El presidente Luis Arce propuso en la II Conferencia del Agua de Naciones Unidas, en Nueva York, declarar a 2024 el Año Internacional del Agua.

En su presentación en la cumbre sobre el recurso, llamó a los países a asegurar un “acceso al agua limpia y segura”.

“No es solo un problema ambiental, sino también social y económico; el acceso al agua y la capacidad de gestionarla de manera sustentable tiene directa relación con problemas de pobreza desigualdad e injusticia”, dijo el mandatario boliviano.

Nota

“Es ahora”, dijo Arce en relación a la definición urgente de políticas relativas a la preservación del agua en el mundo. Y advirtió que, si no se toman prontas medidas, los sectores vulnerables “sufrirán las consecuencias”.

Además, afirmó que, según estadísticas, se estima que más de 800 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.500 millones no tienen acceso a saneamiento básico.

“Miles de niñas y niños mueren diariamente por enfermedades relacionadas con la falta de acceso al agua potable y saneamiento; además, padecen otras graves consecuencias por la crisis climática que afecta a la disponibilidad y la demanda (de ese recurso)”, explicó Arce.

Ese encuentro internacional coincide con el Día Mundial del Agua; busca establecer la agenda de acciones y políticas en aras de cuidar el agua hasta 2030.

Arce

Para eso, pidió al sistema político garantizar incentivos y una gobernanza inclusiva para que se lleve a cabo la implementación de las acciones por el agua.

“En consecuencia, debemos hacer la transición hacia un sistema económico más sustentable y equitativo; que valore la salud a largo plazo de la Madre Tierra y de las personas, por encima de las ganancias o el lucro”, reflexionó Arce.

También lamentó las amenazas que algunas regiones viven por falta de agua y dijo que “no es justo” que, por políticas erradas, otras corran el mismo peligro.

“Cualquier solución que propongamos debe priorizar las necesidades de estas comunidades, con la equidad y justicia social económica y ecológica, si queremos un futuro viable para las generaciones presentes y futuras”, complementó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este miércoles la aprehensión del capitán de Policía Javier Alberti, involucrado en presunta la comisión de una serie de ilícitos desde 2009, y será puesto ante autoridades judiciales.

“Este sujeto ya se encuentra aprehendido y será puesto ante las instancias que Corresponde”, dijo Del castillo en conferencia de prensa en el Comando Nacional de la Policía.

En horas de la madrugada, a las 06.20, efectivos trasladaron al acusado desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hasta el Comando.

En el momento de su presentación, Javier Alberti gritaba furioso: “No soy un delincuente, no soy el de la foto, soy inocente”; mientras cuatro policías lo contenían.

Procesos contra Alberti

Sobre él pesan denuncias por faltas disciplinarias, además de faltas vinculadas con la Ley 1008, extorsión y robo de vehículos. Del Catillo brindó un resumen de los casos.

“En 2009, es recluido en (el penal de) Palmasola por transportar 59 kilos de cocaína; luego, en 2015, por extorsión y privación de libertad. Alberti, en marzo de 2021 denunciado públicamente por extorsionar a transportistas en Challapata”, recordó Del Castillo.

“En junio de 2022 se vio involucrado en un robo de vehículos en Chile y su comercialización a nuestro país. El 2 de julio se aprehendió a Alberti por legitimación de ganancias ilícitas; dos días después detenido preventivamente en San Pedro, el 25, luego de 21 días, se benefició con detención domiciliaria”, añadió.

Asimismo, dijo que son cinco casos con antecedentes disciplinarios; tres con requerimiento fiscal de acusación y 10 casos que “lamentablemente” están rechazados o archivados.

“Ya se están iniciando las investigaciones en contra de aquellos efectivos policiales que emitieron resoluciones de rechazo o archivos en contra de este sujeto”, advirtió la autoridad.

El último caso, y por que se activaron las anteriores denuncias, tiene que ver con un robo agravado en Santa Cruz; en ese cao, está involucrado otro policía que ya cuenta con detención preventiva.

Ocho países de América Latina, entre ellos Bolivia, participan de un encuentro convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para trabajar en respuestas de emergencia ante la gripe aviar.

