El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el debido proceso en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho y anunció que éste se reunirá con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nosotros estamos conscientes de que aquí hay un debido proceso; por eso todos los reclamos que se le hacen a la CIDH no tienen una negativa de Bolivia a hablar del tema”, justificó el funcionario a los medios.

De forma recurrente, Camacho y el equipo jurídico que lo defiende denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos en el penal de Chonchocoro, donde cumple detención preventiva por el caso Golpe de Estado I.

Incluso, acusaron al Gobierno de actuar de manera “dictatorial” y no descartaron acudir a instancias internacionales para reclamar atención.

“Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen los gobiernos de facto; estamos invitando a la CIDH, en su máxima instancia, a que venga a reunirse, entre otros, con el gobernador Camacho”, respondió Lima.

Privados de libertad

Aseguró que una comisión de ese organismo internacional llegará al país a reunirse con los privados de libertad de todos los recintos carcelarios del país y afirmó que el Gobierno brindará la información que requiera.

“No vamos a ocultar ninguna información; nuestra posición es que en el caso Camacho y en todos los casos en el país se respete el debido proceso. Por eso tenemos apertura amplia a todo el escrutinio internacional”, dijo Lima.

El caso Camacho tuvo diferentes matices; desde la aprehensión de la autoridad en Santa Cruz, el 28 de diciembre de 2022; y la detención preventiva dispuesta por la Justicia dos días después.

Sus correligionarios y simpatizantes advirtieron, primero, una vulneración de sus derechos. Justificaron eso con el “gran operativo” que se ejecutó al momento de su aprehensión y la violencia de los miembros de la Policía.

Derechos en el proceso de Camacho

Pero luego denunciaron una supuesta vulneración de sus derechos políticos en su condición de gobernador; ejerce ese cargo desde Chonchoro, pese a existir la figura de suplencia por ausencia de la autoridad. Ese cargo, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debiera ser asumido por el vicegobernador Mario Aguilera.

Una de las principales exigencias de Camacho y su equipo de defensa fue su derecho a la salud, debido a, según se conoce, la enfermedad autoinmune que padece el otrora líder cívico cruceño.

Pese a que le negaron la internación en un centro de salud externo al penal, las autoridades carcelarias instalaron una habitación que cuenta con el equipo “necesario” para la atención de ese padecimiento.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hernán Hinojosa afirmó este viernes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un político “frustrado” que llama a la unidad de la oposición, pero no puede ni unificar a su alianza, Creemos.

“Camacho está frustrado, política y personalmente. En su desesperación llama a la unidad (del bloque opositor) pero ni siquiera puede unificar su propio partido político (sic)”, dijo el legislador oficialista en La Razón Radio.

La tarde del jueves, a través de una carta leída por un funcionario de le Gobernación cruceña, Camacho hizo un llamado al bloque de oposición para su unificación con miras a las elecciones generales de 2025.

“Vamos a conformar un gran movimiento ciudadano nacional para recuperar la democracia en 2025. A los dirigentes opositores, quiero decirles que la recuperación de la democracia depende de nosotros mismo”, dice parte de la carta que Camacho escribió desde Chonchocoro.

En respuesta, el legislador oficialista dijo que “no le sorprende” ese llamado y consideró que “Camacho ya es un político fracasado, que pasó su tiempo”.

“Están preocupados de cómo van a hacer frente al MAS, porque es un partido político a nivel nacional con mayor representación; pero ellos no van a alcanzar a eso”, adelantó.

Llamado de camacho

No es la primera vez que Camacho llama a la unidad del bloque opositor para hacer frente al MAS. En 2019, durante los conflictos poselectorales, lideró, desde la titularidad del Comité pro Santa Cruz, las movilizaciones por un supuesto “fraude electoral”, proceso en el que ganó el expresidente Evo Morales.

Entonces, uno de sus principales aliados fue el también líder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari. Precisamente, ambos se presentaron como binomio de Creemos para las elecciones de octubre de 2020.

Entonces, los resultados de los comicios no le fueron favorables; el presidente Luis Arce ganó la justa con el 55,11% de la votación; el segundo más apoyado fue el expresidente Carlos Mesa, que alcanzó el 28,8%.

En tercer lugar quedó Creemos, que obtuvo el 13,97% de apoyo electoral. Eso significó para la alianza del gobernador cruceño representación en la Asamblea Legislativa.

Detenido preventivamente por el caso Golpe de Estado I, Camacho ejerce como gobernador del departamento, pese a los cuestionamientos sobre la suplencia del vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera.

El Ministerio Público imputó al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce por supuesta corrupción. El legislador deberá comparecer en oficinas del Ministerio Público el viernes a las 14.00.

La mañana de este jueves, personal de la Fiscalía dejó un cedulón en la puerta de la oficina del legislador, considerado “radical” por apoyar al expresidente Evo Morales.

