El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el debido proceso en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho y anunció que éste se reunirá con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen los gobiernos de facto; estamos invitando a la CIDH, en su máxima instancia, a que venga a reunirse, entre otros, con el gobernador Camacho”, remarcó la autoridad.

De forma recurrente, Camacho y el equipo jurídico que lo defiende denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos en el penal de Chonchocoro de La Paz, donde cumple detención preventiva por el caso Golpe de Estado I.

A fines de 2022, el gobernador cruceño fue imputado por el delito de terrorismo y luego fue encarcelado en la cárcel paceña.

CASO.

Incluso, acusaron al Gobierno de actuar de manera “dictatorial” y no descartaron acudir a entidades internacionales para reclamar atención en favor del gobernador Camacho y de otras personas, a quienes denominaron como “presos políticos”.

“Nosotros estamos conscientes de que aquí hay un debido proceso; por eso todos los reclamos que se le hacen a la CIDH no tienen una negativa de Bolivia a hablar del tema”, subrayó el Ministro de Justicia a los medios.

Aseguró que una comisión de ese organismo internacional llegará al país a reunirse con los privados de libertad de todos los recintos carcelarios, y afirmó que el Gobierno brindará la información que se requiera.

“No vamos a ocultar ninguna información; nuestra posición es que en el caso Camacho y en todos los casos en el país se respete el debido proceso. Por eso tenemos apertura amplia a todo el escrutinio internacional”, dijo Lima.

El caso Camacho tuvo diferentes matices; desde la aprehensión de la autoridad en Santa Cruz, el 28 de diciembre de 2022, y la detención preventiva dispuesta por la Justicia, dos días después.

Sus correligionarios y simpatizantes advirtieron, primero, una vulneración de sus derechos. Justificaron eso con el “gran operativo” que se ejecutó al momento de su aprehensión y la “violencia” de los miembros de la Policía.

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Pero luego denunciaron una supuesta vulneración de sus derechos políticos en su condición de gobernador; ejerce ese cargo desde Chonchocoro, pese a existir la figura de suplencia por ausencia de la autoridad. Ese cargo, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debiera ser asumido por el vicegobernador Mario Aguilera.

Una de las principales exigencias de Camacho y su equipo de defensa fue su derecho a la salud, debido a la enfermedad que padece el otrora líder cívico cruceño.

Pese a que le negaron la internación en un centro de salud externo al penal de Chonchocoro, las autoridades carcelarias instalaron una habitación que cuenta con el equipo “necesario” para la atención de esa enfermedad. 

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este viernes una acción de libertad en favor del dirigente cocalero César Apaza. El fin es resguardar su “derecho a la vida y la salud”

La audiencia se realizará este sábado 18 de marzo, a las 11.00, vía virtual, señala una nota de prensa de esa entidad.

Este recurso judicial se gestionó luego que Apaza fue llevado de nuevo al penal de Chonchocoro. Después que se le dio de alta del Hospital de Clínicas, luego que sufrió una embolia en febrero.

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El defensor del Pueblo, a través de una comisión defensorial, realiza un seguimiento permanente a la situación jurídica. Además verifica el estado de salud de Apaza, desde el momento de su aprehensión en septiembre del 2022.

Asimismo, hace seguimiento a su situación clínica desde el 15 de febrero, cuando fue hospitalizado.

El jueves pasado, cuando Apaza fue retornado del centro hospitalario de La Paz al penal de Chonchocoro, situado en el municipio de Viacha, la comisión defensorial evidenció que sus signos vitales son estables.

Defensor del Pueblo

Pero todavía presenta signos de parálisis parcial en sus extremidades y “trastorno de adaptación”, por lo que continúa con la medicación con antibióticos y antihipertensivos, señala el comunicado.

La acción de libertad fue interpuesta por el defensor del Pueblo, en contra de Natalio Sillerico Blatnik, director del Recinto Penitenciario de Chonchocoro, y fue asignado el Juzgado de Sentencia de Violencia contra la Mujer.

Acción de libertad

“La Defensoría del Pueblo advierte que Apaza se encuentra bajo la protección del Estado, que es el único garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, precisa el boletín.

“Por tanto, tiene la obligación de garantizar la vida, integridad y salud de quienes están bajo su custodia en los centros penitenciarios del país”, agrega el documento.

Apaza

Apaza fue procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen (8 de septiembre de 2022). Luego, fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Sin embargo, en noviembre del año pasado se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El expresidente Evo Morales expresó su “solidaridad” al mandatario ruso, Vladimir Putin, luego que la Corte Penal Internacional (CPI) pidió su captura por crímenes de guerra, en el marco del conflicto bélico con Ucrania.

“Expresamos toda nuestra solidaridad con el hermano Putin y advertimos que esta acusación política y forzada por supuestos delitos de ‘deportación’, pretende mantener el estado de guerra entre dos pueblos hermanos de Europa». «Para satisfacer el armamentismo de EEUU y la OTAN” (sic.), escribió Morales en su cuenta de Twitter.

La CPI también pidió la captura de Maria Alekseyevna Lvova-Belova. La funcionaria es comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, señala un comunicado emitido este viernes. 

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Empero, el tribunal no precisó la forma en que ejecutará las órdenes de arresto, en el entendido que Rusia no es miembro de la CPI.

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país”, escribió la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.

“Incluso desde un punto de vista jurídico”, agregó.

Morales

Según la CPI, Putin es “presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y el traslado ilegal de población [de niños] de las zonas ocupadas de Ucrania”.

“Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022”, prosiguió la corte. 

