El MAS denuncia que diputado Enríquez Cuéllar busca anular ley que impide a ministros censurados reasumir el cargo
Así, el MAS cuestionó que Enríquez Cuéllar, expulsado de ese partido por “corrupción y traición”, junto a una autoridad de la cartera de Justicia, se busque actuar como en la gestión de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
El diputado oficialista Enríquez Cuéllar. Foto: Rodwy Cazón.
Imagen: Rodwy Cazón.
La dirigencia nacional del MAS denunció que el diputado oficialista Rolando Enríquez Cuéllar junto a una “alta autoridad” del Ministerio de Justicia, buscan dejar sin efecto la ley que impide volver a posesionar a un ministro censurado.
De acuerdo con un comunicado del partido oficialista, el legislador “ha impulsado una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta para anular la Ley 1350 que impide a los ministros censurados por la Asamblea Legislativa asumir cargos en el Ejecutivo por un periodo de tres años después de esa destitución legislativa” (sic).
Así, el MAS cuestionó que Enríquez Cuéllar, expulsado de ese partido por “corrupción y traición”, junto a una autoridad de la cartera de Justicia, se busque actuar como en la gestión de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
En octubre de 2020, la entonces mandataria restituyó en sus cargos a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, un día después de ser cesados en sus funciones, tras una censura en el Legislativo.
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“Esta maniobra que pretende volver al tiempo del gobierno de facto cuando Jeanine Añez se burlaba de la Constitución y el Legislativo para volver a posesionar a ministros censurados, cuenta con la complicidad de una alta autoridad del Ministerio de Justicia. Revelaremos su nombre más adelante”, señala el documento publicado por el MAS.
La Ley 1350, que regula los efectos de la censura determinada por el Legislativo, en su artículo 3, numeral II, establece que el Presidente del Estado tiene 24 horas para destituir a “la o el ministro censurado”.
Esa misma disposición, señala que si la autoridad no cumple esa determinación, “será susceptible de proceso penal por incumplimiento de deberes”.
En ese marco, según el MAS, Enríquez Cuéllar busca dejar sin efecto esa normativa de regulación y control.
“Advertimos que los autores de esta acción política presionan a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que se exponen a juicios por prevaricato”, señala el comunicado del MAS, en el entendido que esos actos que “atentan contra la Constitución no deben quedar impunes”.