“Se le advierte que, en caso de desobediencia, se expedirá mandamiento de aprehensión”, dice parte del documento emitido por autoridades del Ministerio Público.

A instancias del diputado “renovador” Rolando Cuéllar, Arce deberá responder a las denuncias de supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica mientras fue alcalde de Omereque, en Cochabamba.

Esto agrava la crisis en el MAS, fuerza que enfrenta acusaciones mutuas entre seguidores de Morales y del presidente Luis Arce.

A tal grado llegó esa fractura, que el mismo Héctor Arce comenzó una serie de denuncias que presuntamente involucran a personas de confianza del mandatario. Así, en 2022 presentó una denuncia por supuesta corrupción en el caso denominado “coimas” en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La última denuncia que interpuso tiene que ver con “los guerreros digitales”, supuestamente financiados por el Gobierno. En ese caso apuntó a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y a otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia como financiadores de ese grupo.

Pero los conflictos entre “radicales y “renovadores” va más allá. La Asamblea Legislativa es otro escenario de disputa y diferencias entre ambos grupos. Al necesitar de los dos tercios de votación para la aprobación de normas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, la pugna entre ambas “alas” retarda la aprobación de varios proyectos de ley.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que la Agencia Francesa de Desarrollo otorgó a Bolivia un crédito de 200 millones de euros ($us 212 millones), aprobado por la Cámara de Senadores.

Ese crédito pasó “todo el ciclo de aprobación que implica e involucra a la Asamblea Legislativa”, justificó el funcionario en conferencia de prensa.

“El financiamiento con la Agencia Francesa de desarrollo significa un apoyo al Tesoro General de la Nación (TGN)”, precisó Cusicanqui.

El titular de Planificación dijo que ese crédito muestra “un voto de confianza” para la reconstrucción económica del país. “Los organismos internacionales muestran ese reconocimiento a la los indicadores económicos del país”, celebró.

“Si (los financiadores) no confiaran, no prestarían estos recursos a nuestro país”, argumentó el ministro.

Pero también informó que la Cámara de Diputados aprobó otros dos financiamientos, como el de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Un primer crédito aprobado el miércoles, de $us 58,4 millones, está destinado a la construcción del primer tramo de la doble vía entre Oruro y Challapata. El segundo, de $us 80,9 millones, financiará la construcción de la carretera entre La Joya y Chuquichambi, en Oruro.

Crédito

Estos dos créditos deberán ser homologados por la Cámara de Senadores.

La aprobación de tres créditos ocurre en pleno cuestionamientos sobre una supuesta inestabilidad de la economía nacional, planteada por sectores de oposición.

En los últimos días, la internacional Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Bolivia de B a B- y revisó su perspectiva de “estable” a “negativa” debido a la disminución de sus reservas.

Eso generó una serie de criterios que coincidían en que la baja de la calificación refleja la disminución de los amortiguadores de liquidez externa de Bolivia.

El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) Fernando Romero exigió a la Gobernación de La Paz la restitución de al menos 45 ítems para ese sector.

Explicó que las autoridades de salud dispusieron de esa cantidad de plazas en desmedro de los pacientes de diferentes especialidades.

“Hay 45 ítems acéfalos por renuncia o fallecimiento de colegas. ¿Dónde están esos ítems que son del sistema de salud y urgentes para nosotros?”, reclamó Romero en contacto con La Razón.

Asimismo, apuntó sobre la situación al director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Prisley Rivero, a quien llamó “el todopoderoso de los ítems”, como el responsable de que algunas especialidades no tengan personal para atención.

“Centenares de personas, hoy día, no están siendo atendidas porque hemos tenido que cerrar servicios por una política que usted, en forma irresponsable, está aplicando”, cuestionó.

«No es de ahora»

Dijo que esa exigencia “no es de ahora” y que ya se mandaron al menos 20 cartas a las autoridades departamentales para que atiendan esa solicitud, pero “no se tuvo una respuesta”.

Señaló, por ejemplo, que la unidad de Ecografía del Hospital de la Mujer, en el horario de la tarde, no cuenta con un especialista asignado, y que eso genera un perjuicio de al menos 400 estudios al mes.

Lo mismo pasa “en la Unidad de Cardiología del hospital La Paz; la farmacia del Hospital del Niño, en (el turno de) la noche; en Emergencias del del Hospital de Clínicas. Son infinidad de servicios que están afectados a su suerte”, reclamó.

Anunció que su organización seguirá movilizada. “Vamos estar marchando en las calles, vamos a instalar una huelga de hambre, a crucificarnos, y, si es necesario vamos cosernos los labios”.

Además, pidió que el Sedes de La Paz “pare la masacre de tantos despidos en el sistema de salud”. “Nos estamos sumando al pedido de renuncia y revocatorio del gobernador Santos Quispe”, adelantó.