El asambleísta Dilfe Rentería (MAS) aseguró que, cuando el gobernador Luis Fernando Camacho aprobó el Decreto 373 no cometió un “error administrativo”, como se quiso hacer creer por parte de sus correligionarios, sino un delito.
Se refirió así a la norma que a finales de marzo de 2022 la autoridad firmó para nombrar gobernador interino de Santa Cruz a un secretario, cuando el Estatuto Departamental obliga la suplencia gubernamental del vicegobernador.
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Denuncia
A denuncia del Movimiento Al Socialismo (MAS), que alegó incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el Ministerio Público imputó por el caso a Camacho.
“No son errores, sino delitos cometidos por Camacho; por eso la Fiscalía lo ha imputado y ha pedido su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola”, dijo Rentería en entrevista con La Razón Radio.
Decreto
El 12 de marzo de 2022, Camacho viajó a Brasil para participar de un encuentro de gobernadores.
En lugar de dejar la administración de la Gobernación al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el artículo 25 del Estatuto Autonómico Departamental.
Aprobó el Decreto Departamental 373 y delegó esas funciones al entones secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro.
Camacho no solo pasó por encima de la investidura de Aguilera, sino que le confirió a Navarro la responsabilidad de hacerse cargo de la Gobernación.
Le otorgó amplias facultades como las de “atender y responder la correspondencia” y “representar al Gobernador en todo y cuanto acto o invitación protocolar se requiera dentro y fuera de la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz”.
Vigencia
Al percatarse de esa aprobación, el secretario de Justicia, Efraín Suárez, aclaró que el decreto no estaba vigente y que se había iniciado un proceso administrativo para establecer responsabilidades y sancionar al responsable “del descuido”.
Admitió que ese decreto fue publicado “por un breve tiempo” en la gaceta electrónica “por un error involuntario”.
Pero que no había cumplido en su totalidad el proceso administrativo requerido para su publicación.
Sin embargo, Aguilera ratificó entonces que la norma había sido subida a la Gaceta Oficial del departamento y que horas después fue retirada. “Conocimos el decreto a través en la Gaceta, pero ahora ya no está”, dijo cuatro días después que Camacho había viajado.
El artículo 25 del Estatuto Departamental cruceño, vigente desde 2018, establece que ante la “ausencia temporal” de Gobernador, se produce la “suplencia gubernamental”, que la asume el vicegobernador.
Irregularidad
Rentería recordó que en marzo de 2022 los asambleístas del MAS detectaron esa irregularidad en la Gobernación y por eso denunciaron al gobernador Camacho. “No es persecución política, como dicen asambleístas y diputados de Creemos. Hemos pedido al Ministerio Público que investigue ese caso que ha ocurrido dentro de la Gobernación”, dijo este jueves.
“Ellos han aceptado (el decreto) y se ha subido a la Gaceta del gobierno departamental. Camacho dijo que fueron errores administrativos, pero son delitos”, insistió Rentería.
Imputación
La Fiscalía de Santa Cruz imputó a Camacho por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Además, se investiga manipulación informática, debido a que “se bajó” el decreto de la Gaceta Oficial.
Rentería indicó que, por ahora, se desconoce cuándo se realizará la audiencia cautelar de Camacho.
Prevé que el juez determinará que el gobernador cumpla detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
En la actualidad, el gobernador cruceño cumple una detención preventiva de cuatro meses en el penal de Chonchocoro de La Paz.
Está acusado del delito de terrorismo en grado de autoría en el caso Golpe de Estado I.
Este proceso investiga el derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, y la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta, el 12 de noviembre de ese año.