Encarcelado dos años por el supuesto fraude, el exvocal electoral Antonio Costas afirmó que una investigación al rol de la OEA en la crisis de 2019 implicaría para él y el país un “verdadero desagravio”.

“El verdadero desagravio sería si se investiga la actuación de la OEA y se ve los documentos que derivaron en esos dos informes: el preliminar y el definitivo, y la actuación de la misión de observación”, dijo en La Razón Radio.

El lunes, el Ministerio de Justicia organizó un acto de desagravio de seis exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en 2019 fueron detenidos acusados de operar un “fraude” en las elecciones del 20 de octubre.

María Eugenia Choque Quispe, expresidenta del TSE, fue reconocida junto a sus colegas de entonces Costas, Idelfonso Mamani Romero, Édgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca y Lidia Iriarte Torrez.

Al acto asistió también Joel Hernández, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya misión visita Bolivia estos días para evaluar la situación de los derechos humanos.

Costas, encarcelado por el caso al menos dos años, consideró que el acto de desagravio fue “un paso” en la reparación personal por parte del Estado. “Era necesario ese reconocimiento”, dijo el exvocal, quien insistió en que ese año no hubo fraude.

Consideró que fue “muy duro y cruel” el caso que le afectó, como a sus colegas. Cuestionó “el informe preliminar y sin firmas” de la OEA, que decantó el domingo 10 de noviembre de 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

En criterio de Costas, ese informe de la misión de la OEA degeneró en enfrentamientos sociales y políticos. Cuestionó que una “instancia foránea”, como fue el organismo, fue “tan gravitante” en la crisis poselectoral.

Sin embargo, afirmó que antes de las elecciones hubo una campaña de desprestigio, interna y externa, del TSE. Recordó que el parón del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que consideró “incidente desafortunado”, fue el “disparador” del conflicto.

Apuntó al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. “La responsabilidad del secretario general en este problema es mayúscula”, afirmó.

Así, Costas invocó el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos, Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, el que el jefe de la OEA admite su interés en las elecciones en Bolivia.

Costas hizo referencia a tres opciones que Almagro barajó entonces. “Abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí, eso era imposible, imposible. Evo tenía menos votos todavía que los que había tenido cuando el referéndum, o sea que no tenía forma. Después abríamos la posibilidad de que la oposición ganara legítimamente. Y cerrábamos la posibilidad de que Evo se robara la elección”, admite Almagro en el libro.

La madrugada del 10 de noviembre, la OEA publicó su informe preliminar sobre la observación de las elecciones generales en Bolivia del 20 de octubre. Según el acuerdo suscrito entre la Cancillería de Bolivia y el organismo, el documento debía expedirse el 13 de noviembre.

El informe señalaba que en los comicios hubo “manipulación dolosa” y una serie de presuntas contradicciones entre las actas y los resultados. Costas no quiso calificar de doloso el informe, pero consideró que fue gravitante.

La publicación de ese documento precipitó la renuncia de Morales, a las 16.50 de ese día. Minutos antes, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas había sugerido la dimisión del mandatario.

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde está recluida la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a prisión por su proclamación presidencial en 2019.

Previamente, la misión de la CIDH asistió la mañana de este martes a la cárcel de Chonchocoro, donde conversó con los reclusos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Camacho y Áñez habían solicitado una reunión con la misión, para denunciar una supuesta persecución política en sus casos. Esta última fue condenada a 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II; fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Así también, sus abogados adelantaron que presentarán documentación que respalda la presunta vulneración de derechos humanos y del debido proceso.

Desde las 08.05 hasta las 12.00, aproximadamente, los representantes del organismo internacional visitaron el penal de Chonchocoro. Se reunieron, entre otros privados de libertad, con Camacho y el dirigente cocalero César Apaza.

“La reunión con Luis Fernando Camacho duró un poco más de una hora y, (con el dirigente) César Apaza, un poco más de 40 minutos”, detalló el titular de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias a los medios en puertas del penal de máxima seguridad.

Agenda de la CIDH

En la agenda de los representantes de ese organismo internacional está contemplada la visita a los penales de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

La misión de la CIDH se encuentra en el país desde el fin de semana; comenzó el lunes la serie de reuniones con víctimas, activistas, representantes políticos y autoridades del Estado. Su objetivo es repasar la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Se prevé que el viernes termine su visita, día en que se reunirá con el presidente Luis Arce; hará conocer sus conclusiones preliminares en conferencia de prensa.

El director de Régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió en la cárcel de Chonchocoro con el gobernador Luis Fernando Camacho y con el dirigente cocalero César Apaza.