Al respecto, Morales afirmó que se trata de una acción política, y que coincide con un encuentro con autoridades de China. En el encuentro se pretende buscar soluciones al conflicto bélico.

Putin

“La Corte Penal Internacional emite una nula orden de arresto contra el hermano presidente de Rusia Vladimir Putin, días antes de su reunión con su homólogo de China, Xi Jinping que busca crear las condiciones para un proceso de pacificación del conflicto con Ucrania” (sic.), añadió el expresidente en otro tuit.

Horas antes, el presidente Luis Arce informó que sostuvo una comunicación telefónica con Putin, y que en ella afianzaron su amistad y abordaron asuntos sobre economía, salud, y tecnología, entre otros.

Así, las autoridades de Bolivia y Rusia expresaron su intención de fortalecer las relaciones bilaterales.

Solidaridad

En ese marco, Morales apuntó a los Estados Unidos de promover una “campaña de estigmatización” en contra de Rusia.

“Los pueblos libres que luchamos por un mundo libre del intervencionismo de EEUU expresamos nuestro repudio a la campaña mundial de estigmatización del imperio contra el hermano pueblo ruso. El verdadero autor de crímenes de guerra y contra la humanidad es EEUU” (sic.), afirmó en otro mensaje en esa red social.

La Fiscalía requirió información al Segip (Servicio General de Identificación Personal) y al Serecí (Servicio de Registro Cívico) para conocer los domicilios del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, luego que el gobernador Luis Fernando Camacho solicitó que testifiquen en el caso Golpe de Estado I.

“En relación a los testigos ofrecidos se emita requerimiento al SEGIP y SERECI a efectos de conocer los domicilios de las personas seriatadas y considerara la solicitud del impetrante” (sic), señala el documento, según una publicación de la red Unitel.

Camacho

La petición fue firmada por el fiscal del caso Omar Mejillones, el 13 de marzo.  El requerimiento también incluye al exministro de Gobierno Carlos Romero.

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La pasada semana, el abogado Martín Camacho explicó que las tres exautoridades deberán hacer varias aclaraciones en ese caso.

Por ejemplo, el hecho de “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

Fiscalía

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

El gobernador cruceño guarda detención preventiva en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Esta acción se asumió luego que fue imputado por el delito de terrorismo, por el caso Golpe de Estado I.

Evo Morales

El caso investiga la supuesta comisión del delito de terrorismo.

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez. La opositora fue posesionada como presidenta transitoria, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

García Linera

Áñez se había proclamado, primero, presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y posteriormente como mandataria, en sendos actos en la Asamblea Legislativa. Según la Fiscalía, no respetó el reglamento del Senado.

En el marco de ese proceso, también figuran otras exautoridades, como los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra. Ellos fueron parte de la administración de Áñez entre 2019 y 2020.

En medio de medidas de presión en Potosí, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la industrialización de litio es un “proceso transparente”, en el marco de la soberanía.

“Es un proceso transparente y, sobre todo, con toda la responsabilidad que amerita para nuestro país y el departamento de Potosí. Es un proceso transparente, que lo ha llevado Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)”, dijo la autoridad.

“Vamos a entrar en la era de la industrialización con la implementación de estas dos plantas (Uyuni y Coipasa) y el Gobierno tiene tuición, participación y soberanía en todo el proceso de producción y comercialización del litio”, agregó.

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En enero, YLB firmó un convenio con la empresa China CATL BRUNP & CMOC (CBC) para construir dos plantas industriales con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio) en los salares de Uyuni y Coipasa.-

La primera está ubicada en el departamento de Potosí y la segundo, en Oruro. En ambas se invertirá $us 1.083 millones.

Al respecto, Alcón informó que se está socializando las características del modelo boliviano para la industrialización.

Potosí

De acuerdo con información oficial, en el primer semestre de este año el consorcio chino trabajará en el diseño e ingeniería de las plantas. Cada una tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas.

Se prevé la conclusión de las obras para finales de 2024, por lo que las operaciones iniciarían durante el primer semestre de 2025.

La información de la viceministra se registra en momentos que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) llevó a cabo medidas de presión en ese departamento, para que se apruebe un proyecto de ley del litio, consensuado.

Este jueves, la presidenta del Comcipo, Roxana Graz, dijo que Potosí no se opone a la industrialización del litio, pero exigen información transparente sobre el proyecto normativo.

Alcón

Aseguró, además, que no se cierran a sentarse a dialogar con el Gobierno.

“Hemos pedido con documentación, con cartas, resoluciones y no nos informan nada, no conocemos nada”, lamentó durante una entrevista en La Razón Radio.

“Le hemos pedido que vengan a explicarnos el proyecto de ley y no vienen, nos responden que están ocupado con otras prioridades. No hay voluntad”, añadió.

Graz recordó que entre los principales pedidos de Comcipo están un directorio que esté por encima de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Además, que esté conformado por representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí y de las regiones productoras.

Asimismo, un comité científico conformado por profesionales que lleguen al cargo con meritocracia.

Litio

Entre el lunes y miércoles se llevó a cabo en Potosí un paro de 72 hora reclamando la aprobación de una ley de recursos evaporíticos.

Tras esa medida, Graz anunció que el 23 de marzo se reunirá el Consejo Consultivo para definir los pasos a seguir.

“El 23 de marzo tenemos un Consejo Consultivo, ahí deben venir nuestros representantes nacionales, senadores, diputados, a informar qué es lo que está sucediendo. A partir de eso se definirá si iniciamos con movilizaciones”, explicó.