En medio de la crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, se reúnen este sábado para participar del noveno congreso departamental del partido gobernante.

El evento se instaló la tarde de este sábado en la localidad de Yapacani, donde el MAS-IPSP elegirá a su nuevo directorio. El congreso se prolongará hasta el domingo.

El encuentro de Arce y Morales se da tras varias polémicas entre “evistas” y “arcistas”, que en las últimas semanas se vieron enfrentados por varios temas.

Además de Arce y Evo, participan otras autoridades como el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el presidente de Diputados, Jerges Mercado.

Hasta el viernes, la zona de Yapacani se encontraba bloqueada por pobladores que exigen la construcción de una carretera; sin embargo, ante la llegada de las autoridades del MAS-IPSP, levantaron la medida.

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Lado a lado

Arce y Morales se sentaron lado a lado; sin embargo, llamó la atención el frío saludo de manos que se dieron ambas autoridades. Lo contrario ocurrió con Rodríguez y Mercado, a quienes Arce saludó efusivamente.

Durante las intervenciones resaltaron los llamados de unidad y respeto hacia el bloque oriente del partido, tal y como lo exteriorizó la dirigente de la federación de las Bartolinas, Felipa Montenegro.

El MAS atraviesa uno de sus momentos más delicados como partido político.

Ello debido a las graves fisuras ocasionadas entre los llamados “renovadores”, de la línea “arcista”, y “radicales”, de la “evista”.

Acusaciones de traición, espionaje y de desconocimiento a los principios del MAS se han vuelto recurrentes en el lado de los “evistas”, que no frenan ataques al gobierno de Arce.

Al otro lado, los “arcistas” responden que los “evistas” mandan a golpear partidarios y tienden a desestabilizar al Gobierno.

El Ministerio Público analiza si citará al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García por el caso Golpe de Estado I.

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, descartó que se haya convocado a las exautoridades, ya que la comisión de fiscales evalúa si es necesario o no citarlos.

“En ningún momento la Fiscalía ha señalado que los iba a convocar a estas dos exautoridades. Por el contrario, lo que tenemos que ver con la comisión es si es pertinente o no su declaración. Es una atribución que la ley establece y que los fiscales tienen que valorar en su debido momento”, dijo a la red ATB.

El abogado Martín Camacho, que patrocina al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, indicó, la pasada semana, que se solicitará a la Fiscalía, que Evo Morales, Álvaro García, Carlos Romero, entre otras exautoridades declaren como testigos en el caso Golpe I.

Alave explicó que la Fiscalía requirió información al Servicio General de Identificación Personal (Segip) y Servicio de Registro Cívico (Serecí) para conocer los domicilios del expresidente Morales y del exvicepresidente García.

La petición fue firmada por el fiscal del caso Omar Mejillones, el lunes 13 de marzo.

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Evo

Por tanto descartó que se los haya citado para que declaren como se conoció por parte de algunos “opositores”.

“Estamos haciendo un análisis de qué temas, los más urgentes, porque sabemos que contamos con muy poco tiempo para la investigación y en eso también estamos apresurados. La comisión de fiscales en ningún momento ha visto pertinente esto como algo que puede apremiarse”, indicó.

La pasada semana, el abogado Martín Camacho explicó que las tres exautoridades deberán hacer varias aclaraciones en ese caso. Por ejemplo, el hecho de “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

El gobernador cruceño guarda detención preventiva en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Esta acción se asumió luego que fue imputado por el delito de terrorismo, por el caso Golpe de Estado I.

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez. La opositora fue posesionada como presidenta transitoria, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

El presidente Luis Arce informó que sostuvo una comunicación telefónica con su par de Rusia, Vladimir Putin, y que en ella afianzaron su amistad y abordaron asuntos sobre economía, salud y tecnología, entre otros.

“Sostuvimos una importante conversación telefónica con el presidente de #Rusia, Vladímir Putin, con quien reafirmamos nuestras buenas relaciones de amistad y cooperación en lo comercial, económico, energético, educativo, ciencia y tecnología para el desarrollo de nuestros pueblos” (sic), escribió ayer el mandatario en su cuenta de Twitter.

La conversación entre ambos presidentes sucede a la declaración de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, la semana pasada, cuando, el expresar su preocupación de su país sobre el “triángulo del litio”, aludió a China, como en julio de 2022 a Rusia.

“Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios”, dijo la funcionaria y señaló que “se aprovechan de ello aparentando que están invirtiendo cuando, en realidad, están extrayendo”.

Esas declaraciones tuvieron su respuesta inmediata por parte del Gobierno boliviano. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, manifestó que se trata de “intereses foráneos” en el litio.

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El contacto telefónico entre Arce y Putin se registró antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) pidiera la captura del presidente ruso, acusado por “crímenes de guerra” en Ucrania. Rusia, en respuesta, denunció que se trata de una decisión “carente de sentido”.