“La reunión con Luis Fernando Camacho duró un poco más de una hora y, (con el dirigente) César Apaza, un poco más de 40 minutos”, detalló el funcionarios a los medios en puertas del penal de máxima seguridad.

Limpias explicó que las reuniones con ambos reclusos y otros “son privadas y confidenciales”, y que los funcionarios de su unidad no participan en ellas.

“No hemos tenido acceso a la información que ellos (la comisión de la CIDH) han recibido, pero nos van a hacer llegar las recomendaciones pertinentes”, apuntó.

CIDH, Camacho y Apaza

Camacho guarda detención preventiva en ese penal desde el 30 de diciembre del año pasado, acusado de terrorismo en caso Golpe de Estado I. Mientras que Apaza cumple con la misma medida; pero por la quema del edificio del mercado “paralelo” de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el 8 de septiembre de 2022.

Ambos, luego de su aprehensión y de sus medidas cautelares, se declararon “presos políticos” y denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos y del debido proceso.

La visita de los comisionados comenzó a las 08.05, aproximadamente. Se prevé que luego se traslade a la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra recluida la expresidenta Jeanine Áñez.

La también exsenadora fue condenada a 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II, sobre su proclamación en 2019. Fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

La misión de la CIDH se encuentra en el país desde el fin de semana; comenzó el lunes la serie de reuniones con víctimas, activistas, representantes políticos y autoridades del Estado. Su objetivo es repasar la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Se prevé que el viernes termine su visita, día en que se reunirá con el presidente Luis Arce y hará conocer sus conclusiones preliminares en conferencia de prensa.

Diez periodistas y trabajadores de la prensa se reunieron ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita in loco en el país desde ayer.

“Muchos trabajadores de la prensa y periodistas no nos sentimos representados por nuestros dirigentes; fundamentalmente de las asociaciones de periodistas”, destacó a la prensa el periodista de Telesur Freddy Morales, a la salida del encuentro; dio la pauta de lo que se trató con los comisionados: la discriminación en que se incurre contra colegas de la información en el país.

Esas organizaciones “nos dividen a quienes trabajamos en medios de comunicación entre ‘independientes’, que son los buenos, los que merecen trabajar y dicen la verdad; y el resto, que nos dicen ‘paraestatales’”, indicó Morales.

Los periodistas que fueron convocados a dar su testimonio ante la CIDH fueron: Camila Ugalde, Claudia Benavente (directora de La Razón), Diego Montaño, Freddy Morales, Iván Maldonado, Jimmy Iturri, José Aramayo, Lucía Sauma, Pedro García y Susana Bejarano.

“Hemos tratado de demostrar a los comisionados el hecho de que muchos trabajadores de la prensa sufrimos este tipo de discriminación» remarcó Morales; además, se quejó de que algunos dirigentes del gremio no solo están de acuerdo con la política represiva contra los periodistas; además de la libertad de información que hubo en el gobierno interino de Jeanine Áñez. Recordó, cómo un dirigente dijo que “a partir de ese momento, de ese decreto en Bolivia, iban a caer tempestades de libertad de prensa”.

Los miembros de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) cumplen este martes su segunda jornada de trabajo en Bolivia; visitarán el penal de máxima seguridad de Chonchocoro y la cárcel de mujeres en Miraflores.

El titular de régimen interior, Juan Carlos Limpias, ratificó que los comisionados no tendrán entrevistas individuales con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en CHonchocoro y la expresidenta Jeanine Áñez.

“Esta comisión va a escuchar a toda una población privada de libertad. Ellos puedan ver y recoger el sentir de los privados de libertad”, dijo Limpias a los periodistas en puertas del recinto carcelario de Chonchocoro.

La Comisión ingresó al penal del altiplano paceño cerca de las 08.05. Como habían adelantado en la conferencia de prensa que dio inicio a su agenda, ninguno de los miembros de ese organismo internacional brindará una conferencia de prensa individual; pero tampoco colectivo, antes del viernes, cuando está previsto se conozca su informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Visita de la CIDH

El tiempo previsto para la reunión con los privados de libertad en ese penal es de 3minutos.

El lunes, luego de reunirse con el vicepresidente David Choquehuanca; el ministro de Justicia, Iván Lima y el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, los comisionados visitaron el recinto carcelario de la zona de Obrajes, al sur de La Paz.

Aunque no está confirmada la hora, el equipo internacional también visitará la cárcel de mujeres en la zona de Miraflores, recinto en que se encuentra la expresidenta Jeannine Áñez. Sus abogados adelantaron que presentarán documentación para respaldar la supuesta vulneración de sus derechos.

Camacho y Áñez solicitaron una audiencia individual con los comisionados de la CIDH; con el fin de exponer una presunta vulneración de derechos humanos y del debido proceso en los casos por los que están privados de libertad.