La delegación de la CIDH que llegó al país se reunió este martes con el gobernador Luis Fernando Camacho y con la expresidenta Jeanine Áñez. Ambos —por separado— abordaron su situación judicial y formularon algunos pedidos.

Entre otras cosas, Camacho pidió la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El objetivo es que investigue la represión policial en Santa Cruz, el 2022, durante los 36 días de paro por el Censo.

“El pedido más importante que realicé a los comisionados de la CIDH es que se conforme un nuevo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, explicó a través de una carta.

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Agregó que el objetivo es que se “investigue las represiones brutales realizadas por la Policía en contra del pueblo cruceño”.

Camacho afirmó que esos hechos “generaron dolor y muerte en la sociedad civil que ejercía su derecho a protestar pacíficamente contra un Gobierno negligente”.

En la historia de la CIDH, hasta la fecha, se crearon tres grupos para investigar violaciones de derechos humanos en distintos países.

GIEI

El GIEI más reciente se activó en Bolivia, el 2021, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Camacho pidió que la solicitud “sea atendida lo antes posible”, pues consideró que las cárceles de llenan de “presos políticos” mientras los “represores siguen gozando de impunidad”.

El gobernador cruceño cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, desde fines del 2022, luego que fue imputado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

Ese proceso está referido a la crisis de 2019 que derivó de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude electoral en los comicios de ese año.

Camacho

Horas después, la CIDH se reunión con Áñez, en un encuentro privado, en el que expuso su situación judicial.

“Les ha manifestado todos los agravios que ha recibido en este tiempo y las vulneraciones a sus derechos humanos y al debido proceso”, explicó Norka Cuéllar, abogada de Áñez.

Precisó que los cinco comisionados que la visitaron se reunieron con la exmandataria durante casi una hora. “Ella sustentó todas esas vulneraciones y pidió a la CIDH que esta situación sea parte del informe”.

Áñez

A Áñez se le abrieron varios procesos, como los casos Golpe de Estado I y II; en este segundo proceso, ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en 2022; mientras que en el primero aún está con detención preventiva.

Una delegación de la CIDH llegó a Bolivia, para hacer un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos. Su labor se desarrollará hasta el viernes, cuando brindarán un informe preliminar del trabajo realizado.

Para ese objetivo, los comisionados de la entidad internacional realizan visitas y sostienen reuniones con organizaciones civiles, políticos y grupos sociales, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.

En el marco de un diagnóstico anual, Amnistía Internacional (AI) advierte que en Bolivia hay falta de independencia y otros problemas estructurales en la justicia. Además, cuestionó las represiones violentas por parte de organismos del Estado.

Estas y otras situaciones fueron objeto de evaluación en el Informe Anual. Sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2022, que fue publicado por AI.

Entre sus consideraciones, AI señaló que las víctimas de los crímenes cometidos por los Gobiernos militares entre 1964 y 1982. Además de la crisis de 2019 siguen “esperando justicia, verdad y reparación”.

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Asimismo, el documento señala que los defensores de los derechos humanos en el país han sido “sometidos a actuaciones judiciales por criticar al Gobierno”.

El informe se hizo público en momentos que una delegación de la CIDH llegó a Bolivia. El objetivo es hacer un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos.

Para ese objetivo, los comisionados de la entidad internacional realizan visitas y sostienen reuniones. Con organizaciones civiles, políticos y grupos sociales, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.

Amnistía Internacional

Mientras se desarrolla esa actividad, AI alertó sobre la injerencia de las autoridades en el sistema judicial, por lo que cuestionan la falta de independencia.

Además, el informe señala que esto deriva en “problemas estructurales” en el sistema judicial y su respectiva administración.

En ese marco, el informe de la AI menciona la visita que hizo, en 2022, el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán.

Tras su visita, el funcionario extranjero “concluyó que las autoridades continuaban interfiriendo en la independencia del poder judicial y que el acceso a justicia seguía siendo difícil”, agrega otra parte del informe.

Independencia

Al respecto, AI también se refirió a casos referidos al gobierno transitorio, como el de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quienes “siguen afrontando cargos como terrorismo, sedición y conspiración”.