El tribunal no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, pues Rusia no es miembro de la CPI. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso, desde un punto de vista jurídico”, escribió la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania comenzó la madrugada del 24 de febrero de 2022. Desde entonces, se contaron miles de decesos, entre personal civil y militares, de ambos países.

El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el debido proceso en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho y anunció que éste se reunirá con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen los gobiernos de facto; estamos invitando a la CIDH, en su máxima instancia, a que venga a reunirse, entre otros, con el gobernador Camacho”, remarcó la autoridad.

De forma recurrente, Camacho y el equipo jurídico que lo defiende denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos en el penal de Chonchocoro de La Paz, donde cumple detención preventiva por el caso Golpe de Estado I.

A fines de 2022, el gobernador cruceño fue imputado por el delito de terrorismo y luego fue encarcelado en la cárcel paceña.

CASO.

Incluso, acusaron al Gobierno de actuar de manera “dictatorial” y no descartaron acudir a entidades internacionales para reclamar atención en favor del gobernador Camacho y de otras personas, a quienes denominaron como “presos políticos”.

“Nosotros estamos conscientes de que aquí hay un debido proceso; por eso todos los reclamos que se le hacen a la CIDH no tienen una negativa de Bolivia a hablar del tema”, subrayó el Ministro de Justicia a los medios.

Aseguró que una comisión de ese organismo internacional llegará al país a reunirse con los privados de libertad de todos los recintos carcelarios, y afirmó que el Gobierno brindará la información que se requiera.

“No vamos a ocultar ninguna información; nuestra posición es que en el caso Camacho y en todos los casos en el país se respete el debido proceso. Por eso tenemos apertura amplia a todo el escrutinio internacional”, dijo Lima.

El caso Camacho tuvo diferentes matices; desde la aprehensión de la autoridad en Santa Cruz, el 28 de diciembre de 2022, y la detención preventiva dispuesta por la Justicia, dos días después.

Sus correligionarios y simpatizantes advirtieron, primero, una vulneración de sus derechos. Justificaron eso con el “gran operativo” que se ejecutó al momento de su aprehensión y la “violencia” de los miembros de la Policía.

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Pero luego denunciaron una supuesta vulneración de sus derechos políticos en su condición de gobernador; ejerce ese cargo desde Chonchocoro, pese a existir la figura de suplencia por ausencia de la autoridad. Ese cargo, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, debiera ser asumido por el vicegobernador Mario Aguilera.

Una de las principales exigencias de Camacho y su equipo de defensa fue su derecho a la salud, debido a la enfermedad que padece el otrora líder cívico cruceño.

Pese a que le negaron la internación en un centro de salud externo al penal de Chonchocoro, las autoridades carcelarias instalaron una habitación que cuenta con el equipo “necesario” para la atención de esa enfermedad. 

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este viernes una acción de libertad en favor del dirigente cocalero César Apaza. El fin es resguardar su “derecho a la vida y la salud”

La audiencia se realizará este sábado 18 de marzo, a las 11.00, vía virtual, señala una nota de prensa de esa entidad.

Este recurso judicial se gestionó luego que Apaza fue llevado de nuevo al penal de Chonchocoro. Después que se le dio de alta del Hospital de Clínicas, luego que sufrió una embolia en febrero.

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El defensor del Pueblo, a través de una comisión defensorial, realiza un seguimiento permanente a la situación jurídica. Además verifica el estado de salud de Apaza, desde el momento de su aprehensión en septiembre del 2022.

Asimismo, hace seguimiento a su situación clínica desde el 15 de febrero, cuando fue hospitalizado.

El jueves pasado, cuando Apaza fue retornado del centro hospitalario de La Paz al penal de Chonchocoro, situado en el municipio de Viacha, la comisión defensorial evidenció que sus signos vitales son estables.

Defensor del Pueblo

Pero todavía presenta signos de parálisis parcial en sus extremidades y “trastorno de adaptación”, por lo que continúa con la medicación con antibióticos y antihipertensivos, señala el comunicado.

La acción de libertad fue interpuesta por el defensor del Pueblo, en contra de Natalio Sillerico Blatnik, director del Recinto Penitenciario de Chonchocoro, y fue asignado el Juzgado de Sentencia de Violencia contra la Mujer.

Acción de libertad

“La Defensoría del Pueblo advierte que Apaza se encuentra bajo la protección del Estado, que es el único garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, precisa el boletín.

“Por tanto, tiene la obligación de garantizar la vida, integridad y salud de quienes están bajo su custodia en los centros penitenciarios del país”, agrega el documento.

Apaza

Apaza fue procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen (8 de septiembre de 2022). Luego, fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Sin embargo, en noviembre del año pasado se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.