El juicio contra cabecillas de la RJC se suspende hasta el martes, la Fiscalía presentará testigos
Los principales acusados son los cabecillas de la RJC, Yassir Molina, Mario Bascopé y Milena Soto, mientras que sus cómplices son los activistas Mario S.S. y Ayda R.L.T. Están implicados en la violencia y la destrucción ocurridas en el edificio de la Fiscalía en 2020.

Líderes de la RJC, en una audiencia judicial. Foto: APG
Otro cuarto intermedio. El juicio oral contra los cabecillas y los cómplices de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), por el ataque de 2020 a la sede de la Fiscalía General del Estado en Sucre, fue pospuesta hasta el martes, cuando la Fiscalía presentará a sus testigos.
La información fue proveída este lunes por el juez José Pinto a medios estatales. “Mañana (martes) se va a continuar (la audiencia) con la recepción de testigos que han sido ofrecidos por el Ministerio Público”. El acto judicial se reinstalará el martes a las 11.30.
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Los principales acusados son los cabecillas de la RJC, Yassir Molina, Mario Bascopé y Milena Soto, mientras que sus cómplices son los activistas Mario S.S. y Ayda R.L.T. Están implicados en la violencia y la destrucción ocurridas en el edificio patrimonial del Ministerio Público.
Cabecillas
La Fiscalía pide 20 años de cárcel para los sindicados. Los delitos sobre la mesa son organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas, como bazucas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital, según una nota de prensa de la agencia ABI.
Estos hechos se desarrollaron en medio a la crisis en el país tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
El juez Pinto calificó de “moroso” al proceso, debido a que hay seis integrantes de la parte acusadora y similar número de acusados. De acuerdo con los datos, el Ministerio Público presentará 103 pruebas, tras haberse excluido 10 después de unas serie de objeciones.
La RJC participó activamente en la crisis de 2019 y durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Fue protagonista de hechos de violencia y de discriminación. Por ello, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo catalogó un “grupo parapolicial”.