La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este viernes que la Gendarmería Nacional y la Policía de Salta se enfrentaron a tiros con narcomochileros bolivianos que intentaban ingresar droga a su país.

“GNA a los tiros con narcomochileros bolivianos llenos de cocaína ¡Llevaban 122 kilos de cocaína! Gendarmería patrullaba la frontera en Salta cuando, en medio de la montaña, divisó a un grupo de narcos que, mochila al hombro, traficaban la droga. Al ver a los efectivos, empezaron a los tiros y se desató una balacera que terminó con tres delincuentes detenidos, uno muerto, la droga y una cantidad de armas y municiones incautadas” (sic), escribió Bullrich a través de su cuenta de X.

El director de Gendarmería Nacional, comandante general Claudio Miguel Brilloni, informó que, tras la intervención en la zona de Aguas Blancas, situada en la intersección de los ríos Tarija y Bermejo, este hecho marca la complejidad de la situación que se vive en las fronteras, sobre todo, la frontera noroeste con Bolivia.

“A través de una orden atinada se han reforzado los patrullajes y están dando resultados. El lugar es prácticamente inaccesible, donde la vegetación es densa, era de noche a tal punto, si bien el se produjo de noche, hubo que esperar las horas del día para poder ingresar y recolectar todos los elementos indiciarios”, señaló el jefe policial.

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Medios de comunicación argentinos informaron, según el parte de Gendarmería, que se logró desarticular una operación de narcotráfico en la zona de yungas, zona “Finca Medina”, entre la intersección de los ríos Tarija y Bermejo la noche del jueves.

El personal de la Sección Aguas Blanca dependiente del Escuadrón 20 Orán, junto con efectivos de la Unidad de Inteligencia Criminal Salta patrullaban esa zona y detectaron a un grupo de entre 15 a  20 personas que transportaban cocaína en mochilas.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego, lo que desató un intercambio de disparos. Durante la fuga, algunos delincuentes abandonaron el cargamento de droga intentando huir. Sin embargo, los agresores regresaron para recuperar los bultos con el estupefaciente, desencadenando una nueva confrontación, informó el Tribuno de Salta.

Ante esta situación, los funcionarios aseguraron la zona y realizaron un rastrillaje, que permitió aprehender a dos ciudadanos bolivianos y un argentino. Al inspeccionar las mochilas detectaron “ladrillos” con 122 kilos 508 gramos de cocaína y hallaron cinco armas de fuego (de distintos calibres) con municiones, informó el Ministerio de seguridad, del vecino país.

En el caso intervino la Fiscalía Descentralizada de Orán, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención de los involucrados.

También, se dispuso la realización de pericias en el lugar por parte de la policía de Salta y la autopsia correspondiente de la víctima.

Tras las observaciones a las preguntas del referéndum planteadas por el presidente Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le recordó que, tal como está redactada la pregunta sobre la reelección, corresponde la realización de un referéndum constitucional y no consultivo.

“Con relación a la pregunta 3 se advierte que como se encuentra redactada, no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino un referendo constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa…” (sic), señala parte del documento, al que accedió La Razón, y que fue enviado al mandatario sobre las observaciones del referéndum.

La pregunta 3 que se envió al TSE para su análisis técnico señala: “¿Usted está de acuerdo en que el Artículo 168 de lo Constitución Política del Estado, que dispone la reelección por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua, lo cual, implicaría iniciar el procedimiento de reforma parcial de la Constitución, previsto en el texto constitucional vigente?”.

El Órgano Electoral también indicó que de persistir en la “permanencia” de la pregunta 3, esta debe “aclararse qué instancia del Estado estaría encargada de procesar la iniciativa de reforma parcial de la Constitución Política del Estado y si la consulta va a referida a la autorización o no del soberano a que esa instancia del Estado formalice el proceso de reforma parcial con el objeto previamente determinado de incorporar en el texto constitucional la reelección por una sola vez de manera discontinua a lo ya establecido; o si por el contrario, la consulta va dirigida a saber si el soberano está de acuerdo o no con adicionar al texto constitucional la reelección por una sola vez de manera discontinua”(sic).

Sobre las preguntas 1 y 2, referidos a la subvención de la gasolina y diésel, el TSE también solicitó la aclaración sobre los siguientes puntos.

