El Ministerio Público imputó al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce por supuesta corrupción. El legislador deberá comparecer en oficinas del Ministerio Público el viernes a las 14.00.

La mañana de este jueves, personal de la Fiscalía dejó un cedulón en la puerta de la oficina del legislador, considerado “radical” por apoyar al expresidente Evo Morales.

“Se le advierte que, en caso de desobediencia, se expedirá mandamiento de aprehensión”, dice parte del documento emitido por autoridades del Ministerio Público.

A instancias del diputado “renovador” Rolando Cuéllar, Arce deberá responder a las denuncias de supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica mientras fue alcalde de Omereque, en Cochabamba.

Esto agrava la crisis en el MAS, fuerza que enfrenta acusaciones mutuas entre seguidores de Morales y del presidente Luis Arce.

A tal grado llegó esa fractura, que el mismo Héctor Arce comenzó una serie de denuncias que presuntamente involucran a personas de confianza del mandatario. Así, en 2022 presentó una denuncia por supuesta corrupción en el caso denominado “coimas” en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La última denuncia que interpuso tiene que ver con “los guerreros digitales”, supuestamente financiados por el Gobierno. En ese caso apuntó a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y a otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia como financiadores de ese grupo.

Pero los conflictos entre “radicales y “renovadores” va más allá. La Asamblea Legislativa es otro escenario de disputa y diferencias entre ambos grupos. Al necesitar de los dos tercios de votación para la aprobación de normas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, la pugna entre ambas “alas” retarda la aprobación de varios proyectos de ley.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que la Agencia Francesa de Desarrollo otorgó a Bolivia un crédito de 200 millones de euros ($us 212 millones), aprobado por la Cámara de Senadores.

Ese crédito pasó “todo el ciclo de aprobación que implica e involucra a la Asamblea Legislativa”, justificó el funcionario en conferencia de prensa.

“El financiamiento con la Agencia Francesa de desarrollo significa un apoyo al Tesoro General de la Nación (TGN)”, precisó Cusicanqui.

El titular de Planificación dijo que ese crédito muestra “un voto de confianza” para la reconstrucción económica del país. “Los organismos internacionales muestran ese reconocimiento a la los indicadores económicos del país”, celebró.

“Si (los financiadores) no confiaran, no prestarían estos recursos a nuestro país”, argumentó el ministro.

Pero también informó que la Cámara de Diputados aprobó otros dos financiamientos, como el de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Un primer crédito aprobado el miércoles, de $us 58,4 millones, está destinado a la construcción del primer tramo de la doble vía entre Oruro y Challapata. El segundo, de $us 80,9 millones, financiará la construcción de la carretera entre La Joya y Chuquichambi, en Oruro.

Crédito

Estos dos créditos deberán ser homologados por la Cámara de Senadores.

La aprobación de tres créditos ocurre en pleno cuestionamientos sobre una supuesta inestabilidad de la economía nacional, planteada por sectores de oposición.

En los últimos días, la internacional Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Bolivia de B a B- y revisó su perspectiva de “estable” a “negativa” debido a la disminución de sus reservas.

Eso generó una serie de criterios que coincidían en que la baja de la calificación refleja la disminución de los amortiguadores de liquidez externa de Bolivia.

El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) Fernando Romero exigió a la Gobernación de La Paz la restitución de al menos 45 ítems para ese sector.

Explicó que las autoridades de salud dispusieron de esa cantidad de plazas en desmedro de los pacientes de diferentes especialidades.

“Hay 45 ítems acéfalos por renuncia o fallecimiento de colegas. ¿Dónde están esos ítems que son del sistema de salud y urgentes para nosotros?”, reclamó Romero en contacto con La Razón.

Asimismo, apuntó sobre la situación al director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Prisley Rivero, a quien llamó “el todopoderoso de los ítems”, como el responsable de que algunas especialidades no tengan personal para atención.

“Centenares de personas, hoy día, no están siendo atendidas porque hemos tenido que cerrar servicios por una política que usted, en forma irresponsable, está aplicando”, cuestionó.

«No es de ahora»

Dijo que esa exigencia “no es de ahora” y que ya se mandaron al menos 20 cartas a las autoridades departamentales para que atiendan esa solicitud, pero “no se tuvo una respuesta”.

Señaló, por ejemplo, que la unidad de Ecografía del Hospital de la Mujer, en el horario de la tarde, no cuenta con un especialista asignado, y que eso genera un perjuicio de al menos 400 estudios al mes.

Lo mismo pasa “en la Unidad de Cardiología del hospital La Paz; la farmacia del Hospital del Niño, en (el turno de) la noche; en Emergencias del del Hospital de Clínicas. Son infinidad de servicios que están afectados a su suerte”, reclamó.