Llevan “más de 21 meses detenidas (esas personas) en espera de juicio”. En su criterio, ese es un indicador de “problemas estructurales en la administración de justicia”.

Áñez está encarcelada desde marzo de 2021 por procesos abiertos en función a la crisis política de 2019.

Mientras la defensa de la expresidenta afirma que fue un gobierno legalmente constituido, el Gobierno asegura que fue un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.

Justicia

Por ese motivo, se le abrió varios procesos, como el caso Golpe de Estado I y II; en este segundo proceso, ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en 2022, mientras que en el primero aún está con detención preventiva.

Asimismo, Amnistía Internacional se refirió al conflicto entre cocaleros opositores y afines al gobierno. Durante esos hechos, la Policía reprimió a los manifestantes.

Además, al menos, ocho dirigentes fueron procesados y ahora guardan detención preventiva, tras la toma violenta del mercado paralelo de Adepcoca, en Villa El Carmen, en La Paz.

Represiones violentas

Así, AI cuestionó que “agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente” a cocaleros “que protestaban” durante las movilizaciones.

La entidad internacional, en su informe, también da cuenta de que en Bolivia “se asesinó a defensores y defensoras de los derechos humanos a consecuencia de su trabajo”.

Cuestiona, además, que el Estado no “protegió” a las defensoras medioambientales” que sufrieron “al menos 200 agresiones y amenazas”.

“Pese al compromiso de Bolivia de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestación ilegal, durante el año se quemaron más de un millón de hectáreas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agrícola”, señala el informe.

El exvicepresidente Álvaro García Linera confirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2025. Asimismo, instó a la unidad rumbo a esos comicios, en momentos que el MAS atraviesa por una crisis de división interna.

“No me interesan las pegas ni las candidaturas, no tengo interés de ser candidato a nada en las siguientes elecciones”, afirmó García Linera, durante una entrevista con el programa “Detrás de la verdad”.

En medio de un escenario de división, críticas y cuestionamientos entre “evistas”, seguidores del exmandatario Evo Morales, y “renovadores”, afines al presidente Luis Arce, el exvicepresidente instó a sostener reuniones para limar asperezas, para encarar los próximos comicios.

“Los que están ahora, lo están haciendo mal porque están dividiendo (…), el riesgo es que el MAS puede perder las elecciones de 2025 y que entre una derecha criminal”, alertó.

“Pongamos desde ahora el remedio, resuelvan sus diferencias y lleguemos unidos en torno a un nuevo proyecto de transformación”, enfatizó García Linera.

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En ese marco, calificó como “terrible” la división de la bancada del MAS en el Legislativo, situación que “nunca había pasado en 14 años”.

“Reúnanse para aprobar los créditos, hay que ponerse de acuerdo, sino se va a erosionar la credibilidad económica, todo por falta de economía política, hacer acuerdos políticos”, lamentó la autoridad.

El exvicepresidente advirtió en febrero que una eventual división del MAS es un “suicidio electoral”.

“Por motivos electorales es un suicidio político apostar a dividir y fragmentar nuestro proyecto”, aseguró García Linera en entrevista con el programa “Piedra, papel y tinta”, de La Razón.

El senador Rubén Gutiérrez (MAS) precisó que este martes se publicará la convocatoria en medios de circulación nacional, para que “el miércoles 29 de marzo inicie el proceso de recepción” de postulantes para las elecciones judiciales.

“Va a tener una duración de 80 días, todo el proceso de preselección, a cargo de la Asamblea Legislativa, que estará encomendada a la Comisión de Constitución y la de Justicia Plural”, precisó el legislador.

Detalló que el proceso estará dividido en 11 etapas, que estarán definidas en la convocatoria que será publicada este martes.

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Dijo que durante 14 días estará abierta la etapa de presentación de postulaciones; luego, se procederá a la apertura de los sobres para revisar los requisitos mínimos de los postulantes.

Después, se pasará a la etapa de la habilitación y luego se abrirá la fase de las impugnaciones.