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“Sobre las preguntas 1 y 2, la expresión ‘gradualmente (es decir poco a poco)’ no refiere a algo concreto, es decir, es abstracta e indeterminada, de manera que no se tiene certeza del efecto de dicha gradualidad en términos de periodo de tiempo y económicos (monto, costo, valor, porcentaje), y si este último será fijo o fluctuante. Asimismo, la redacción de la pregunta incluye el verbo ‘levantar’ que, según la RAE, significa: ‘Mover (algo) hacia arriba o poner (lo) en un lugar más alto que tenía’, por tanto, su uso tiene otro sentido”.

Del mismo modo, el ente electoral dice que “las preguntas 1 y 2 carecen de exactitud al no precisar la gradualidad de periodo de tiempo y económicos para la implementación de la medida que es objeto de la consulta. A partir de la definición del verbo ‘levantar’ la compresión de la pregunta podría tergiversarse o ser errónea”.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe aclaró este viernes que las preguntas del referendo deben ser aprobadas hasta octubre de este año, esto con el fin de garantizar que el proceso se realice en febrero. Caso contrario, advirtió, correría el riego de una interposición con las elecciones generales.

Señaló que la revisión de las preguntas del referéndum es hasta que se logre y se cumpla los criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Sin embargo, advirtió que el artículo 87 de la Ley 026 señala que no se puede realizar dos procesos electorales a la vez.

“Al año tenemos las elecciones generales 2025. Va arrancar en abril. No tendría que haber una colisión con este proceso electoral y eso le da un tiempo a este referéndum. Sería hasta octubre de este año que debería estar arrancando, debería estar emitiéndose este decreto de convocatoria a este proceso, porque como Órgano Electoral requerimos cuatro meses para la organización”, explicó Tahuichi a la red Uno.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Ismael Villca, informó este viernes sobre el secuestro de $us 513.000 y Bs 400.000 de un vehículo que fue retenido en un retén en la carretera interdepartamental entre Santa Cruz y Beni.

Según el reporte policial, el jueves a las 06.30, los efectivos antinarcóticos realizaban trabajos de interdicción y a la altura de la comunidad Estrella de Belén, ruta Casarabe – San Pablo, arribó una camioneta de color plateada.

A la entrevista policial, el conductor identificado como Rufino R. de 42 años presentó ciertas alteraciones en su conducta por lo que se procedió con la requisa minuciosa del vehículo.

“Por la perspicacia de los efectivos policiales, sienten un olor característico a pegamento. Mientras van requisando el vehículo, se muestra ciertas alteraciones en la parte anterior de la cabina y en presencia del conductor y otra persona; se llega a encontrar un compartimento oculto con dinero”, informó Villca.

Indicó que el dinero secuestrado fue una cantidad de $us 513.000 que estaban en 11 paquetes, además de Bs 400.000 separados en cuatro paquetes. “Tenemos el vehículo secuestrado, dos teléfonos celulares y la afectación al narcotráfico es de $us 611.000”.

Antecedentes

Además, señaló que el aprehendido cuenta con antecedentes penales por narcotráfico desde 2016, año que fue detenido en poder de dos armas de fuego y dos bidones de combustible para avionetas.

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El fiscal departamental de Beni, Félix Balderas, informó que; tras la audiencia cautelar de esta persona, el juez determinó la detención preventiva por el lapso de 150 días en el penal de Mocovi, Beni.

También dijo que se dispuso la incautación del dinero y el vehículo, los cuales pasan a ser custodiados por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautado (Dircabi), así como el secuestro de la información de los celulares.

“A partir de ahí, el Ministerio Público va a iniciar las investigaciones en contra de los coautores que han logrado permitir que se traslade este dinero a la ciudad (de Beni)”, indicó Balderas. 

Operativos

El jefe antinarcóticos también señaló que a la fecha se realizaron 7.264 operativos al narcotráfico; de los cuales se secuestró 34,4 toneladas de droga, entre clorhidrato y pasta base de cocaína

Dijo que, en marihuana, entre plantíos y para expendio, se incautó 436,7 toneladas. Se destruyó 66 factorías entre laboratorios de cristalización, reciclaje y drogas sintéticas, además se alcanzó a 1.119 fábricas destruidas.

