El Gobierno de Bolivia afirmó que no reconoce el informe de Estados Unidos sobre Derechos Humanos (DDHH); el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que solamente se trabaja con instituciones de las que el país forma parte.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia denunció que ese tipo de acciones, responden a una “práctica de injerencia”.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral”, señala parte del documento.

La nota agrega que ese tipo de informes “son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”.

Por su parte, el viceministro Siles afirmó que Bolivia es respetuoso de los organismos a los cuales está adherido, por ejemplo, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Si la Corte dicta una sentencia, tenemos que cumplir esa sentencia; si la Comisión emite un informe, con recomendaciones y obligaciones que cumplir, las vamos a cumplir”, declaró Siles, este martes, en La Razón Radio.

El viceministro sostuvo que el país no se puede basar en “informes sesgados, que no han tenido la contraparte del Estado boliviano”.

El “Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos en 2022” de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado fue publicado el 20 de marzo.

En su acápite referido a Bolivia, menciona las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Menciona, además, que grupos internacionales de DDHH señalaron varios casos, posiblemente motivados por móviles políticos iniciados por el Gobierno.

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En ese marco —agrega el informe— se registraron “arrestos arbitrarios”, todos contra opositores al Gobierno o miembros del gobierno anterior.

“Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el Gobierno describió como un ‘golpe de Estado’”, establece.

“Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil”, agrega el documento.

Al respecto, la Cancillería, indicó que Bolivia se adscribe al “multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos”.

“Reafirmando estos compromisos se han realizado una serie de visitas de distintas instancias de Derechos Humanos”, destaca el comunicado gubernamental.

“En esta línea, entre el 27 y 30 de marzo estará en nuestro país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones”.

Las elecciones judiciales se “estarían poniendo en riesgo” si hasta el 31 de mayo la Asamblea Legislativa no envía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de candidatos para las justas de octubre, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

“Cada día que pasa se estaría achicando esos 150 días que nosotros tenemos para llevar adelante el proceso electoral. Cada día es un riesgo y esta responsabilidad recaerá, exclusivamente, en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, declaró a Bolivia Tv.

Actualmente, el Legislativo socializa el contenido del reglamento para la selección de candidatos que, en primera instancia, debe aprobarse en la Comisión Mixta de Constitución.

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Luego, se debe remitir un informe al pleno de la Asamblea. De aprobarse, con dos tercios de votos, se lanzará la convocatoria para las elecciones.

TSE

El proceso en el legislativo culmina con la remisión de la lista al TSE, que tiene un plazo de 150 días para organizar las elecciones judiciales.

La previsión es que los comicios se lleven a cabo el 29 de octubre y dos semanas después se realice una eventual repetición de la votación, en mesas donde se registren observaciones.

En esos comicios, la ciudadanía elegirá a las autoridades titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Elecciones judiciales

El Gobierno también afirmó que las elecciones judiciales deben realizarse “máximo hasta octubre”.

En ese entendido, se prevé que la primera etapa —que consiste en la selección de precandidatos— se realice hasta el 15 de julio.

Como ocurrió en los comicios de 2011 y 2017, en esa fase se presentan y evalúan a los candidatos en la Asamblea Legislativa.

Legislativo

“Luego se remite la lista al Órgano Electoral para realizar elecciones en octubre”, explicó en febrero, el ministro de Justicia, Iván Lima.

La directora Nacional de Salud de la Dirección de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, informó este martes que el exdirigente cocalero, César Apaza, no sufrió una embolia.

Afirmó que ahora se niega a recibir atención médica en el penal paceño de Chonchocoro, donde guarda detención preventiva desde 2022.

“Se ha descartado la embolia, incluso el director del Hospital de Clínicas ha descartado». «Por las evaluaciones médicas que se le hizo”, afirmó García en declaraciones a la prensa, según la ABI.

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El 15 de marzo, Apaza fue dado de alta del Hospital de Clínicas, donde ingresó con un cuadro de embolia. Luego, retornó al centro penitenciario, donde fue internado en el área médica.

No obstante, según García, el propio Apaza solicitó regresar a su celda con sus compañeros.

“Habló conmigo y me ha pedido regresar a su celda y se le ha regresado con sus compañeros. Tenemos la petición escrita con su firma y mi sello”, aseguró.

Régimen Penitenciario

“Él ha solicitado regresar a la celda porque se sentía más cómodo con los compañeros que son oriundos de donde viene”, insistió.

Si bien el cuadro médico de César Apaza es estable y recibe al menos cuatro controles médicos por día. García expresó su preocupación debido a que el dirigente “está rechazando la intervención de los galenos”.

“No está permitiendo que tomen sus signos vitales, nos dice que no quiere. Se puede tomar como un atentado contra su vida. Los médicos tenemos que precautelar la vida de cualquier privado de libertad”, argumento García.

Por esa razón, indicó que se solicitó a Régimen Penitenciario que se pueda volver a trasladar a Apaza. A la sala médica de Chonchocoro para que reciba todas las atenciones.

