La Fiscalía requirió información al Segip (Servicio General de Identificación Personal) y al Serecí (Servicio de Registro Cívico) para conocer los domicilios del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera, luego que el gobernador Luis Fernando Camacho solicitó que testifiquen en el caso Golpe de Estado I.

“En relación a los testigos ofrecidos se emita requerimiento al SEGIP y SERECI a efectos de conocer los domicilios de las personas seriatadas y considerara la solicitud del impetrante” (sic), señala el documento, según una publicación de la red Unitel.

Camacho

La petición fue firmada por el fiscal del caso Omar Mejillones, el 13 de marzo.  El requerimiento también incluye al exministro de Gobierno Carlos Romero.

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La pasada semana, el abogado Martín Camacho explicó que las tres exautoridades deberán hacer varias aclaraciones en ese caso.

Por ejemplo, el hecho de “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

Fiscalía

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

El gobernador cruceño guarda detención preventiva en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Esta acción se asumió luego que fue imputado por el delito de terrorismo, por el caso Golpe de Estado I.

Evo Morales

El caso investiga la supuesta comisión del delito de terrorismo.

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez. La opositora fue posesionada como presidenta transitoria, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

García Linera

Áñez se había proclamado, primero, presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y posteriormente como mandataria, en sendos actos en la Asamblea Legislativa. Según la Fiscalía, no respetó el reglamento del Senado.

En el marco de ese proceso, también figuran otras exautoridades, como los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra. Ellos fueron parte de la administración de Áñez entre 2019 y 2020.

En medio de medidas de presión en Potosí, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la industrialización de litio es un “proceso transparente”, en el marco de la soberanía.

“Es un proceso transparente y, sobre todo, con toda la responsabilidad que amerita para nuestro país y el departamento de Potosí. Es un proceso transparente, que lo ha llevado Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)”, dijo la autoridad.

“Vamos a entrar en la era de la industrialización con la implementación de estas dos plantas (Uyuni y Coipasa) y el Gobierno tiene tuición, participación y soberanía en todo el proceso de producción y comercialización del litio”, agregó.

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En enero, YLB firmó un convenio con la empresa China CATL BRUNP & CMOC (CBC) para construir dos plantas industriales con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio) en los salares de Uyuni y Coipasa.-

La primera está ubicada en el departamento de Potosí y la segundo, en Oruro. En ambas se invertirá $us 1.083 millones.

Al respecto, Alcón informó que se está socializando las características del modelo boliviano para la industrialización.

Potosí

De acuerdo con información oficial, en el primer semestre de este año el consorcio chino trabajará en el diseño e ingeniería de las plantas. Cada una tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas.

Se prevé la conclusión de las obras para finales de 2024, por lo que las operaciones iniciarían durante el primer semestre de 2025.

La información de la viceministra se registra en momentos que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) llevó a cabo medidas de presión en ese departamento, para que se apruebe un proyecto de ley del litio, consensuado.

Este jueves, la presidenta del Comcipo, Roxana Graz, dijo que Potosí no se opone a la industrialización del litio, pero exigen información transparente sobre el proyecto normativo.

Alcón

Aseguró, además, que no se cierran a sentarse a dialogar con el Gobierno.

“Hemos pedido con documentación, con cartas, resoluciones y no nos informan nada, no conocemos nada”, lamentó durante una entrevista en La Razón Radio.

“Le hemos pedido que vengan a explicarnos el proyecto de ley y no vienen, nos responden que están ocupado con otras prioridades. No hay voluntad”, añadió.

Graz recordó que entre los principales pedidos de Comcipo están un directorio que esté por encima de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Además, que esté conformado por representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí y de las regiones productoras.

Asimismo, un comité científico conformado por profesionales que lleguen al cargo con meritocracia.

Litio

Entre el lunes y miércoles se llevó a cabo en Potosí un paro de 72 hora reclamando la aprobación de una ley de recursos evaporíticos.

Tras esa medida, Graz anunció que el 23 de marzo se reunirá el Consejo Consultivo para definir los pasos a seguir.

“El 23 de marzo tenemos un Consejo Consultivo, ahí deben venir nuestros representantes nacionales, senadores, diputados, a informar qué es lo que está sucediendo. A partir de eso se definirá si iniciamos con movilizaciones”, explicó.

La Dirección General Régimen Penitenciario garantizó que el exdirigente cocalero Cesar Apaza recibirá la debida atención médica en Chonchocoro. Retornó al penal tras el alta del Hospital de Clínicas. La Defensoría del Pueblo espera el informe médico.

“Correspondía a la administración penitenciaria devolverlo al centro penitenciario». «Porque él está con una detención preventiva, en el Penal de Chonchocoro”, informó el director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Informe

En ese marco, garantizó que en el penal recibirá “la respectiva atención médica”. Ratificó que no hubo “atropellos” en la determinación de devolverlo a esa cárcel.

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“En ningún momento, desde que el privado de libertad ha estado en el Hospital de Clínicas, hubo un atropello. (Se realizó) todos los análisis y estudios que ha solicitado la familia”, afirmó.

“Una junta médica que se ha realizado el día de ayer, en la mañana, ha determinado a través de los médicos individuales dar la alta médica”, remarcó Limpias.

Régimen Penitenciario

En tanto, Miriam Apaza, hermana del dirigente cocalero, afirmó que el privado de libertad no puede desarrollar sus actividades por sí solo. Dijo que en su traslado se vulneró sus derechos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo envió una delegación a Chonchocoro para las verificaciones correspondientes. Aguarda el informe de la junta médica para conocer el estado de salud actual de Apaza.

