Con una ofrenda floral comienzan los actos por los 144 años de la Defensa de Calama
Los actos estuvieron liderados por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, además de los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.
Una ofrenda floral marcó el inicio de los actos por el Día del Mar, en conmemoración de los 144 años de la Defensa de Calama. En el acto participaron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca; los acompañaron los titulares de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Jerges Mercado.
Instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, además de los ministerios, presentaron sus ofrendas a los pies del monumento a Eduardo Abaroa, héroe de la Guerra del Pacífico, en 1879.
Entre otras autoridades, el alcalde de La Paz, Iván Arias, también participó en los actos en la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi.
Luego, la iza de la bandera nacional estuvo a cargo del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca izó la wiphala. Mientras que una autoridad militar levantó la bandera de la reivindicación marítima.
Como cada año, el 23 marzo, se conmemora la defensa nacional de Calama y se preparan actos para su conmemoración en los nueve departamentos.
En la víspera, por ejemplo, se desarrolló el desfile cívico-militar, con la participación de diferentes unidades educativas, en la mañana, y en la tarde se realizó el traslado de cenizas de Eduardo Abaroa. Ese acto también contó con la participación de autoridades de Estado y militares.
El Día del Litoral fue instaurado con la ley del 25 de marzo de 1922 durante el gobierno de Bautista Saavedra.
Jueza dicta seis meses de prisión preventiva para sospechosos de envío de droga a España
Los investigados están imputados por la supuesta comisión de los delitos de confabulación y asociación delictuosa y cumplirán con detención preventiva en el penal de Palmasola.
Diego V. y Freddy C., imputados por la supuesta comisión de los delitos de confabulación y asociación delictuosa.
La jueza cautelar Livia Alarcón dictó detención preventiva para Diego V. y Freddy C. Ambos, supuestamente implicados en el envío de 478 kilos de cocaína a Madrid, España. Ambos funcionarios de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) deberán cumplir la medida cautelar por seis meses en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.
El 10 de febrero, en el aeropuerto de Viru Viru, los acusados rompieron los precintos de un contenedor para ingresar al avión, alquilado por la estatal, 12 cajas de cartón que contenían ladrillos de cocaína. Eso, según el registro de las cámaras de seguridad revisadas.
El hecho se conoció esta semana por información de la Agencia Tributaria y de Aduana de España; que reveló el hallazgo en el área de carga del vuelo del aeropuerto de Barajas, en Madrid.
El hecho derivó inmediatamente en una investigación. La fiscal Rocío Medrano, imputó a Diego V. y Freddy C. por la supuesta comisión de los delitos de confabulación y asociación delictuosa.
El caso fue declarado en reserva, a solicitud de los fiscales Fernando Mejía y la misma Medrano, por tratarse de una investigación delicada. Además, dijeron que citarán unas 20 personas, entre policías, funcionarios de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), personal del servicio de catering y otros.
En tanto, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la aprehensión de los investigados, aseguró que “no son las únicas personas involucradas” y que “las investigaciones a la cabeza del Ministerio Público continuarán”.
“Si existe personal policial, civil o de cualquier institución estatal involucrado en esto, tendrán que responder ante las instancias judiciales correspondientes”, advirtió en una publicación de Twitter.
La Fiscalía departamental de Santa Cruz emitió citaciones para 15 personas más, en calidad de denunciados, vinculadas en el escándalo por presuntos delitos financieros consumados en el intervenido Banco Fassil.
La información fue brindada al diario La Razón por la fiscal Carmen Guzmán, del equipo de fiscales que lleva la investigación que ya cuenta con cinco ejecutivos bajo detención preventiva.
“Tenemos personas que van a ser citadas, tanto denunciadas como testigos. Son 15 denunciados”, confirmó la fiscal Guzmán.
Aunque no precisó los nombres de los convocados, dijo que, “en el caso de los testigos, el número es variable”, porque deviene de las declaraciones de los precedentes. Ssin embargo, “hay cosas que están en reserva”.
LA RAZÓN trató de comunicarse con el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, para ampliar la información en relación a la continuidad del caso. “Nosotros no podemos brindar más información”, dijeron dos miembros de la comisión de fiscales que lleva ese proceso.
El caso por supuestas irregularidades en Fassil derivó de una denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), que reveló créditos, otorgados por la entidad, por un monto mayor a Bs 10 millones en favor de María Nicole B. S. A.
La joven de 18 años había declarado un ingreso mensual de Bs 10.000, pero dicho monto le permitía acceder a un préstamo de hasta Bs 60.700.
Desde entonces, las investigaciones del caso derivaron en la detención preventiva de cinco personas: el presidente del Banco Fassil, Ricardo M.; el gerente general, Jorge Ch.; Hermes H. S. C. y Hernán S. V. D., todos ejecutivos de la entidad intervenida. Finalmente, la gerente general del banco, Fassil Patricia S., fue sometida a la misma medida cautelar, luego de presentar su declaración ante la Fiscalía el 24 de mayo.
