Tras el anuncio del alza salarial de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año) o que se pague en seis cuotas mensuales.

Asimismo, propuso que el pago de los finiquitos ante posibles “desvinculaciones emergentes” del aumento, puedan ser cancelados en 12 cuotas mensuales.

Ascarrunz lamentó que el Gobierno no haya tomado en cuenta al sector empresarial para asumir la medida; y pidió implementar una plataforma de diálogo permanente. Pese a estar en contra del alza, anunció que acatarán el instructivo.

“Consideramos (que) la decisión de incremento salarial está más allá de las posibilidades reales de los agentes económicos. El período de bonanza por el que atravesó el país, gracias a las exportaciones de hidrocarburos; ha terminado y nos enfrentamos a un futuro incierto”, dijo este miércoles, en conferencia de prensa.

El presidente de la CNC remarcó que las empresas formales hacen grandes esfuerzos para evitar aumentos en los precios, mantener abastecidos los mercados y conservar el empleo a pesar de la escasez de divisas.

Asimismo, recordó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al tercer trimestre del año pasado la economía creció 2,3%; lo que “guarda relación con un periodo de desaceleración”.

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Alza salarial

Ascarrunz considera que el incremento salarial contribuirá a ampliar el déficit fiscal y ampliará los desequilibrios macroeconómicos.

“El aumento salarial también resta competitividad a nuestras exportaciones, pues hacen más costosa la producción nacional”, complementó, recordando que al primer bimestre de 2024 las exportaciones cayeron en 23%, en relación al mismo período del pasado año.

Aparte, remarcó que el salario mínimo (Bs 2.500 para este año) tiene un efecto multiplicador porque es la base para otros costos; por lo que el alza real será mayor para el sector empresarial.

“El salario mínimo nacional ya está en un promedio latinoamericano, ya no es de los más bajos, sino de la mitad para arriba. Nos toca acatar, cumplimos con la ley a pesar que no estamos de acuerdo”.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento de 5,85% al salario mínimo nacional y de 3% al salario básico.

Varios sectores empresariales y privados manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que provocará el cierre de fábricas y/o el despido de trabajadores.

La aplicación de un plan de contingencia que incluye la reingeniería total del proyecto, permitió poner en marcha la Planta Industrial de Carbonato de Litio, luego de que se identificaran irregularidades técnicas, informó este lunes el gerente de Ingeniería, Investigación y Proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Salvador Beltrán.

“Desde hace dos años se trabajó en un plan de contingencia para que el proyecto no quede parado. Hemos recuperado dos líneas de producción para piscinas, hemos logrado terminar la Planta y la estamos operando con la reingeniería utilizando la Planta Piloto con la que estamos trabajando en este momento”, dijo.

Beltrán explicó que el proceso de reingeniería tomó la experiencia de trabajo en la Planta Piloto, que nació como un proyecto de investigación, operaba con las características de la salmuera del Salar de Uyuni y contaba con un proceso estable de producción.

El plan contempló también la reimpermeabilización de piscinas para habilitar tres de las 12 líneas de producción, tareas que fueron ejecutadas por el propio personal de YLB, luego de recibir capacitación en el exterior, reduciendo costos para la empresa que contrataba en años anteriores a privados para esa labor. 

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Planta Industrial de Carbonato de Litio

YLB había identificado deficiencias técnicas en el proyecto de la Planta Industrial de Carbonato de Litio desde su diseño, no contemplaba la puesta en marcha, ni la provisión de agua de proceso, además, 18 piscinas industriales de evaporación, que proveen la materia prima, quedaron inoperables a causa de un mal manejo, según una auditoría.

Al respecto, la presidenta de YLB, Karla Calderón, junto a la Procuraduría General del Estado, presentó una denuncia, la semana pasada, en contra de exfuncionarios de la estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato que dejaron inoperables a 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial.

La denuncia es el resultado de un proceso de auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones.

La Planta Industrial de Carbonato de Litio puesta en marcha en diciembre de 2023, se encuentra en un proceso de estabilización hasta alcanzar la máxima capacidad de producción. Empero, las autoridades garantizaron una producción inicial de 3.000 toneladas para esta gestión.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) inaugurará en los próximos días un supermercado en el municipio de Mecapaca, en el departamento de La Paz, informó este viernes el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

Durante el primer Ampliado Ordinario Provincial de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígena Originario Campesino Tupac Katari; la autoridad destacó que el supermercado de Emapa ofertará productos nacionales con precio y peso justo.

