En el marco de un diagnóstico anual, Amnistía Internacional (AI) advierte que en Bolivia hay falta de independencia y otros problemas estructurales en la justicia. Además, cuestionó las represiones violentas por parte de organismos del Estado.
Estas y otras situaciones fueron objeto de evaluación en el Informe Anual. Sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2022, que fue publicado por AI.
Entre sus consideraciones, AI señaló que las víctimas de los crímenes cometidos por los Gobiernos militares entre 1964 y 1982. Además de la crisis de 2019 siguen “esperando justicia, verdad y reparación”.
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Asimismo, el documento señala que los defensores de los derechos humanos en el país han sido “sometidos a actuaciones judiciales por criticar al Gobierno”.
El informe se hizo público en momentos que una delegación de la CIDH llegó a Bolivia. El objetivo es hacer un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos.
Para ese objetivo, los comisionados de la entidad internacional realizan visitas y sostienen reuniones. Con organizaciones civiles, políticos y grupos sociales, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.
Amnistía Internacional
Mientras se desarrolla esa actividad, AI alertó sobre la injerencia de las autoridades en el sistema judicial, por lo que cuestionan la falta de independencia.
Además, el informe señala que esto deriva en “problemas estructurales” en el sistema judicial y su respectiva administración.
En ese marco, el informe de la AI menciona la visita que hizo, en 2022, el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán.
Tras su visita, el funcionario extranjero “concluyó que las autoridades continuaban interfiriendo en la independencia del poder judicial y que el acceso a justicia seguía siendo difícil”, agrega otra parte del informe.
Independencia
Al respecto, AI también se refirió a casos referidos al gobierno transitorio, como el de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quienes “siguen afrontando cargos como terrorismo, sedición y conspiración”.
Llevan “más de 21 meses detenidas (esas personas) en espera de juicio”. En su criterio, ese es un indicador de “problemas estructurales en la administración de justicia”.
Áñez está encarcelada desde marzo de 2021 por procesos abiertos en función a la crisis política de 2019.
Mientras la defensa de la expresidenta afirma que fue un gobierno legalmente constituido, el Gobierno asegura que fue un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.
Justicia
Por ese motivo, se le abrió varios procesos, como el caso Golpe de Estado I y II; en este segundo proceso, ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en 2022, mientras que en el primero aún está con detención preventiva.
Asimismo, Amnistía Internacional se refirió al conflicto entre cocaleros opositores y afines al gobierno. Durante esos hechos, la Policía reprimió a los manifestantes.
Además, al menos, ocho dirigentes fueron procesados y ahora guardan detención preventiva, tras la toma violenta del mercado paralelo de Adepcoca, en Villa El Carmen, en La Paz.
Represiones violentas
Así, AI cuestionó que “agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente” a cocaleros “que protestaban” durante las movilizaciones.
La entidad internacional, en su informe, también da cuenta de que en Bolivia “se asesinó a defensores y defensoras de los derechos humanos a consecuencia de su trabajo”.
Cuestiona, además, que el Estado no “protegió” a las defensoras medioambientales” que sufrieron “al menos 200 agresiones y amenazas”.
“Pese al compromiso de Bolivia de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestación ilegal, durante el año se quemaron más de un millón de hectáreas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agrícola”, señala el informe.