El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este miércoles que desde febrero inician los controles a vehículos públicos y particulares que circulan con vidrios oscurecidos o polarizados, para concientizar y socializar la norma referida al tema.
No obstante, precisó que recién desde marzo se aplicará la multa de Bs 100 a los conductores que no hayan tramitado el permiso y no tengan la roseta para poder circular con parabrisas de esas características.
“Se ha determinado que desde febrero se realicen controles de concientización y socialización de la normativa (…). En los controles que se realicen, se va a recomendar de forma verbal a las personas para que puedan realizar su trámite o concluir el mismo”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.
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Precisó que los ciudadanos que están en pleno trámite o están en la fase final, podrán descargar de la página del Ministerio de Gobierno un documento para certificar que la gestión está en curso y deberán presentarlo en los controles policiales para evitar inconvenientes con la Policía.
“En los controles, las personas deberán presentar la certificación cuando el trámite esté en curso”, insistió la autoridad.
Asimismo, Ríos ponderó la respuesta de la ciudadanía, pues hasta la fecha se recibieron más de 80.000 solicitudes en todo el país.
Ante la alta demanda y las largas filas registradas en los últimos días de 2022, el Gobierno amplió hasta el 31 de enero de este año el plazo para tramitar autorizaciones para que los vehículos puedan circular con vidrios oscurecidos o polarizados.
En 2020 se eliminó la norma que prohibía el uso de vidrios polarizados. La decisión fue asumida por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, bajo el argumento de que se buscaba eliminar los “trámites burocráticos”.
El año pasado, a partir de la aprobación del Decreto Supremo 4740, del 15 de junio, se restituyó el trámite para la autorización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte terrestre.
El Gobierno asumió esa medida con el objetivo de reducir los factores de riesgo y de inseguridad para la ciudadanía.