Todos ellos cumplirán 90 días de privación de libertad según dijo Guzmán, mientras son investigados por la presunta comisión de delitos financieros. En el caso de Ricardo M., la empresa Manzana 40, una de las señaladas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en un informe difundido por DTV, lo acusó por supuesta estafa de $us 13 millones.
Según la denuncia, Manzana 40 explica que en 2020 suscribió cinco contratos con la empresa Financial Group S. A., representada por Ricardo M, por la suma de $us 13 millones en calidad de préstamo. Pero la transacción figura como compra y venta de inmuebles de la firma con el fin de que pasen como activos de Fassil.
En ese sentido, los demandantes solicitaron la anotación preventiva de 73 bienes inmuebles a nombre de Financial Group S. A., representado por Ricardo M.
Precisamente, Santa Cruz Financial Group y las empresas que la componen fueron incluidas en la investigación por, supuestamente, beneficiarse de créditos de Banco Fassil.
“Las empresas que componen el grupo se dedican a actividades diversas como ser intermediación financiera, corretaje bursátil, asesoramiento de inversiones y seguros personales de vida y salud”, describe la página web de esa organización.
El 26 de abril, la Asfi nombró como interventor de esa entidad bancaria Carlos Colodro, fallecido la noche del 27 de mayo. Las investigaciones preliminares por su deceso, llevadas por fiscales y policías, determinó que se trata de un “suicidio”, así lo informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con base en informes periciales. Las indagaciones buscan esclarecer si el hecho fue o no inducido por terceros.
Entre los hechos más relevantes de los 32 días que Colodro dirigió la intervención, se realizó una compulsa. Nueve bancos del sistema financiero nacional se adjudicaron las diferentes carteras.
El banco Bisa, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Económico, Banco FIE, Banco Ganadero, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión y Banco Solidario se quedaron con los bienes activos y pasivos de intervenido Banco Fassil.
Concluido ese proceso, los ahorristas comenzaron a retirar su dinero desde el 22 de mayo, según las entidades a las que sus cuentas fueron derivadas.
Otra de las medidas asumidas por Colodro tuvo que ver con la monetización de los bienes de Banco Fassil para cumplir las obligaciones con los 4.560 trabajadores afectados por la intervención.
Inicialmente, el pago estaba previsto para el 29 de mayo, pero el deceso de Colodro lo frenó.
El 31 de mayo, el director de la Asfi, Reynaldo Yujra, posesionó al nuevo interventor de Fassil, Luis Gonzalo Araoz Leaño. “(Hay que) comenzar a realizar los pagos correspondientes’, le encomendó.
Así, el 2 de junio, se cumplió el pago de los salarios a los más de 4.500 trabajadores, pero hasta la intervención (26 de abril).
Pese a la premura de las elecciones judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aún no resuelve la acción que interpuso un diputado de oposición. El proceso se encuentra paralizado por cuya preselección de postulantes está paralizada desde el 28 de abril por un recurso.
Ese recurso abstracto de inconstitucionalidad contra el reglamento de convocatoria fue planteado por el legislador de Creemos Leonardo Ayala.
El procedimiento descrito en el artículo 76 del Código Procesal Constitucional, en su numeral I, señala que “admitida la acción, la Comisión de Admisión ordenará se ponga en conocimiento de la autoridad u Órgano emisor de la norma impugnada, para que en el plazo de quince días se apersone y presente el informe que corresponda (sic)”.
Mientras que el numeral II del mismo artículo establece que “con o sin informe se procederá inmediatamente al sorteo, debiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional emitir la sentencia correspondiente dentro de los cuarenta y cinco días siguientes”.
Actuales autoridades
Las actuales autoridades judiciales, según la norma vigente, concluyen con su mandato el 31 de diciembre de este año; por lo que el 3 de enero de 2024 deben estar posesionados los nuevos altos magistrados del país.
En ese afán, la Asamblea Legislativa sancionó Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección Judicial.
Con ella se acortan los tiempos para que la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplan sus tareas. El plazo de preselección de candidatos bajó de 80 a 60 días. Mientras que para el TSE es de 150 a 100 para la organización de las elecciones judiciales como tal.
Sin embargo, la vocal del TSE Dina Chuquimia consideró que, a pesar de la aprobación con rezago de la ley corta, hay tiempo aún para gestionar los comicios. “Todavía hay tiempos prudentes en los que el TSE puede trabajar. Se puede ejecutar un proceso electoral de alcance nacional (…). Lo que nos resta es ajustar el calendario electoral de un proceso electoral; podría realizarse en 100 días”, dijo la funcionaria en una entrevista con RTP.
Elecciones judiciales
No obstante, el abogado constitucionalista Israel Quino consideró que “así esté promulgada y publicada la de la denominada ‘ley corta’ (para las judiciales), no se garantizan las mismas, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional”.
