Vladimir Peña, secretario de Gobierno durante la administración de Rubén Costas, considera que se debe analizar la demanda de una ley de amnistía para “presos políticos” a fin de lograr la reconciliación entre los bolivianos.
En el cabildo del miércoles, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, propuso pedir al Gobierno la liberación de los “presos políticos”, principalmente del gobernador Luis Fernando Camacho.
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Para ello, demandó la aprobación de una ley de amnistía en un plazo de 30 días, caso contrario, advirtió al presidente Luis Arce con impulsar un proceso revocatorio.
“En caso de incumplimiento, ¿están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno en un régimen dictatorial y antidemocrático?”, consultó y la masiva concurrencia respondió afirmativamente.
Mecanismo
Peña considera que la demanda de amnistía no se trata de una idea conspirativa contra el Gobierno o la búsqueda de impunidad.
Sino de un mecanismo democrático con base en un derecho constitucional.
“Es una facultad del Estado y hay que analizarla para reconciliar sociedades que han terminado divididas por diversos hechos», dijo a La Razón Radio.
«Pero no necesariamente quiere decir impunidad por diversas acciones”, acotó.
Acotó que los procesos conflictivos que dejan muertos y heridos son complejos, y que una sola herramienta (amnistía) no solucionará las sensibilidades y el daño a la democracia, pero será el inicio para darle al país la institucionalidad que demanda.
Peña respaldó esta afirmación asegurando que Bolivia “no tiene justicia independiente ni imparcial”, y que hay presos por cuestiones políticas.
Revocatorio
Respecto a la propuesta de revocatorio, Peña afirmó que no está de acuerdo porque, en su criterio, el país no necesita más elecciones.
“Electoralizar al país con revocatorio es un despropósito al margen de los recursos económicos a erogar”, aseveró.
En el denominado “cabildo nacional por justicia”, Calvo aseguró que hay “más de 180 presos políticos de este régimen”, entre ellos el gobernador Camacho.
En el caso Golpe de Estado I, Camacho fue acusado de terrorismo.
Por ello se dispuso su reclusión por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.