“Una vez resueltas las impugnaciones, se pasa a las evaluaciones, tanto de la experiencia profesional, la formación académica y las entrevistas”, detalló el senador Gutiérrez.

Asamblea

En sesión plenaria, la noche de este lunes, el Legislativo aprobó el proyecto de Convocatoria y Reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

Así, se allanó la ruta para elegir a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Según la Constitución Política, las nuevas autoridades judiciales deben ser elegidas por voto popular.

De acuerdo con las previsiones y plazos normativos, esos comicios deben llevarse a cabo hasta fines de octubre.

Postulantes

Previamente, el Legislativo debe seleccionar a los candidatos, por dos tercios de voto, y luego remitir la nómina al Tribunal Supremo Electoral.

No obstante, la oposición anticipó que no dará su voto para lograr los dos tercios, pues considera que el proceso no fue consensuado.

Al respecto, Gutiérrez expresó su esperanza de llegar a acuerdos con las bancadas de oposición para lograr elegir a los postulantes, como señala la normativa.

“Esperamos que cumplan su deber constitucional, que no sea un factor de boicot (…). Buscamos hombres y mujeres que cumplan los perfiles de idoneidad y meritocracia”, dijo el legislador.

Judiciales

Tras el trabajo que cumpla el legislativo durante 80 días, el TSE tiene 150 días para desarrollar el proceso de la elección, por lo que las nuevas autoridades deben asumir funciones a principios de 2024.

En sesión plenaria, luego de casi seis horas de debate, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

Por mayoría absoluta, el MAS avaló la normativa, pese a la protesta de las bancadas opositoras de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), que denunciaron falta de consenso en el proceso y ausencia de plazos para la preselección de candidatos.

Cerca de las 21.30, la bancada mayoritaria del MAS aprobó la moción de “suficiente discusión”, lo que dio vía libre para avalar  el documento que remitió la Comisión de Constitución, la pasada semana.

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“Queda aprobada la resolución para el reglamento y convocatoria presentada por la comisión, por lo que las propuestas alternativas no serán consideradas”, afirmó en la sesión, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca.

En ese marco instruyó la publicación de la convocatoria, “previamente ajustada y compatibilizada” al reglamento.

Por su parte, el diputado opositor Carlos Alarcón (CC) afirmó que con las nuevas autoridades que serán elegidas, el MAS continuará con la persecución política y la “violación sistemática” de los derechos y garantías del debido proceso.

“Siguen redactando, nos han mostrado una convocatoria sin plazos ni fechas (…). Será una elección totalmente amañada”, cuestionó.

Asamblea

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Arce (MAS), afirmó que mañana se remitirá a las bancadas de MAS, Creemos y CC  los respectivos plazos, para el proceso de preselección.

En ese marco, se allanó la ruta para elegir a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

La previsión es que el proceso electoral para designar a las nuevas autoridades judiciales, se lleve a cabo hasta fines de octubre, cuando la población acudirá a las urnas en todo el país.

Legislativo

La pasada semana, con el rechazo de la oposición, la Comisión Mixta de Constitución aprobó el proyecto de reglamento de preselección de los candidatos y la remitió al plenario de la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

Entre los acuerdos plasmados en el reglamento, está la creación de un equipo de “acompañamiento y asesoramiento técnico” de al menos seis entidades externas al Legislativo.

Previo a la aprobación, se había socializado el contenido del reglamento entre las bancadas y brigadas del MAS, Creemos y CC.

Candidatos

No obstante, los legisladores de las dos fuerzas de oposición se abstuvieron de votar en las dos etapas, en grande y en detalle.

La propuesta aprobada contiene 43 artículos y está distribuida en cinco capítulos.

El documento contempla la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, la publicación de habilitados, la evaluación de experiencia profesional.

Elecciones judiciales

Asimismo, considera la evaluación de formación académica, evaluación de conocimientos escrita, entrevistas, informe final y la selección de candidatos.

La propuesta fue presentada por el MAS y habría sufrido varias modificaciones en la Comisión Mixta. En el artículo 12, por ejemplo, se acordó la creación de un equipo de “acompañamiento y asesoramiento técnico” de al menos seis entidades externas.