Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata y presos de 2019 se reunieron este jueves con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que le reclamaron censo y justicia.
“Les hemos expresado la pena que tenemos debido a que hay personas que quieren usar nuestro dolor y se hacen pasar por víctimas”, denunció a La Razón Radio Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, familiares y fallecidos en noviembre de 2019.
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Recomendaciones
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre la vulneración de derechos humanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado.
Una de ellas un “censo de víctimas”.
“Para otorgar las medidas que establece el mencionado plan de atención y reparación integral a las víctimas, diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista y que incorpore un procedimiento para realizar un ‘censo’ de víctimas, conforme al principio de universalidad”, señala una de las recomendaciones.
De acuerdo con Quisberth, la falta de este censo es una de las “graves vulneraciones” contra las víctimas.
Por ello urge conocer cuántos son los fallecidos, heridos y torturados.
“En Senkata se conoce que fallecieron 10 personas, también en Sacaba y Betanzos; por ello les pedimos que se agilice y se cumpla el censo para las víctimas, para determinar la cantidad de fallecidos, heridos y torturados, a fin de que no aumente el número que hoy vemos”, acotó.
“Hay personas que quieren utilizar este dolor y se quieren hacer pasar por víctimas, y eso nos preocupa porque son las víctimas las que deben caminar en busca de justicia”, insistió.
Impunidad
Respecto de la reparación judicial, Quisberth, que perdió a su hermano en la represión de 2019, se refirió al informe del GIEI.
Ese informe pide investigar los hechos de Senkata para que no haya impunidad.
“Investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares”, señala otra de las recomendaciones.
Quisberth se hizo eco de la preocupación de la comisión y lamentó que, a más de tres años de esos luctuosos hechos, las victimas siguen peregrinando por sanciones para los autores materiales e intelectuales de la masacre.
“Hay detenidos preventivos, pero no con sentencia. La justicia está muy lenta”, cuestionó.
También lamentó que los involucrados en esos hechos, como el caso de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, se victimicen.
Y que haya gente que la apoya, sin tomar en cuenta que las víctimas demandan la justicia correspondiente.
Garantías
Quisberth también pidió garantías de protección para todas las víctimas, debido a que, según develó, son amenazadas por las personas involucradas en la masacre.
Se conoció que en el mes de abril se evaluará un informe de la CIDH sobre los avances en Bolivia de las recomendaciones del GIEI.
La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, en El Alto.
Al menos 10 personas fueron asesinadas en un operativo policial y militar autorizado para el traslado de camiones cisternas de El Alto hacia La Paz.
Los efectivos dispararon contra los movilizados de Senkata amparados en el Decreto Supremo 4078, que les autorizaba a utilizar armas de fuego bajo exención penal.