El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el debido proceso en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho y anunció que éste se reunirá con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen los gobiernos de facto; estamos invitando a la CIDH, en su máxima instancia, a que venga a reunirse, entre otros, con el gobernador Camacho”, remarcó la autoridad.

De forma recurrente, Camacho y el equipo jurídico que lo defiende denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos en el penal de Chonchocoro de La Paz, donde cumple detención preventiva por el caso Golpe de Estado I.

A fines de 2022, el gobernador cruceño fue imputado por el delito de terrorismo y luego fue encarcelado en la cárcel paceña.

CASO.

Incluso, acusaron al Gobierno de actuar de manera “dictatorial” y no descartaron acudir a entidades internacionales para reclamar atención en favor del gobernador Camacho y de otras personas, a quienes denominaron como “presos políticos”.

“Nosotros estamos conscientes de que aquí hay un debido proceso; por eso todos los reclamos que se le hacen a la CIDH no tienen una negativa de Bolivia a hablar del tema”, subrayó el Ministro de Justicia a los medios.

Aseguró que una comisión de ese organismo internacional llegará al país a reunirse con los privados de libertad de todos los recintos carcelarios, y afirmó que el Gobierno brindará la información que se requiera.

“No vamos a ocultar ninguna información; nuestra posición es que en el caso Camacho y en todos los casos en el país se respete el debido proceso. Por eso tenemos apertura amplia a todo el escrutinio internacional”, dijo Lima.

El caso Camacho tuvo diferentes matices; desde la aprehensión de la autoridad en Santa Cruz, el 28 de diciembre de 2022, y la detención preventiva dispuesta por la Justicia, dos días después.

Sus correligionarios y simpatizantes advirtieron, primero, una vulneración de sus derechos. Justificaron eso con el “gran operativo” que se ejecutó al momento de su aprehensión y la “violencia” de los miembros de la Policía.

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Pero luego denunciaron una supuesta vulneración de sus derechos políticos en su condición de gobernador; ejerce ese cargo desde Chonchocoro, pese a existir la figura de suplencia por ausencia de la autoridad. Ese cargo, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debiera ser asumido por el vicegobernador Mario Aguilera.

Una de las principales exigencias de Camacho y su equipo de defensa fue su derecho a la salud, debido a la enfermedad que padece el otrora líder cívico cruceño.

Pese a que le negaron la internación en un centro de salud externo al penal de Chonchocoro, las autoridades carcelarias instalaron una habitación que cuenta con el equipo “necesario” para la atención de esa enfermedad. 

El presidente Luis Arce prevé la meta de erradicación de 10.000 hectáreas de cultivos de coca ilegal este 2023. El anuncio lo hizo en la inauguración de las tareas de erradicación de la hoja de coca excedentaria en Cochabamba.

“Hoy nos volvemos a poner como meta (la erradicación), para la gestión 2023, estas 10.000 hectáreas excedentarias de hoja de coca”, señaló el mandatario.

Recordó que en 2021 y 2022, las metas planteadas eran de 9.000 y 10.000 hectáreas de cultivo excedentario, respectivamente, y que en ambos casos “se superaron las expectativas”.

Arce destacó el trabajo de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que se encargan de esas tareas en las dos zonas productoras de coca, previstas en la Ley 906 General de la Coca.

Dicha normativa limita hasta 22.000 hectáreas los cultivos, de las cuales 14.300 se encuentra en los Yungas de La Paz y 7.700, en el trópico de Cochabamba.

“Bolivia es un país comprometido contra el narcotráfico, pero es una tarea de todos los países y todo el mundo debe estar poniéndose metas para la lucha de la erradicación de la hoja excedentaria”, apuntó Arce.

Pero, de forma paralela a la erradicación de los cultivos excedentarios, el Gobierno impulsa la “desclasificación” de la hoja de coca en la lista de estupefacientes de la Convención de Viena de 1961. Lo que se busca, según el mandatario, “es la libre comercialización de nuestra hoja de coca y sus derivados”.

Por su parte, en el mismo acto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, comparó los alcances de la erradicación de los cultivos excedentarios de coca con países como Perú y Colombia.

ESTABLES.

“Mientras otros países crecen en sus cultivos, en nuestro país se mantienen estables, e incluso se reducen”, dijo.

Remarcó que las organizaciones implicadas en la producción de coca, como el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) también serán parte de las acciones de erradicación.

“El camino nunca será la represión- persecución y, mucho menos, la violencia para erradicar estos elementos”, apuntó.

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) estableció que los cultivos de coca en Bolivia crecieron en un 4% entre 2020 (29.400 hectáreas) y 2021 (30.500 hectáreas).

La viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, recomendó “no viajar a Perú” debido a los conflictos políticos y sociales que comenzaron el 7 de diciembre.

“Nuestra recomendación es que no viajen por el momento al Perú, por esta situación”, dijo en una entrevista con los medios estatales.

Hasta el sábado se conoció de 21 connacionales que fueron atendidos por la Embajada de Bolivia en ese país, pero ayer domingo aclaró que la cifra ya llegó a “más de 30”.

También dijo que se está atendiendo las solicitudes de los transportistas que se vieron perjudicados, aunque señaló que muchos lugares “son inaccesibles” por los bloqueos.