Anunció que su organización seguirá movilizada. “Vamos estar marchando en las calles, vamos a instalar una huelga de hambre, a crucificarnos, y, si es necesario vamos cosernos los labios”.

Además, pidió que el Sedes de La Paz “pare la masacre de tantos despidos en el sistema de salud”. “Nos estamos sumando al pedido de renuncia y revocatorio del gobernador Santos Quispe”, adelantó.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramos calificó de “político” el conflicto por el litio en Potosí y denunció que el gobernador Jhonny Mamani manipula sectores para “tapar irregularidades”.

“Hay sectores que están siendo manipulados, hacen caso al Gobernador, y el interés del Gobernador es tapar varias irregularidades dentro de la gestión del gobierno departamental”, dijo Ramos en una entrevista con La Razón Radio.

También señaló que esa protesta es contradictoria y que no tiene una sola “cabeza”. Explicó que, por un lado, están las organizaciones campesinas que comenzaron un bloqueo de carreteras hace una semana, y, por el otro, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que convocó a un paro regional de 72 horas.

Pero lo que cuestionó en el fondo Ramos es que ambas protestas, de manera separada, tengan coincidencias. Por ejemplo, en la demanda de aprobación de una ley del litio y la construcción de carreteras, entre otros puntos.

“Varios sectores que conforman Comcipo no están de acuerdo (con el paro), porque ya no tienen representatividad. (La dirigencia) solamente está ahí por intereses personales. Es un paro que ha fracasado”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Gobierno “ya ha comprometido obras para esa región” y consideró innecesario incluir ese tipo de demandas en el pliego.

Entretanto, la Asamblea Legislativa debate un proyecto de ley sobre el litio en la Cámara de Senadores y otra en la de Diputados. Esta última considera la propuesta de Comcipo.

El Gobierno encamina el proyecto de industrialización del litio a través de la instalación de plantas para la producción de cloruro de potasio, inicialmente.

La administración de Luis Arce apuesta por la industrialización para conseguir la diversificación de la economía nacional.

Desde su presidio en Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, alentó las movilizaciones por el litio impulsadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

En una carta manuscrita publicada en sus redes sociales, Camacho se avino a las demandas y cuestionó el “centralismo” del gobierno del presidente Luis Arce.

“Los potosinos, como otras regiones, están reaccionando a la asfixia del centralismo, a la imposición de políticas impuestas por un gobierno autoritario”, dice parte del texto que tituló “Carta a Potosí”.

Regalías por el litio

Comcipo impulsa un paro regional de 72 horas desde el lunes 13 de marzo. Demanda, principalmente, una ley de recursos evaporíticos para la eventual distribución de entre 10% y 20% de las regalías para los departamentos productores de litio.

“La lucha del pueblo potosino, que, estoy seguro, será una lucha victoriosa, es una muestra de que ha llegado la hora de las regiones. El modelo de Estado centralista está asustado”, vaticinó Camacho.

En criterio del gobernador, detenido preventivamente desde el 29 de diciembre en el marco del caso Golpe de Estado I, “poco a poco avanza una visión de empoderamiento regional, en momentos en que el Estado centralista y el masismo ya no tienen respuesta para las regiones ni para el país”.

“El Gobierno, y su modelo económico, ha centralizado los recursos del Estado, dejando migajas a los gobiernos departamentales y municipales”, apuntó el otrora líder del Comité pro Santa Cruz.

Además, advirtió que, ante estas movilizaciones, “el masismo puede reaccionar con más violencia, detenciones y persecuciones” a los dirigentes potosinos.

En esa misma línea, algunos sectores campesinos instalaron el jueves un bloqueo en la localidad de Llipi. Exigen el cumplimiento de un pliego de 20 puntos, que también incluye la aprobación de una ley del litio; la construcción de un aeropuerto y obras viales, entre otros.

Mientras, la Asamblea Legislativa debate un proyecto de ley sobre el litio en la cámara de Senadores y otra en la de Diputados. Esta última considera la propuesta de Comcipo.

El Gobierno encamina el proyecto de industrialización del litio a través de la instalación de plantas para la producción de cloruro de potasio, inicialmente.

Afinidad

No es coincidencia que Camacho muestre su apoyo a Comcipo. Durante los conflictos poselectorales de 2019, en su condición de titular del Comité pro Santa Cruz, lideró las protestas por el supuesto “fraude electoral”.

Entonces, Comcipo estaba presidido por Marco Antonio Pumari, ahora detenido en el penal de Cantumarca por la quema de Tribunal Electoral Departamental (TED), en las protestas de 2019.

Ambos, desde sus regiones, impulsaron las movilizaciones que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de ese año. Su movimiento fue respaldado con un motín policial y la sugerencia militar de renuncia de Morales.

Dos días después, el 12, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores, luego presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni presencia de la mayoría parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).