Luego que desde el Gobierno criticó y desahució la posibilidad de que los miembros de la Iglesia Católica declaren por el caso Golpe de Estado I, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, insistió en que comparezcan ante la Justicia.
“No tengo nada contra ellos, ni a favor, nada; simplemente, de manera objetiva, queremos que se diga la verdad en un testimonio y como pueden ver, eso sí está incluido en un hecho de investigación que es el caso Golpe I”, sostuvo, en conferencia de prensa.
El jueves, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no es necesario citar a los obispos para que declaren como testigos en ese caso. En su criterio, porque ya fueron citados en esa misma condición en el caso Golpe de Estado II.
En tanto, el viceministro de Coordinación, Gustavo Torrico, expresó su desacuerdo con el pedido de la Procuraduría, pues los religiosos ya dieron su versión de los hechos.
“No estoy de acuerdo, personalmente, honestamente les digo no estoy de acuerdo, no porque sea la Iglesia ni tampoco soy creyente, nos estamos yendo por las ramas”, afirmó.
No obstante, el procurador Chávez afirmó que no es un “ataque” en contra de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), sino que se busca esclarecer los hechos de 2019.
El funcionario recordó que entre el 10, 11 y 12 de noviembre se realizaron reuniones entre líderes políticos, religiosos y representantes de organismos internacionales, en la Universidad Católica para hablar sobre quién puede asumir el poder.
“Mi hipótesis es bastante clara, es que antes que lleguen ellas, ya habían determinado ejecutar un plan A y el plan B como luego se ha conocido, es que antes ya han decidido, las acciones que se iban a hacer, una vez tomado el poder de manera inconstitucional”, dijo Chávez.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció, asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión militar.
Dos días después, asumió la senadora opositora Jeanine Chávez, tras reuniones extralegislativas en la UCB, sin respetar el quórum de la Asamblea y el reglamento del Senado.