“Hay lugares que por más que quisiéramos llegar no hay condiciones; los bloqueos están llenos de tierra y arena, ahí lo que estamos haciendo es una asistencia por teléfono”, explicó la autoridad.

La Cancillería, en coordinación con la Embajada de Bolivia en ese país y los consulados en Tacna, Cusco, Ilo, Puno, Lima, implementó un plan de ayuda para que los más de 6.000 bolivianos que residen en el vecino país estén seguros.

Explicó que los gobiernos de otros países como Chile, España, Francia y Argentina también pidieron a sus ciudadanos no viajar a Perú.

Los conflictos en Perú comenzaron el pasado 7 de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo decidió cerrar temporalmente el Congreso. Horas después, el Congreso lo destituyó del cargo.

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El embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, consideró que el rol del Movimiento Al Socialismo (MAS) “sigue siendo importante para el Estado”.

El diplomático habló sobre los perfiles del MAS para las elecciones de 2025 y consideró que nuevas generaciones aportarán con su “propia visión renovadora”.

“El rol del MAS todavía es necesario por un tiempo, ya vendrán nuevas generaciones que tengan su propia estructura política, su propia visión renovadora y nos reemplazarán”, señaló en una entrevista con el programa Piedra Papel y Tinta, de La Razón.

Dijo que la estabilidad del partido de Gobierno, “es la estabilidad del Estado”.

“El MAS es un partido de Estado (…); lo que pasa en el MAS estabiliza o desestabiliza el Estado también”.

Consideró que, pese a los constantes desencuentros de los mismos miembros de su partido, “no hay división” en esa fuerza política.

Dijo que en el MAS existen dos liderazgos “con gran aceptación”, aunque no precisó los nombres, y que ambos pueden ser la opción presidenciable para 2025.

“A medida que se acerque la época electoral va ir dejando a uno con más posibilidades que otros”, consideró.

Sin embargo, recordó que “existen las (elecciones) primarias” y que los dos liderazgos pueden “ganarse el uno al otro” o ·pueden conformar un binomio”.

Entre tanto, los cuestionamientos entre miembros del partido oficialista cobraron fuerza desde la elección de Jerjes Mercado como titular de la Cámara de Diputados.

Otro hecho que advirtió esa “división interna” fue la recientemente aprobada Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo.

Incluso, Morales calificó como “traición” la aprobación de esa norma, justificando que “fue pactada con la derecha”.

Pese a todo este panorama, Michel ve con optimismo el futuro del MAS e insiste en que no se puede hablar de una división.

El mercado denominado “paralelo” de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), presidida por Arnold Alanes, reabrió ayer sus puertas para comercializar ese producto.

Pasaron cuatro semanas de la toma y destrucción violenta de ese centro de abasto.

“Hemos podido ver la venta de la coca con normalidad en la calle, pero nuevamente mis hermanos cocaleros estaban expuestos ante las inclemencias del tiempo», dijo el dirigente Arnold Alanes a La Razón.

«Hemos reabierto (el mercado de Villa el Carmen) para dar comodidad a mis hermanos”, agregó

Ese edificio había sido tomado e incendiado por los cocaleros afines a Freddy Machicado, quien cumple una detención preventiva en el penal de San Pedro, acusado de liderar y provocar los daños a esa infraestructura.

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ÚNICO

Justamente, la facción de Machicado acusa de “ilegal” ese predio y defiende como “único y legítimo” al mercado de la calle Arapata, en Villa Fátima.

Alanes denunció que, durante la toma, aparte de las agresiones a dirigentes, mujeres, periodistas, e incluso niños, los afines a Machicado “se llevaron puertas, taques de coca y otros materiales” valuados en “Bs 3 millones”.

El conflicto cocalero alcanzó la cima de la tensión cuando el bloque de Machicado tomó por la fuerza ese edificio, ante duros cuestionamientos por las agresiones cometidas en la intervención.

Machicado y sus seguidores denuncian la “ilegalidad” del mercado de Villa El Carmen,

“Vamos a remodelar y refaccionar, pintar, hay ambientes muy dañados y vamos a exigir garantías”, complementó Alanes.

BLOQUES

Alanes y Machicado se arrogan la dirigencia legal y legítima de Adepcoca, lo que generó enfrentamientos entre los dos bloques yungueños.

Ante esa crisis, Alanes abrió su propio mercado de coca, en Villa El Carmen, con el argumento de que Ley General de la Coca.

Aunque dicha norma no especifica la zona dónde debe funcionar dicho centro comercial.

No obstante, Machicado sostiene que el único centro de abasto es el que está en Villa Fátima, por lo que propició una serie de movilizaciones por más de seis semanas en las que se destacó el uso de dinamita.

En consecuencia, se inició un proceso penal contra el dirigente y se dispuso su detención preventiva, por seis meses.

Desde el Gobierno central calificaron esas movilizaciones como “políticas” y varias autoridades aseguraron que se busca la desestabilización de Luis Arce Catacora y su administración.

Defendieron esa idea por la coincidencia con las protestas del movimiento cívico cruceño en contra del Censo en 2024.