“Hasta el 28 de junio, (el TCP) debiera emitir un pronunciamiento respecto de la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad, total o parcial, del reglamento de convocatoria hacia postulantes de las altas magistraturas del país”, dijo en entrevista con La Razón.
Añadió que la norma sancionada el jueves “solo genera estimaciones de tiempo; probabilidad de definir un proceso de preselección”, pues supedita la elaboración de un nuevo reglamento de convocatoria y del proceso a “consensos” que se debe alcanzar entre los miembros de las bancadas de oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa.
“El Legislativo tiene tres partidos políticos y siete fracciones. Comunidad Ciudadana (CC) está dividida en tres; los librepensantes, que votaron en contra de la censura del ministro de Justicia (Iván Lima; y quienes aprobaron la ‘ley del oro’ y el bloque antimasista”, señaló el jurista. Creemos tiene tres fracciones: camachistas, anticamachistas y ucesistas, y el MAS (Movimiento Al Socialismo), que está quebrado entre arcistas y evistas”, explicó Quino a este medio.
El Gobierno implementa un plan de prevención, control y combate de incendios
El viceministro Magín Herrera informó que, por el momento, no hay focos de calor ni incendios en el país, en el ingreso a la época seca del calendario agrícola.
Los incendios amenazan con extinguir especies vegetales en el país. Foto: DTV
El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, informó de un plan gubernamental de prevención, control y combate de incendios para este año. El fin es reducir los índices de daño ambiental.
Dicho plan prevé la coordinación de 153 actividades del Gobierno con los gobiernos departamentales y municipales de cada región. La mayoría de las acciones buscará la prevención de ese tipo de incendios.
“El Gobierno central cuenta con un plan estratégico de prevención, control, combate a los incendios y posevento, para remediar (los efectos) en los sitios que hubieran ocurrido incendios por provocación”, dijo Herrera a la Razón Radio.
En ese sentido, el funcionario señaló que entre 2019 y 2022 hubo una reducción de cerca de un millón de hectáreas afectadas por los incendios en todo el país.
“En 2019, era 5.300.000 (hectáreas de superficie quemada); en 2020 ha sido 5.200.000 aproximadamente; en 2021 hemos reducido bastante: 4.200.000 hectáreas, y en 2022 hemos registrado 4.200.000 hectáreas”, detalló.
Dijo que el origen del fuego que afectó a varias regiones fue la acción de “hombres y mujeres irresponsables”. Y relató que la mayoría es por quema de llantas; así lo evidenció en un recorrido en el que pudo observar “montoneras y montoneras” de llantas desechadas. “El fin de esto era poner combustible y provocar incendios”.
Recordó que cualquier incendio “genera pérdida de vida”. Además, dijo que debido a las partículas de ceniza que deriva en enfermedades respiratorias y hasta oculares.
“Las personas deberían tener una conducta amigable con su medio ambiente”, reflexionó.
Herrera informó que, por el momento, no hay focos de calor ni incendios en el país, en el ingreso a la época seca del calendario agrícola.
Vocal del TSE dice que ‘hay tiempos prudentes’ y calcula judiciales hasta fines de noviembre
“Lo que nos resta es ajustar el calendario electoral de los que implica un proceso electoral que podría realizarse en 100 días”, dijo la vocal del TSE Dina Chuquimia.
Dina Chuquimia explicó sobre los plazos para la renovación de directivas. Foto: Archivo
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia consideró este viernes que, luego de que el Senado sancionó el proyecto de Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección Judicial, hay tiempos prudentes para la realización de ese proceso.
Además, considerando la nueva norma reduce los plazos de preselección de candidatos, de 80 a 60 para la Asamblea Legislativa. Para el TSE es de 150 a 100 para la organización, calculó que el proceso puede terminar en noviembre de este año.
“Todavía hay tiempos prudentes en los que el TSE puede trabajar. Se puede ejecutar un proceso electoral de alcance nacional”, dijo la vocal electoral en una entrevista con RTP.
Tiempos del TSE
Recordó también que el Órgano Electoral pidió un plazo de al menos 120 días para la realización de las judiciales. Sin embargo, “asumo que estos 100 días (de plazo) que otorgan al TSE es para ejecutar un calendario electoral que vaya a culminar en la última semana del mes de noviembre”.
“Lo que nos resta es ajustar el calendario electoral de un proceso electoral que podría realizarse en 100 días”, agregó.
La norma sancionada por el Senado contiene cinco artículos y tres disposiciones transitorias; plantea una reducción de plazos para la elección de las autoridades judiciales y fue propuesta para “destrabar” el proceso.
Éste es el tercer intento de proceso de preselección de postulantes. El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de forma temporal el trámite debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ese recurso.
Antes, el 12 de abril, el proceso quedó suspendido tras un primer amparo constitucional presentado por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Aquel pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.
Aún sin fecha, las elecciones judiciales deberán definir el nombramiento de 23 jueces y tres consejeros, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.