Defensoría

“Si el médico que lo atendió o la junta médica establece que el señor Apaza necesita estar en un hospital internado». «Nosotros vamos a accionar lo que corresponde”, informó Francisco Rodríguez, coordinador defensorial de La Paz.

El jueves, la abogada Evelyn Cossío denunció que Apaza fue trasladado al penal de Chonchocoro, a pesar que su estado de salud aún es delicado.

“Fue de forma sorpresiva. Bomberos y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegaron al Hospital de Clínicas». «Lo trasladaron a Chonchocoro de forma abusiva y sin presentar justificativo”, denunció a los periodistas.

Apaza, procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen (8 de septiembre de 2022). Fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Apaza

Pero en noviembre se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El 15 de febrero fue hospitalizado de emergencia en el hospital de Clínicas debido a una embolia que le paralizó medio cuerpo.

Días después, su defensa legal solicitó la cesación de la detención preventiva.

El diputado Héctor Arce (MAS) confirmó que asistirá a la citación que le hizo la Fiscalía, por un presunto caso de corrupción, denunciado por su colega, el diputado “renovador” Rolando Enríquez Cuéllar, afín al presidente Luis Arce.

“No tenemos nada que esconder (…). Nos vamos a presentar a las 14.30, en la Fiscalía La Paz, para prestar la respectiva declaración. Vamos a asumir defensa, en el marco de nuestros derechos y garantías”, confirmó Arce a La Razón.

El Ministerio Público imputó a Arce, afín al expresidente Evo Morales, por supuesta corrupción. Deberá comparecer en oficinas del Ministerio Público de la sede de gobierno.

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Este jueves, personal de la Fiscalía dejó un cedulón en la puerta de la oficina del legislador.

“Se le advierte que, en caso de desobediencia, se expedirá mandamiento de aprehensión”, señala parte del documento emitido por la Fiscalía.

En febrero, Enríquez Cuellar denunció a Arce por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cuando fungió como alcalde de Omereque, Cochabamba.

Arce

Se trata de “un proyecto de siete millones de bolivianos, que este delincuente de Héctor Arce ha desfalcado. Este señor ha puesto material de quinta y no de primera”, denunció Enríquez Cuellar.

“Los comunarios han terminado poniendo medio millón de bolivianos para terminar este proyecto del canal de riego, una obra fantasma”, agregó.

Según el diputado “renovador”, tres comunidades de ese municipio fueron afectadas por esa irregularidad.

En ese marco, Enríquez pidió la intervención del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), la Contraloría General y el Ministerio de Justicia para fiscalizar esos proyectos.

Citación

Enríquez Cuellar denunció también la ejecución de una represa, por Bs 160 millones, proyecto que “hasta ahora no ha empezado”. “Es un proyecto millonario, hay un desfalco millonario al Estado”, enfatizó.

Al respecto, el diputado Arce negó esas acusaciones y afirmó que se trata de una “campaña de desprestigio”.

“En el fondo, lo que está buscando es acallar y amedrentar a quienes hacemos esa labor de fiscalización. Está buscando impunidad para esos corruptos que están en instituciones públicas, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, dijo.

Esta situación se suma a una serie de hechos que, desde 2022, ahondaron la crisis interna en el MAS.

Fiscalía

Desde entonces, se registró un escenario de división entre sectores sociales, legisladores y los principales representantes de esa fuerza política: el expresidente Morales y el mandatario Arce.

El debate de la Ley del Censo y la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE), entre otros temas, dejó más en evidencia las diferencias entre “renovadores” y “evistas”.

Este jueves, Fernando Huanacuni, excanciller y actual asesor de Evo Morales, negó la denuncia hecha por la opositora Comunidad Ciudadana (CC), respecto a que el expresidente viajó a los Yungas en un carro robado.

“Nos hemos transportado en esta movilidad varias veces con el compañero Evo Morales». «Por tanto, el vehículo no corresponde a las características expresadas por el diputado de Comunidad Ciudadana”, afirmó durante un contacto con los medios.

El miércoles, el diputado José Manuel Ormachea (CC) denunció que Morales, principal líder del MAS». «Usó un carro robado durante su viaje a los Yungas, el fin de semana.

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El legislador hizo esa denuncia en base a un video que circula en TikTok. Además, dijo haber contrastado los datos oficiales del vehículo con los del RUAT.

Ormachea afirmó que se trata de una vagoneta negra, marca Toyota Hilux Surf, con placa 2173-DHY.

El carro fue filmado por varios medios pues era parte de una caravana de tres vehículos que fueron impedidos de ingresar a La Asunta, como una forma de rechazo al expresidente Morales.

Morales

En esas circunstancias, lo acusaron por promover una división en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.

Sin embargo, Huanacuni explicó que la vagoneta que usó el expresidente es de marca Mitsubishi Outlander, y no así un motorizado con las características que denunció el legislador opositor.

Carro

El exministro, además, dijo que el vehículo en el que se transportó Morales es el mismo que lo llevó a Perú, donde recibió un Honoris Causa de la Universidad de Puno, en noviembre de 2022.

Legisladores y dirigentes afines a Morales descartaron la denuncia de Ormachea y consideraron que se trata de un “ataque político” en contra del expresidente.

Robado

Más temprano, en declaraciones a radio Panamericana, Huanacuni afirmó que el vehículo pertenece a un ciudadano cuyas siglas son M. P., militante afín al expresidente.