Según un comunicado de la FAO, el encuentro, busca definir un plan de acción común para enfrentar la enfermedad.

El encuentro, que se extenderá por tres días, cuenta con la participación de los jefes de los servicios veterinarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. Además de autoridades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Estamos trabajando con las autoridades responsables de estos países para conocer sus experiencias. Como FAO estamos brindando recursos financieros y técnicos”, señaló Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO.

Actualmente, se han identificado brotes del virus de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en 14 países de América Latina. La enfermedad está en Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

Actualmente, los países de la región producen el 20,4% de la carne de ave y el 10% de los huevos que se consumen en el mundo. Se trata, además, de un sector de gran importancia para el sustento de millones de pequeños y medianos productores agrícolas.

Sin las medidas de bioseguridad adecuadas y una respuesta de emergencia efectiva se pueden generar grandes pérdidas debido a su alta capacidad de transmisión.

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El Gobierno de Bolivia afirmó que no reconoce el informe de Estados Unidos sobre Derechos Humanos (DDHH); el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que solamente se trabaja con instituciones de las que el país forma parte.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia denunció que ese tipo de acciones, responden a una “práctica de injerencia”.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral”, señala parte del documento.

La nota agrega que ese tipo de informes “son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”.

Por su parte, el viceministro Siles afirmó que Bolivia es respetuoso de los organismos a los cuales está adherido, por ejemplo, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Si la Corte dicta una sentencia, tenemos que cumplir esa sentencia; si la Comisión emite un informe, con recomendaciones y obligaciones que cumplir, las vamos a cumplir”, declaró Siles, este martes, en La Razón Radio.

El viceministro sostuvo que el país no se puede basar en “informes sesgados, que no han tenido la contraparte del Estado boliviano”.

El “Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos en 2022” de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado fue publicado el 20 de marzo.

En su acápite referido a Bolivia, menciona las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Menciona, además, que grupos internacionales de DDHH señalaron varios casos, posiblemente motivados por móviles políticos iniciados por el Gobierno.

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En ese marco —agrega el informe— se registraron “arrestos arbitrarios”, todos contra opositores al Gobierno o miembros del gobierno anterior.

“Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el Gobierno describió como un ‘golpe de Estado’”, establece.

“Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil”, agrega el documento.

Al respecto, la Cancillería, indicó que Bolivia se adscribe al “multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos”.

“Reafirmando estos compromisos se han realizado una serie de visitas de distintas instancias de Derechos Humanos”, destaca el comunicado gubernamental.

“En esta línea, entre el 27 y 30 de marzo estará en nuestro país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones”.

Las elecciones judiciales se “estarían poniendo en riesgo” si hasta el 31 de mayo la Asamblea Legislativa no envía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de candidatos para las justas de octubre, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

“Cada día que pasa se estaría achicando esos 150 días que nosotros tenemos para llevar adelante el proceso electoral. Cada día es un riesgo y esta responsabilidad recaerá, exclusivamente, en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, declaró a Bolivia Tv.

Actualmente, el Legislativo socializa el contenido del reglamento para la selección de candidatos que, en primera instancia, debe aprobarse en la Comisión Mixta de Constitución.

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Luego, se debe remitir un informe al pleno de la Asamblea. De aprobarse, con dos tercios de votos, se lanzará la convocatoria para las elecciones.

TSE

El proceso en el legislativo culmina con la remisión de la lista al TSE, que tiene un plazo de 150 días para organizar las elecciones judiciales.

La previsión es que los comicios se lleven a cabo el 29 de octubre y dos semanas después se realice una eventual repetición de la votación, en mesas donde se registren observaciones.

En esos comicios, la ciudadanía elegirá a las autoridades titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Elecciones judiciales

El Gobierno también afirmó que las elecciones judiciales deben realizarse “máximo hasta octubre”.

En ese entendido, se prevé que la primera etapa —que consiste en la selección de precandidatos— se realice hasta el 15 de julio.

Como ocurrió en los comicios de 2011 y 2017, en esa fase se presentan y evalúan a los candidatos en la Asamblea Legislativa.

Legislativo

“Luego se remite la lista al Órgano Electoral para realizar elecciones en octubre”, explicó en febrero, el ministro de Justicia, Iván Lima.