“Se aprehendió a 2.390 personas, se secuestró 40 avionetas y se destruyó 48 pistas clandestinas. Estamos realizando un trabajo coordinado y permanente con el Ministerio Público para hacer este frente a este ilícito que es el narcotráfico”, mencionó el jefe policial.

Ante el anuncio de marchas y bloqueos desde el lunes en el país, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, Grover García, condenó este viernes que “algunos” líderes busquen desestabilizar el país con estas medidas de presión.

“Lo que vemos es que son temas políticos que quieren hacer respetar fuera del marco legal, por eso rechazamos y condenamos a aquellos líderes que quieren desestabilizar el país. Acá vivimos más de 11 millones de habitantes y debería de respetarse a esa voz y no conducir a una situación catastrófica”, indicó.

El dirigente afín al presidente Luis Arce indicó que estas medidas anunciadas para el 16 y 17 serán un perjuicio total para el país, debido a “que las marchas conducen a desestabilizar el país y los bloqueos van a perjudicar a los comerciantes, transportistas, familias y empresarios que exportan e importan a los diferentes departamentos”.

“La Dirección Nacional del MAS pide a aquellos sectores que quieren convulsionar, deben sentarse a dialogar, pero con peticiones que beneficien al país. No velar el interés de una persona, por eso se debería buscar diálogo”.

Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz determinó la instalación de nueve puntos de bloqueo a partir del 16 de septiembre, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y el adelanto de las elecciones generales.

Los puntos de bloqueo determinados por los Ponchos Rojos están ubicados en las rutas, principalmente interprovinciales, y en la carretera entre La Paz y Oruro.

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De acuerdo con el instructivo de esta facción, las vías cerradas serán las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

Marcha

También el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre desde Caracollo, Oruro, hacia la ciudad de La Paz ante la demanda de un pliego petitorio que salió del ampliado realizado el 3 de septiembre en Villa Tunari, Cochabamba.

Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

“(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político el miércoles.

Desde el Gobierno se señaló que la movilización convocada por Morales evidencia un plan de “desestabilización” con fines políticos personales.

“Lo que vamos a empezar lamentablemente a ver en nuestro país, a la cabeza del señor Evo Morales, es la puesta y ejecución en marcha del plan de desestabilización al gobierno democráticamente legal y constituido dentro del territorio nacional (sic)”, dijo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en días pasados.

El director de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este viernes que se espera un informe para valorar el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho, en prisión desde diciembre de 2022, a Santa Cruz para la instalación del juicio oral por el caso Decretazo, que está programado para el lunes 16 de septiembre.

“Estamos esperando los informes, hasta el final de la tarde tiene todavía el director para establecer todos los informes que ha solicitado. Estamos esperando ciertos informes que seguramente, a través de la dirección del Centro Penitenciario de Chonchocoro se dará a conocer a la autoridad competente”, explicó Limpias.

El 16 de julio, el Tribunal de Sentencia N° 8 de Santa Cruz suspendió, por cuarta vez, la instalación del juicio oral contra Camacho, ante la ausencia de la autoridad detenida en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

La autoridad cruceña es investigada por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; la Fiscalía pide seis años de cárcel.

Limpias reiteró también que se pidió a la autoridad competente se pronuncie sobre los informes que detallan los riesgos en el traslado de Camacho a Santa Cruz.

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“No es nomás ordenar y decir lleven, sin prever todas las cosas que pueden acontecer, no solamente en referencia al privado de libertad Luis Fernando Camacho. Estamos haciendo referencia de casos delicados en anteriores oportunidades que ha habido problemas con las víctimas e incluso agresiones que ha sufrido el personal policial”, dijo.

El titular de Régimen Penitenciario aclaró que todo lo que se hace es en el marco de lo legal, sin trasgredir la norma. “Lo que se está haciendo, a través de la dirección del centro penitenciario, son estipuladas en la ley. Hay una responsabilidad, sobre todo en el marco de la seguridad que se tiene en el penal de Chonchocoro.”

En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Camacho en el caso Decretazo. Se lo apunta por intentar delegar su cargo de forma interina a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, Camacho encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo a Aguilera. Con ese fin, la autoridad cruceña promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el vicegobernador.

Camacho cumple la detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.