explicó Calvo al salir de su audiencia.

María Muñoz Rodríguez, Hernán Hinojosa, Estefanía Morales, Ninoska Morales y Rolando Enríquez Cuéllar, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), son los que acusaron a Calvo.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz lamentó que el fiscal de la causa haya pedido la máxima pena en su contra “por un evento que fue completamente inventado por los diputados”.

Según la denuncia, el agravio ocurrió en los actos de aniversario departamental del 24 de septiembre de 2021. Entonces, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, izó la wiphala en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, pero poco después fue retirada por un grupo de personas en medio de forcejeos y en su lugar fue izada la bandera con la flor de patujú.

En un video presentado por el ministro Iván Lima, Calvo se mostró dando la espalda a Choquehuanca y a asambleístas departamentales del MAS.

De acuerdo con el artículo 129 del Código Penal, “el que ultrajare públicamente a la bandera, el escudo o el himno de la nación, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años de prisión”.

Marco Amaru, juez primero de Instrucción Penal de El Alto, rechazó este jueves la recusación que había interpuesto en su contra la expresidenta Jeanine Áñez, que alegó afinidad política con el Movimiento al Socialismo (MAS), en el caso de Senkata.

El argumento del magistrado es que no había suficiente prueba y que las notas de prensa que lo involucran con el partido oficialista son únicamente ofensas o ataques, según la red Erbol.

Áñez adjuntó a su recusación dos notas de prensa con el fin de comprobar la afinidad política de Amaru. Una recuerda el reconocimiento al juez de parte de un diputado del MAS y la otra está referida a las declaraciones del diputado Renán Cabezas.

Ofreció como pruebas fotografías de Amaru en una supuesta campaña electoral del MAS junto a Evo Morales, el actual presidente, Luis Arce, y Wilfredo Chávez.

La autoridad jurisdiccional reconoció que las fotostáticas son reales, aunque pasadas, y que desconoce su origen. Sin embargo, afirmó que no son pruebas fehacientes.

Como respaldo, dijo que de acuerdo a la Ley 025, del Órgano Judicial, todo juez o jueza está prohibido de tener militancia alguna.

Para Amaru, las notas presentadas por Áñez no son causales de recusación porque, en su criterio, con ellas se ataca u ofende desde los medios de comunicación ante supuestos hechos ajenos a la presente causa. Dijo que los textos son tendenciosos y sensacionalistas.

La Cámara de Diputados aprobó el contrato de préstamo de $us 50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del tramo Botijlaca-Charaña, de una carretera hacia Chile.

Se trata del contrato de préstamo 5677/OC-BO para el «Programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia”, suscrito el 30 de diciembre de 2022, entre Bolivia y el BID.

“Se ha aprobado el primer tramo que comprende desde Botijlaca hasta Caquiaviri; son más de 33 kilómetros que se va a construir con más de $us 50 millones”, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy Mamani.

Hace 35 años que los comunarios piden al Gobierno el inicio de la obra. La noche del miércoles asistieron a la Asamblea Legislativa con el propósito de conseguir la aprobación del proyecto vial.

Uno de los dirigentes señaló que esta obra es “histórica para la provincia Pacajes”. Desde la oposición cuestionaron el plan del Gobierno de impulsar créditos con organismos internacionales; además, advirtieron de una crisis y pidieron frenar el endeudamiento.

El presidente Luis Arce y autoridades de la provincia Pacajes tuvieron un encuentro para proyectar el inicio de obras del primer tramo de la vía F 19. Con ese fin inspeccionaron la carretea Botijlaca-Charaña.