“Ustedes tienen derecho a tener un supermercado con todos los productos nacionales; vamos a instalar una tienda donde podrán adquirir arroz y afrecho”, anunció.

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La autoridad destacó que el municipio de Mecapaca tiene un gran potencial agrícola y ganadero.

Emapa cuenta en todo el país con una red de unos 90 supermercados; donde se comercializan alimentos con el sello Hecho en Bolivia en apoyo a más de 280 unidades productivas de la micro, pequeña y mediana empresa.

Además, la empresa estatal fortalece el apoyo productivo a pequeños y medianos agricultores mediante la provisión de insumos, como semilla certificada, fertilizantes, defensivos agrícolas, combustible -diésel, entre otros, a 0% de interés.

La Aduana Nacional anunció este viernes la subasta electrónica de 3,5 toneladas de mercancía decomisada al contrabando o declarada en abandono, apta para uso o consumo.

La diversidad de productos incluye prendas de vestir, equipos médicos y electrónicos, repuestos para vehículos, juguetes y más. Por ejemplo, se subastan discos de embrague, seguros de batería, válvulas de escape, pernos y de eje de levas, entre repuestos para motorizados.

También se incluyen productos médicos como equipos para masajes, tubos de ensayo, tubos de extracción de sangre y concentradores de oxígeno; además, electrodomésticos como minilicuadoras, proyectores LED, secadoras de pelo, lámparas de lectura, mouse para juegos, termostatos, luminarias LED, enchufes y más.

Entre las prendas de vestir se subastan zapatillas, suelas, gafas protectoras, relojes de mano, mochilas, guantes, gorras, y entre otros productos.

La subasta electrónica es un mecanismo para ofertar mercancías decomisadas por contrabando o abandonadas, a través del portal oficial de subastas, según detalló Mirada.

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Aduana

El portal para las subastas es www.aduana.gob.bo/subasta. Los interesados deben registrarse como usuarios en el portal, posteriormente depositar una garantía de Bs 500 a través de UNINET o en una sucursal del Banco Unión al código de concepto de pago Nro. 300.

Una vez realizado el pago, el interesado podrá participar en la subasta mediante su usuario y contraseña, eligiendo del catálogo de lotes el que sea de su interés y registrando su oferta.

Miranda destacó que, conforme a las leyes, se realiza la subasta de mercancías sin precio base. Asimismo, los participantes podrán solicitar en cualquier momento del proceso de Subasta Pública vigente la devolución del depósito de garantía.

La subasta electrónica se realiza a nivel nacional y en la página de la Aduana se encuentran registrados a la fecha 2.673 lotes de diferentes productos, con un peso total de 82.819 kilogramos. Los interesados pueden participar desde cualquier punto del país.

En el caso del departamento de La Paz, las personas que deseen participar pueden acercarse a la plataforma de contacto ubicada en la oficina nacional, en la avenida 20 de Octubre 2038, entre Juan José Pérez y Aspiazu; y a las oficinas de la Aduana La Paz, ubicadas en El Alto Villa Bolivia, Av. 6 de Marzo S/N a 3 cuadras del cruce a Viacha y carretera a Oruro.

La Comisión de Economía Plural del Senado avaló este viernes el informe del proyecto de Ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) La Paz y cooperativas auríferas, y los remitió para su tratamiento en el pleno de esa Cámara.

Una vez sancionada por los senadores, la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El 9 de abril, la Cámara de Senadores había devuelto a Diputados el proyecto; argumentando que venció el plazo de 90 días para su tratamiento fijado por la ley minera.

Sin embargo, la Cámara de Diputados precisó, mediante una nota, que el plazo de 90 días se computa desde el tratamiento en la comisión, que comenzó el 25 de enero de este año.

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Contratos mineros

El 4 de abril, Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas; para que operen en las provincias Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz.

La sesión de este viernes de la comisión fue presidida por el senador Miguel Pérez, del Movimiento Al Socialismo (MAS); y participó además la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio.

Previo a la ejecución de cualquier actividad minera las cooperativas mineras deberán obtener la respectiva licencia ambiental. La senadora Requena (CC) dijo a La Razón que tras estos 19 contratos, hay otros 3.000 que ingresarán al Legislativo para su tratamiento.

Por mandato de la Constitución Política, la Ley 535 y la Ley 1333, los actores productivos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales; cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, por lo cual están obligados a prevenir, controlar; reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar las áreas explotadas.