Luis Guillén, abogado de la hija de Jeanine Áñez, Carolina Ribera, aseguró que la investigación por supuestas ganancias ilícitas contra su defendida implica “persecución política”.
Actualmente, Áñez cumple una condena por el caso Golpe de Estado II, desde el 10 de junio de 2022, pero también enfrenta un proceso por el caso Golpe de Estado I.
El bloque de oposición consideró esos procesos como “persecución política”, como el que también enfrenta el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.
“La persecución política hacia la exmandataria de Estado se estaría expandiendo hacia su hija”, cuestionó Guillén.
La Fiscalía investiga Ribera por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Con ese argumento, solicitó informes a 32 entidades, entre públicas y privadas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó que ese proceso sea “persecución” que denunció Guillén y dijo que lo que buscan es “impunidad”.
“La situación de impunidad que quieren algunos actores políticos implica que no exista un proceso (…). Quien no tiene ningún problema o preocupación porque ha hecho bien las cosas, no tiene ningún problema”, refutó Lima.
“Están pensando en que son de una casta y una clase privilegiada, que por ser hijo de alguien no tienen por qué ser investigado; eso no es admisible en una democracia”, agregó.
Además, pidió que la hija de la exmandataria “no se victimice” y acceda a declarar si la convocan.
“Carolina es hija de una exmandataria de Estado, también tiene una familia que la ayuda económicamente y también tiene recursos que venían de su papá y sus familiares”, arguyó Guillén.
Informes sobre Carolina Ribera
Entre las entidades públicas a la que la Fiscalía solicitó un informe están Migración, Fundempresa, Impuestos Nacionales, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la Bolsa Boliviana de Valores y el Ministerio de Economía.
Mientras las entidades privadas a las que llegó esa solicitud son las empresas de telecomunicación Entel, Viva, Tigo, AXS y Cotel.
Otras instituciones contempladas son la Contraloría, la Dirección de Servicios de Aeropuertos Bolivianos, las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; La Interpol y la Unidad de Investigaciones Financieras.