El expresidente Evo Morales acusó de “doble moral” a la derecha peruana, que lo declaró persona no grata. Esto surge luego de que la presidente peruana, Dina Boluarte, anunció dos proyectos de reforma constitucional para llevar a cabo las elecciones generales de este año.
‘‘Ahora que @DinaErcilia habla de reforma total de la Constitución y Asamblea Constituyente ¿la acusarán de “quebrantar la institucionalidad”? Esa es la doble moral de la derecha peruana que con tal de cuidar sus intereses criminaliza un pedido clamoroso del Perú profundo’’ (sic), publicó Morales en su cuenta de Twitter.
El domingo, Boluarte anunció dos proyectos de reforma constitucional para llevar a cabo elecciones generales este año. Una de las propuestas es celebrar los comicios el segundo domingo de octubre, el 15, mientras que una posible segunda vuelta sería en diciembre.
El otro planteamiento es una reforma de la Constitución de 1993 por parte del próximo Parlamento elegido; tras su aprobación en el Congreso deberá ser sometida a referéndum para que la ciudadanía decida si ello se aprueba.
Asimismo, la mandataria ha criticado al Parlamento por no haber conseguido aprobar el adelanto electoral, a pesar de que las multitudinarias manifestaciones así lo piden.
En esa línea, el presidente del Congreso de Perú, José Williams, indicó de que se ha vuelto a aplazar para el miércoles la sesión programada sobre el posible adelanto de los comicios para 2023, ante la falta de consenso de las distintas bancadas peruanas.
Denuncia a Morales
La Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de Puno, en Perú, dispuso abrir una investigación preliminar contra el expresidente Morales por el delito de “seguridad nacional – traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional”, entre otros.
La denuncia establece una supuesta acción como “el propósito de unir la región de Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales”.
La demanda también señala que “se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”.
El 9 de enero, el gobierno de Boluart, determinó la prohibición del ingreso a ese país a Morales y ocho bolivianos más, debido a que “habrían ingresado a territorio peruano para efectuar actividades de índole política proselitista”.
En tanto, Morales lamentó que congresistas “procesados” le inicien un proceso penal con el objetivo de ocultar el genocidio que se registra en Perú.
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“Congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo, cometen delito de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente; todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos”, escribió Morales.
Luego, nuevamente Boluarte denunció que el grupo Ponchos Rojos, afín a Morales, está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países.
Los Ponchos Rojos exigieron pruebas de las acusaciones sobre el financiamiento e ingreso de balas “dum dum” a Perú por parte de este sector. “Que muestre pruebas o que se calle y responda las muertes de Perú”.
El exmandatario afirmó que pese a esa decisión política continuará denunciando las violaciones de Derechos Humanos en ese país, tras una escalada de movilizaciones violentas, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.
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