Apaza

“Es un área de internación, donde tenemos el funcionamiento de un área de segundo nivel, ahí tenemos el equipamiento necesario para cualquier emergencia y urgencia”, explicó.

El expresidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen, en septiembre del 2022.

Fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Embolia

Empero, en noviembre se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El 15 de febrero fue hospitalizado de emergencia en el Hospital de Clínicas debido a un cuadro de embolia que le paralizó medio cuerpo.

Se lo acusa por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, organización criminal, incendios, secuestro, lesiones leves, graves y gravísimas, robo agravado, impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

Desde 2009, el capitán de la Policía, Javier Alberti, fue involucrado en una serie de ilícitos. Los delitos van desde narcotráfico, extorsiones y venta de carros robados.

El más reciente hecho se registró en Santa Cruz, donde fue involucrado en un robo agravado, junto con otro capitán de la Policía, identificado como Salomon Salek.

Salek fue capturado el lunes en Santa Cruz y fue enviado a Palmasola por 45 días, con detención preventiva. En tanto, Alberti estaba en calidad de prófugo, pues según informes preliminares habría sido capturado en La Paz, la noche de este martes.

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Con todo, Alberti cuenta con un amplio prontuario delincuencial.

De acuerdo con informes oficiales, el oficial tiene antecedentes policiales desde 2009, cuando se le acusó por traficar 59 kilos de cocaína.

Fue procesado por tráfico de estupefacientes y detenido preventivamente en Palmasola, donde estuvo encarcelado hasta 2012.

Asimismo, el capitán fue denunciado por secuestro y otros delitos.

Alberti

En marzo de 2015, el entonces ministro de Gobierno Hugo Moldiz, informó sobre la captura de Alberti, además de otras personas.

Se les acusó por el delito de secuestro y extorsión, pues para cometer sus ilícitos usaron el nombre del entonces vicepresidente Álvaro García Linera.

Entonces, con el grado de subteniente, Alberti fue acusado de secuestrar a una persona y pidió $us 100.000 por el rescate.

Moldiz afirmó que con esos antecedentes se inició las gestiones para sacarlo de la institución del orden, sin embargo, el trámite ne se concluyó.

“Hicimos los trámites para darlo de baja a finales de 2015, pero yo ya estaba dejando el Ministerio de Goberno, y eso no ocurrió”, informó Moldiz.

Capitán

Pese a los antecedentes, continuó trabajando en la Policía e intentó limpiar su imagen, en 2019, cuando intervino en un intento de suicidio y le salvó la vida a un joven de 17 años, en La Paz.

En junio del año pasado, de nuevo, Alberti se vio involucrado en otro delito. Se lo acusó de estar implicado en tráfico y venta de vehículos robados de Chile.

En ese marco, tras ser identificado como uno de los cabecillas, se determinó su detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de San Pedro de La Paz y la Policía le abrió un proceso administrativo.

Implicado

El Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) Robados denunció a Alberti por tenencia de una camioneta robada en territorio chileno, por la cual pidió $us 5.000 para devolverla.

De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo ingresó por Uyuni y llegó a territorio nacional.

En agosto del año pasado, se dispuso la detención domiciliaria de Alberti y ahora se lo ve envuelto en un nuevo hecho delincuencial, ocurrido en Santa Cruz.

En ocasión del arribo al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Luis Fernando Camacho solicitó una audiencia con esa entidad.

Al respecto, el viceministro de Justicia César Siles afirmó que esa delegación no realizará visitas específicas, sino que será más “integral”, es decir que visitará a varios privados de libertad.

“Mi intención es exponer mi caso dejando constancia de las graves violaciones y vulneraciones al debido proceso, al derecho a la salud y a la privacidad”, señala parte de la misiva que envió Camacho a la CIDH.

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Entre el 27 y 30 de marzo, llegará al país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación en ese ámbito, en diferentes regiones del país.

Al respecto, Siles insistió que la visita de la CIDH tendrá carácter integral, cuyas recomendaciones y observaciones deberán ser cumplidas por el Estado.

CIDH

“Esta visita será una observación en el lugar de los hechos y tiene un carácter más integral y no es específico. No vienen a verificar una denuncia específica o a referirse a una posible vulneración de derechos humanos denunciada”, aclaró en La Razón Radio.

Así, descartó que la delegación, compuesta por 25 personas, atienda temas específicos, como los casos de la expresidenta Jeanine Áñez o del gobernador Camacho, ambos en prisión.

“Camacho y Áñez son dos privados de libertad que también tendrán acceso a los comisionados con los demás privados de libertad; por tanto, esta visita no es específica”, insistió Siles.

Camacho

La delegación de la CIDH visitará La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

De acuerdo con su agenda, sostendrán reuniones con los cuatro órganos del Estado, además de la sociedad civil y grupos vulnerables.

Harán un monitoreo de la situación de derechos humanos de los privados de libertad y para ello visitarán las cárceles de San Pedro y Chonchocoro (La Paz).

Siles

Siles expresó su confianza en que luego de la visita de la delegación haya un diagnóstico “de un tercer imparcial”, para que en el país se deje el discurso referido a que el Estado hace su propia radiografía sobre derechos humanos.